La organización política Revolución Ciudadana enfrenta un escenario complejo rumbo a las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana previstas para febrero de 2027. Una medida cautelar que suspende al movimiento por nueve meses limita sus actividades y podría impedirle participar en esos comicios.
La sanción la dictó el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, dentro de un proceso relacionado con una denuncia presentada por el fiscal subrogante Leonardo Alarcón en el denominado caso “Caja Chica”.
El plazo de tres días para presentar recursos terminó sin que el movimiento lograra revertir la decisión. Por ello, el Consejo Nacional Electoral registró oficialmente la ejecución de la sanción el 11 de marzo.
La suspensión impide que el movimiento cumpla varias funciones previstas en el Código de la Democracia. Entre ellas, la más importante en este momento: seleccionar y nominar candidatos.
El calendario electoral establece que el 29 de junio se definirá qué organizaciones podrán inscribir candidaturas. Luego, el 31 de agosto iniciará la recepción oficial de postulaciones para alcaldías, prefecturas y concejalías.
Si la suspensión se mantiene durante nueve meses, la lista 5 no alcanzará los plazos legales para registrar candidatos en esas elecciones.
Pese al escenario adverso, la presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, afirmó que la organización “estará en la papeleta”.
Una de las alternativas sería participar mediante alianzas con otras organizaciones políticas. Sin embargo, los militantes que busquen postularse por otra tienda política deberán renunciar al movimiento al menos 90 días antes del proceso de inscripción.
En otro proceso, el correísmo recibió una decisión favorable. La jueza Ivonne Coloma declaró la prescripción de dos de las cuatro denuncias por presuntas infracciones electorales graves contra el movimiento.
Según la resolución, el organismo electoral presentó las denuncias fuera del plazo legal establecido.
Mientras tanto, el equipo jurídico del movimiento prepara nuevos recursos legales para intentar revertir la suspensión y evitar que la sanción afecte su participación en las elecciones de 2027.
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