El sector minero se ha vuelto uno de los más importantes para la economía ecuatoriana. Sin embargo, requiere de apoyo para generar todavía más recursos y empleos.
Para María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Minería, el principal problema de los mineros es la inseguridad jurídica y social con que trabajan.
Silva agregó que no se oponen a los controles. Ni siquiera piden condiciones especiales ni privilegios. Simplemente quieren que las leyes se apliquen para todos.
Hay una gran inversión minera
De acuerdo a sus cifras, en Ecuador actualmente solo operan dos minas industriales, ambas en Zamora Chinchipe. Y pese a ser muy pequeñas, en relación a las decenas que existen en Colombia y Perú, desde el año 2019 han generado 5.000 millones de dólares.
De dicha cantidad, explicó, cerca de 3.000 millones corresponden solo al 2023, en que las ventas de minerales sobrepasaron incluso a las de banano.
Adicionalmente, en el 2022 la explotación de estas minas representó para el Estado 732 millones de dólares en beneficios.
Silva precisó que la minería es fuente de enorme movimiento económico. Se calcula que desde el 2018, han sido invertidos en el sector minero ecuatoriano 1.400 millones de dólares.
Lamentablemente, la lentitud con que se tramitan las licencias ambientales y los permisos, espanta a los inversionistas.
Solo con una palpable seguridad jurídica, será posible mantener y aumentar esa inversión, complementada con una adecuada seguridad social, a cargo de la Policía y las Fuerzas Armadas.
La directiva acotó que, en este aspecto, no se requiere pregunta alguna en la próxima consulta popular, ya que la actual Ley de Minería ya establece todas las condiciones necesarias de trabajo.
