La Asamblea Nacional cometió una grave irregularidad, pues aprobó continuar con el juicio político al presidente Guillermo Lasso, pero sin tener el respectivo informe de la Comisión de Fiscalización.
Así se pronunció el constitucionalista Gonzalo Muñoz, entrevistado por los micrófonos de “Punto de Orden”.
El jurista recordó que la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 92, exige que, para la interpelación de un presidente, es imprescindible el informe motivado de la comisión. Y ese documento no existe, pues no fue aprobado en la Comisión.
Al no haber informe, dijo, se deja al jefe de Estado sin su legítimo derecho a la defensa.
En su opinión, es inaceptable que ahora pretendan “socializar” otro informe, que debió ser tratado antes de la votación, y no después.
Para el jurista, la acusación de peculado carece de toda prueba, pues nunca se estableció la existencia de un nuevo contrato entre Flopec y Amazonas Tankers. También quedó aclarado que Johnny Estupiñán, entonces gerente de la empresa pública, no fue destituido por denunciar irregularidades, sino por no presentar informes financieros, y no acudir a las sesiones de directorio, como era su obligación.
Muñoz advirtió que, si la Asamblea insiste en violentar el dictamen de la Corte Constitucional, que estableció parámetros precisos para la interpelación, correría peligro de recibir sanciones. Empezando por un llamado de atención, para que actúe conforme a derecho.
Sin embargo, y en vista que los tiempos son cortos, considera poco probable una intervención en este sentido.
Para el constitucionalista, el Parlamento no reunirá los votos necesarios para censurar y destituir a Lasso, quien todavía tiene el recurso de la “muerte cruzada”.
A su criterio, existen los causales necesarios para ello, si bien la decisión final está en manos del propio mandatario.
