Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, emitirá la próxima semana su fallo sobre el denominado “Caso Plaga”.
La causa está en manos de los jueces Manuel Cabrera, Javier de la Cadena y Hernán Barros.
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“Plaga” estableció la existencia de otra red de corrupción, que vendía fallos a cabecillas criminales, incluyendo el fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Pruebas contundentes
Como parte del proceso, la Fiscalía General presentó cuantiosa evidencia contra los 5 exjueces y un exsecretario judicial, principales implicados en el hecho.
Se trata de Efraín Montero, Patricio Calderón, Efraín Luzuriaga, Javier Guzmán, Carolina Sarama y Gary Palma. Todos ellos están acusados de delincuencia organizada.
Los otros 7 implicados están prófugos, por lo cual en sus casos se suspende la sustanciación hasta ser detenidos.
El “Caso Plaga” comenzó hace 2 años, y estableció manipulación e injerencia de la justicia, a favor de grupos delictivos.
El proceso fue una derivación de “Metástasis” y “Purga”.
Mínimo 7 años de prisión
El fiscal general encargado, Wilson Toainga, solicitó para los encausados una pena mínima de 7 años de cárcel, que podría aumentar por los agravantes de haber sido operadores judiciales en el momento del delito.
De acuerdo a Toainga, la red, bajo el liderazgo de Christian Romero, procesado y prófugo, el sentenciado Lenin Vimos y Jonathan Aguinda, procesado y prófugo, gestionaba la liberación de varias personas privadas de la libertad, a cambio de beneficios económicos.
Para ello recurría a habeas corpus, acciones de protección con medidas cautelares, medidas cautelares autónomas y la aplicación de otros recursos.
Pese a que trece personas fueron llamadas a juicio en Plaga, solo seis estuvieron presentes en el juzgamiento. A las restantes siete se les suspendió esa etapa porque se encontraban prófugas de la justicia y la delincuencia organizada es un delito que no puede ser juzgado en ausencia. Previamente, otros quince acusados fueron sentenciados a penas reducidas, ya que se acogieron al procedimiento abreviado, el cual define que la persona debe aceptar su responsabilidad en los hechos investigados.
