Ante la declaración del presidente Guillermo Lasso de que su Gobierno analiza la posibilidad de levantar la prohibición del porte de armas de fuego para civiles, expertos advierten que no es acertado. Pero si el Ejecutivo se decide, el tema debería pasar por la Asamblea Nacional.
El 28 de abril de 2011, el expresidente Rafael Correa emitió el Decreto Ejecutivo 749 que mantiene la prohibición del porte de armas de uso civil a nivel nacional. Derogar ese Decreto y levantar esa prohibición “es un tema que lo estamos pensando”, reveló Lasso la noche del 12 de octubre en una entrevista con el periodista Carlos Vera.
Allí declaró que el tema surgió en una reunión del 11 de octubre con gremios. “El representante del gremio de los camaroneros me lo planteó y lo estamos pensando. Y probablemente es un camino para defender, darle derecho a que, sobre todo una familia de un agricultor, de un camaronero, se pueda defender”, explicó el Mandatario.
Sobre si el permiso de porte de armas será solo para personas de sectores agrícolas productivos o para ciudadanos comunes, Lasso dio a entender que eso aún no está definido. “¿Quiere que sea sincero? Está en proceso de análisis y no tengo definiciones”, concluyó.
Porte de armas como proyecto de ley
La constitucionalista Ximena Ron recuerda que en Ecuador existe la tenencia de armas autorizada, pero el porte de armas no y está tipificado como delito en el Código Orgánico Integral penal (COIP).
El artículo 360 del COIP diferencia la tenencia y el porte de armas. La tenencia consiste en el derecho a la propiedad legal de un arma que puede estar en determinado lugar, dirección particular, domiciliaria o lugar de trabajo. Se requiere autorización de la autoridad competente del Estado. La persona que tenga armas de fuego sin autorización, será sancionada con prisión de seis meses a un año.
En cambio, el porte de armas consiste en llevar consigo o a su alcance un arma permanentemente dentro de una jurisdicción definida. También se requiere la autorización de la autoridad competente del Estado. Quien porte armas de fuego sin autorización, será sancionada con prisión de tres a cinco años.
Ron dice que Lasso puede modificar el Decreto 749, no hay ninguna restricción. Sin embargo, el problema radica en que el porte de armas es un delito. “Para poder permitir el porte de armas más que modificar el Decreto, se debería modificar la ley, es decir el COIP. Lo que implicaría que el debate tiene que suceder al interior del seno parlamentario. Una modificación constitucional no es necesaria”, explica.
En consecuencia, si el Jefe de Estado quiere levantar la prohibición, tendría que enviar un proyecto de ley al Legislativo. Este proceso conlleva realizar dos debates al interior de la Comisión legislativa correspondiente y luego dos debates en el Pleno de la Asamblea, podría durar aproximadamente un año, estima la constitucionalista.
No puede ser un proyecto con carácter de urgente porque esa categoría solo aplica para proyectos en materia económica. Así lo establece el artículo 140 de la Constitución ecuatoriana. El asunto también podría ser incluido en la consulta popular como reforma a la ley. Pero el riesgo es que la ciudadanía tome una decisión emocional, no racional, puntualiza Ron.
Por eso cree necesario que el tema cuente con un análisis profundo y técnico en la Asamblea. Además, “tiene que ser discutido y analizado por la sociedad porque también existe parte de la población que no está de acuerdo. El debate es indispensable”, señala la experta. El analista en Seguridad, Daniel Pontón, coincide en que se requiere de reformas a través de la Asamblea.
Por otro lado, Pontón opina que permitir el porte de armas a civiles “es una mala idea” porque abrirá las puertas a la importación de armas, incrementaría el stock y sería un error cuando hay fractura social y polarización de la sociedad.
Advierte que “aumentar el stock de armas, sea de forma legal o ilegal, de alguna manera estaría fomentando a la violencia porque en el caso de Ecuador el 75% de los homicidios son por armas de fuego. En Ecuador hay uso problemático del arma”.
Si el Gobierno aún no ha tomado una decisión es porque no está muy convencido, el asunto es neurálgico, dice sobre determinar a qué sectores dar el permiso, a cuáles no y por qué no a toda la sociedad. Ron tampoco está de acuerdo con el permitir el porte de armas porque la seguridad es responsabilidad del Estado.
Fuente: El Comercio
