La entrega a Estados Unidos de Adolfo Macías Villamar, “Alias Fito”, el cabecilla de la peligrosa banda “Loc Choneros”, es solo cuestión de tiempo.
Así lo afirmó el reconocido penalista Julio César Cueva, en diálogo con “Punto de Orden”.
- LEER TAMBIÉN: Presidente Noboa anuncia la recaptura de “Alias Fito” en Manabí
- LEER TAMBIÉN: Indignación en el Gobierno por actuación judicial en el caso de “Alias Fito”
Cueva recordó que el propio presidente Daniel Noboa, a través de sus redes sociales, anticipó que se daría paso a la extradición.
Seguir el proceso
De acuerdo a las leyes internacionales, puntualizó el jurista, la justicia estadounidense debe pedir al gobierno ecuatoriano la entrega del peligroso antisocial, para que responda por cargos de narcotráfico, asesinatos y otras actividades criminales.
Y si bien Macías Villamar tiene una larga condena pendiente en Ecuador, todo apunta a que el gobierno accedería a la extradición.
Una vez que el pedido llegue a la Cancillería, será remitido a la Corte Nacional de Justicia, quien convocará a una audiencia para decidir si acepta o no. Incluso de no hacerlo, es potestad del Ejecutivo entregar al preso a otro país, si considera que es un riesgo excesivo para la seguridad interna.
Hasta entonces, Cueva exhortó a las autoridades a mantener un estricto cerco en la celda de “Alias Fito”, para evitar que establezca contactos con el exterior, e intente una nueva fuga.
Menores infractores
En otro ámbito, el jurista analizó los alcances de las nuevas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, y que buscan mejorar el combate al crimen organizado.
Uno de los puntos destacados de las normativas, es el tratamiento que recibirán los menores responsables de delitos contra la vida.
Cueva recordó que, lamentablemente, los chicos son considerados “desechables” en las bandas delictivas. Si mueren o son capturados, los cabecillas simplemente buscan a otros, que abundan en el país debido a las graves condiciones sociales y económicas.
De ahí que las nuevas leyes deben apuntar a que las penas, al ser dictadas, se conviertan en una garantía para los presos. Una forma de desincentivar los delitos y mejorar la justicia.
A su criterio, no se necesitan más años de prisión para los hampones, sino la certeza de que los cumplirán.
