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Sentencia de la CC sobre pagos indebidos en CNEL es irreversible, aclara ministra del Trabajo

Imagen de Por: Fernando Castilla Fassio

Por: Fernando Castilla Fassio

Ultima actualización: 2025-02-19 11:29:53

No hay vueltas que darle. Los trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), que fueron incluidos en el contrato colectivo de los obreros, deberán devolver los beneficios que recibieron en estos 3 años.

Así lo precisó la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, en diálogo con “Punto de Orden”.

Los únicos recursos que podrían interponer los empleados ante la Corte Constitucional (CC), organismo que dictó la sentencia, son los de ampliación y revisión.

Irregularidades

La ministra explicó que el fallo de la CC señala una serie de anomalías, establecidas en el citado contrato colectivo de CNEL, hace alrededor de 3 años.

La sentencia de la Corte Constitucional ordena a los trabajadores de CNEL, devolver los beneficios recibidos en el contrato colectivo.

El mismo fue originalmente firmado en favor de los obreros, pero gracias a una acción de protección, planteada por el dirigente sindical Richard Gómez ante un juez de Los Ríos, con el pretexto de “discriminación”, se consiguió ampliar los pagos a todos los empleados amparados en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).

Es decir, más de 1.700 servidores, a un costo cercano a los 80 millones de dólares.

La ministra Núñez advirtió que su cartera de Estado, en aquel entonces, no fue incluida ni en las negociaciones del contrato colectivo ni en la firma, pese a que la ley así lo exigía. Solo cuando ella asume el cargo investiga la situación, y participa del proceso.

Corte Constitucional vigilará cumplimiento

El fallo de la CC establece que dichos pagos indebidos deben ser devueltos, en un plazo máximo de 3 años, de acuerdo a cada caso. Asimismo, CNEL debe remitir cada 3 meses un reporte de los cobros realizados.

Ivonne Núñez, ministra del Trabajo.

La situación no queda ahí. De acuerdo a la sentencia, agregó Núñez, la Contraloría realizará una investigación al contrato colectivo, y a la ampliación de los beneficiarios. Dicha auditoría determinará posibles responsables civiles, administrativos y penales.

Finalmente, este caso quedará como precedente, para evitar que a futuro se repita en otra institución pública.

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