Más voces respaldan la decisión del presidente Daniel Noboa, de promulgar la denominada “Ley Antipillos”, como se conoce a la Ley que intensifica el combate al lavado de activos.
El proyecto, enviado con el carácter de urgencia económica, fue archivado por la Asamblea Nacional luego de apenas el primer debate. En respuesta, Noboa ordenó que sea promulgada por el Registro Oficial.
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Para el reconocido constitucionalista Carlos Luis Sánchez Gaete, la acción presidencial fue necesaria y perfectamente válida. Y no solo porque reforzará los controles en el sistema financiero, sino porque se basa en conceptos jurídicos.
Constitución es superior
Sánchez recordó que el Parlamento, al archivar el proyecto, se basó en una opción de su ley orgánica. Sin embargo, la Constitución ordena que toda iniciativa pase por los 2 debates, y al ser la máxima normativa en la jerarquía, debió ser acatada.
A su criterio, los únicos preocupados por la nueva ley son los delincuentes, o las personas involucradas en manejo ilícitos.
Como punto positivo mencionó que la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), ante la sospecha de dinero sucio, podrá ordenar a los bancos su congelamiento. Y si bien esta opción ya existe en la ley penal, gracias a la “Ley Antipillos” será mucho más rápida.
Falta reglamentación
Para Sánchez, el verdadero alcance de este cuerpo legal se verá al expedirse la reglamentación.
El jurista reconoció que, efectivamente, podría existir un resquicio para utilizar la ley como arma de persecución política. Sin embargo, advirtió que mucho peor es no actuar contra el grave problema que significa el lavado de dinero sucio.
