En la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, la coordinadora general de Asesoría Jurídica del Registro Civil planteó interrogantes sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional (CC) respecto a la modificación del criterio de edad para la solicitud de rectificación de la identidad de género por parte de adolescentes.
Este lunes 16 de marzo de 2026, arrancó con el proceso de fiscalización a la resolución del organismo constitucional tras señalar que existe conmoción social e interés ciudadano y recibió a la representante del Registro Civil y a expertos para debatir la sentencia.
En la mesa parlamentaria, María José Rentería, coordinadora general de Asesoría Jurídica de esta institución, observó que los efectos del fallo de la Corte Constitucional resultan inquietantes en cuanto a la atribución que se delega al Registro Civil.
La delegada del Registro Civil manifestó una serie de preocupaciones
Para el cumplimiento de esta sentencia y planteó las siguientes interrogantes:
“¿Qué pasa si hay desacuerdo entre los representantes del adolescente que aplica a la solicitud?
¿Qué pasa si no hay representantes legales y hay menores en calidad de huérfanos?
¿Qué pasa si no hay consentimiento por parte de los representantes?
¿Cómo evitar abusos frente a estos casos?
¿Quién puede emitir las certificaciones psicosociales para la rectificación del género?
¿Qué debe contener el informe?
¿Puede ser del sector privado o público?“
fueron algunas de las dudas que mencionó existen al momento.
“El Registro Civil opera bajo el principio de legalidad; sin embargo, este tipo de sentencias genera una tendencia preocupante, pues coloca a la institución en una encrucijada imposible: si no se actúa, se incumple la sentencia de la Corte; y si se actúa sin ley, se viola el principio de legalidad y se usurpan funciones legislativas”, dijo María José Rentería.
