El País .- Carlos Pineda es el tercer presidenciable excluido de un proceso electoral marcado por la judicialización y señalamientos de fraude   La posibilidad de ganar la presidencia de Guatemala se esfumó en menos de un mes para Carlos Pineda, que lideraba las encuestas desde principios de mayo. El 23% en la intención de voto que le infundió fortaleza para verse ya en la segunda vuelta, también se convirtió en su mayor vulnerabilidad, porque le pusieron en el foco de acciones legales para despojarle de la candidatura.   Pineda, un empresario de provincia que escaló en las encuestas gracias a su campaña en TikTok, es el tercer presidenciable que denuncia el bloqueo institucional para participar en las elecciones del próximo 25 de junio y la anulación de su candidatura eleva las voces que denuncian fraude ante la aplicación de criterios arbitrarios para excluir a candidatos incómodos para el sistema. “La elección adquiere el carácter de elecciones restringidas donde la autoridad electoral se convierte en el primer y gran elector del proceso, restringiendo el voto ciudadano a la oferta preseleccionada”. proclamó recientemente la organización Mirador Electoral.   Entre los candidatos caídos que llaman “fraude” al proceso electoral están el hijo del expresidente Álvaro Arzú, Roberto Arzu García-Granados y la lideresa indígena Thelma Cabrera. Los tres han sido excluidos de forma legal, pero en circunstancias que muchos opositores consideran arbitrarias y en un contexto de “cooptación institucional”, según Arzú, mientras Cabrera y Pineda fueron más allá al hablar de síntomas de una “dictadura”.   Cuando queda menos de un mes para las votaciones, la Corte de Constitucionalidad despejó la situación de dos de los tres binomios presidenciales con capacidad para disputar los primeros lugares en la elección. A Pineda se le excluye por errores en las asambleas del partido que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) había dejado pasar y que no suponían obstáculo, hasta que los puso en evidencia el partido de Manuel Baldizón, el exdiputado que cumplió una condena en Estados Unidos y regresó en 2022 para retomar su influencia política.   La queja de Baldizón llegó el 7 de mayo, cinco días después de que Pineda acaparó los titulares por su liderazgo en las encuestas. Pineda iba a diputar la presidencia con el partido Cambio, que crearon los hijos del Baldizón, aunque tras una fractura en la relaciones en enero pasado buscó un espacio en el partido Prosperidad Ciudadana. Se trata de una agrupación que dirige Lilian García, una diputada afín a la presidenciable del partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, que se posiciona en el segundo lugar de algunas encuestas. El partido que eligió Pineda estaba al borde de la cancelación pero lo revivieron a costa de errores que podrían rayar en ilícitos.   En el fallo que deja fuera a Pineda, la sala constitucional pide que se inicie una investigación para saber si hubo algún ilícito en los errores que dejó pasar la autoridad electoral y los exhorta a exigir a los partidos que cumplan con los requisitos, para evitar que en el futuro la corte tenga que intervenir en la “reconducción electoral”.   Eliminar contendientes La lideresa indígena Thelma Cabrera y el exprocurador de los Derechos Humanos Jordan Rodas han quedado fuera de la contienda electoral porque el tribunal electoral invalidó la solvencia de administración de fondos públicos que Rodas presentó para su postulación. La función pública de Rodas no se había cuestionado hasta días después de que el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) lo proclamara como candidato a vicepresidente.   Con una propuesta de conformación del estado plurinacional y de nacionalización de los recursos públicos, Cabrera quedó en el cuarto puesto en las presidenciales de 2019. En el quinto quedó Roberto Arzú García-Granados, que se presentaba como una opción “disruptiva, de rechazo a la corrupción” y que pretendía retomar el legado de su padre, el expresidente Álvaro Arzú Irigoyen del conservador partido Unionista.   El empresario y expresidente de un club de fútbol de 53 años asegura que lo sacaron de la contienda por sus posibilidades de quedar en los primeros lugares de las votaciones y porque continuó con su apuesta política pese a las amenazas de ser encarcelado, como lo han denunciado otros candidatos.   Arzú-García Granados, del partido Podemos, ha descrito el actual proceso electoral como el “fraude electoral moderno” que se gesta a partir de la “cooptación institucional” que excluye y favorece a ciertos candidatos.   Conforme avanzan los meses, ha quedado en evidencia el acomodo de piezas en el escenario electoral, a partir de la exclusión de varios binomios y la aplicación de criterios diferenciados, dependiendo de quien se trate, lo que constituye uno de los elementos de un fraude sistémico, explica el politólogo Mack.   Varios actores políticos tienen la percepción sobre el bloqueo de candidatos que no cuentan con la venia de la alianza partidaria que buscaría favorecer a Zury Ríos Sosa, la hija del exdictador Efraín Ríos Montt, y a Manuel Conde, el candidato del partido Vamos, la fuerza que llevó a Alejandro Giammattei a la presidencia. Esa es la lectura al observar los movimientos, explica el politólogo Luis Mack, pero no hay más pruebas de que la eliminación de los candidatos responda a un plan ni de quiénes lo orquestan.   La candidatura de Arzú García-Granados quedó sin validez por una acción del partido FCN-Nación que postula al expresidente Jimmy Morales como candidato a diputado. Durante su gestión, Morales suspendió el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su partido forma parte de la alianza política mayoritaria que se gestó durante la actual legislatura junto con el partido de gobierno.   El Tribunal Supremo Electoral considera que Arzú-García Granados no es idóneo para optar a la presidencia, por la rebeldía que demostró al no atender varias amonestaciones por hacer campaña de forma anticipada. El criterio de la sala constitucional es que el tribunal tiene la facultad y supremacía para examinar si el candidato cumple o no los criterios de capacidad, idoneidad y honradez que establece la Constitución.   El candidato de Podemos no fue