Con 81 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió archivar el proyecto reformatorio a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
La decisión se fundamentó en que la propuesta, no guarda coherencia con las disposiciones de la Constitución de la República.
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Además, resulta innecesaria al pretender incorporar normas que no responden a la realidad de los procesos de designación de autoridades, y busca regular situaciones que ya están previstas en el ordenamiento jurídico vigente.
La propuesta
Los proyectos de ley, presentados por los asambleístas Franklin Samaniego y Pierina Correa, en el 2024, proponían, entre otros aspectos, normar el proceso de designación de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En este contexto, la legisladora ponente del informe, Diana Jácome, explicó que la reforma comprendía tres ejes principales: la selección de los miembros del CNE, la destitución de los consejeros del CPCCS, y la elaboración de un reglamento para la designación de autoridades. Estos planteamientos, señaló, contravienen la Constitución y el pronunciamiento del Procurador General del Estado.
El informe también destacó el criterio de la Procuraduría, según el cual el desarrollo de los procesos electorales no impide la selección de los miembros del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral.
Asimismo, la propuesta contemplaba la destitución automática de los consejeros por no designar, en un plazo de 90 días, a una autoridad, lo que vulnera el debido proceso.
De igual manera, planteaba que el CPCCS elabore un reglamento e instructivo para regular el funcionamiento de todas las comisiones de selección y de las veedurías ciudadanas, sin tomar en cuenta las realidades específicas.
