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Ecuador: julio 26, 2024

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Ecuador, julio 26, 2024
Ecuador Continental: 19:02
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Trump recurre ante el Tribunal Supremo su exclusión de las primarias de Colorado

El País .- El expresidente sostiene que el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 “no fue una insurrección” Donald Trump es el asunto estrella del año en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Aunque ya hay varios casos que le afectan de forma directa o indirecta, el recurso presentado este miércoles por el expresidente definirá el futuro electoral de Estados Unidos. Trump ha recurrido ante los jueces su exclusión de las papeletas electorales en las primarias de Colorado, una decisión tomada también en Maine y que podría ser replicada por otros estados. Hay más de una treintena en los que su participación está impugnada. Los magistrados tendrán que decidir si debe dejarse a Trump al margen de las elecciones por haber participado en una insurrección, en referencia a sus intentos de alterar el resultado electoral de las elecciones de 2020, que perdió frente a Joe Biden, y que desembocaron en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. En su recurso, Trump sostiene que aquello no fue una insurrección. La presentación del recurso se daba por segura. El expresidente y ahora candidato tenía de plazo hasta este jueves 4 de enero para acudir al Supremo, que cuenta con una supermayoría conservadora de seis de los nueve jueces, tres de ellos nombrados por el propio Trump durante su presidencia. El recurso se suma a otro presentado por el Partido Republicano de Colorado la semana pasada. Llega además al día siguiente de otro presentado por Trump ante el Tribunal Superior de Maine contra su exclusión en las primarias de dicho estado. En ambos Estados las primarias se celebran el próximo 5 de marzo, el conocido como Supermartes, la fecha en que se eligen más de un tercio de los delegados que designarán al candidato presidencial republicano. El Tribunal Supremo de Colorado decidió por cuatro votos a tres que a Trump se le debía aplicar la sección tercera de la 14ª enmienda, declarándole inelegible para el cargo de presidente por haber participado en una insurrección. Por tanto, decidieron que su nombre no debería figurar en las papeletas de las elecciones primarias de cara a las presidenciales del 5 de noviembre de 2024. El recurso de 43 páginas elevado al Supremo comparte los argumentos del presentado ante el Tribunal Superior de Maine. Los recursos ante el Alto Tribunal se formulan como preguntas y en este caso la cuestión es directa: “¿Se equivocó el Tribunal Supremo de Colorado al ordenar excluir al presidente Trump de las presidenciales de 2024?”. “En nuestro sistema de ‘gobierno del pueblo, por el pueblo, [y] para el pueblo’, el fallo de Colorado no es ni puede ser correcto. Este Tribunal debe admitir el recurso para considerar esta cuestión de suma importancia, revocar sumariamente la sentencia del Tribunal Supremo de Colorado y devolver a los votantes el derecho a votar por el candidato de su elección”, dice el escrito. “La cuestión de la elegibilidad para servir como presidente de los Estados Unidos está debidamente reservada al Congreso, no a los tribunales estatales, para considerar y decidir. Al considerar la cuestión de la elegibilidad del presidente Trump y excluirlo de la votación, el Tribunal Supremo de Colorado se arrogó la autoridad del Congreso”, argumentan los abogados. Una “protesta política” El recurso dice que el tribunal de Colorado se equivocó en cómo describió el papel del presidente Trump en los acontecimientos del 6 de enero de 2021. “No fue una ‘insurrección’ y el presidente Trump de ninguna manera ‘participó’ en una ‘insurrección”, señala la introducción del escrito. Más adelante, en el cuerpo del recurso, los abogados de Trump insisten en que “los sucesos del 6 de enero de 2021 no fueron una ‘insurrección’ en el sentido en que se utiliza ese término en la sección tercera [de la 14ª Enmienda]”. “Insurrección’, tal como se entendía en el momento de la aprobación de la 14ª Enmienda, significaba tomar las armas y hacer la guerra a los Estados Unidos. Cuando se considera en el contexto de la época, esto tiene sentido. Estados Unidos había sufrido una horrible guerra civil en la que murieron más de 600.000 combatientes, y la propia supervivencia de la nación estaba en entredicho”, continúa el recurso. Es una enmienda aprobada en 1868, tres años después del final de la Guerra Civil, que pretendía impedir que los rebeldes confederados ocupasen posiciones de poder. El asalto al Capitolio, en cambio, según los argumentos de la defensa de Trump, no es propio de una insurrección, sino que se engarza en la “larga historia de protestas políticas que se han vuelto violentas” en Estados Unidos. “En el contexto de la historia de las violentas protestas políticas estadounidenses, el 6 de enero no fue una insurrección y, por tanto, no había justificación para invocar la sección tercera”, dice el recurso. El escrito sostiene que, en todo caso, incluso si se consideraran aquellos actos una insurrección, el entonces presidente no habría participado en ella: “El presidente Trump nunca dijo a sus seguidores que entraran en el Capitolio, ni en su discurso en la Elipse [desde donde partieron los asaltantes tras el mitin] ni en ninguna de sus declaraciones o comunicaciones antes o durante los actos en el Capitolio”, señalan, pese a la retórica incendiaria de Trump de aquel día. El texto de la norma Además, los abogados se detienen en el análisis del texto legal para concluir que no es aplicable al caso actual. La sección tercera de la 14ª enmienda señala: “No podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, ni desempeñará cargo civil o militar alguno bajo la autoridad de Estados Unidos o de cualquier Estado, quien, habiendo jurado previamente apoyar la Constitución de Estados Unidos como miembro del Congreso, como funcionario de Estados Unidos o como miembro de la Asamblea Legislativa de cualquier Estado o como funcionario ejecutivo o judicial del mismo haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra Estados Unidos o haya prestado ayuda o facilidades a los enemigos del país”. Añade que ese veto podrá ser levantado por el Congreso

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La jueza del caso de Trump en Washington rechaza la recusación que pedía el expresidente

El País .- La jueza Tanya Chutkan seguirá llevando el caso por el que se procesa a Donald Trump en Washington por sus intentos de alterar el resultado electoral en las elecciones presidenciales de 2020. En una resolución dictada este miércoles, Chutkan rechaza la recusación planteada por los abogados del expresidente, que la acusaban de tener un sesgo contra el acusado. La jueza asegura que Trump no ha demostrado que sea “imposible“ que lleve el caso con imparcialidad. Los abogados de Trump alegaban que estaba contaminada por declaraciones que hizo en distintas vistas relacionadas con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. En una, Chutkan dijo a un acusado condenado a más de cinco años de prisión que había señalado “muy acertadamente” que la “gente que lo exhortó” y alentó a “salir a la acción y a luchar” no había sido acusada. Chutkan añadió que ella “no tomaba decisiones sobre a quién acusar” y no “tenía influencia sobre eso”. “Tengo opiniones, pero no son pertinentes”, añadió. Según los abogados de Trump, esas declaraciones mosraban prejuicios contra el expresidente. La jueza indica en su resolución de 20 páginas que el Tribunal Supremo ha sentado una doctrina muy exigente para las recusaciones y abstenciones en la que exige que la imparcialidad sea imposible para tener que apartarse de un caso. “Las declaraciones ciertamente no manifiestan un prejuicio profundamente arraigado que haría imposible un juicio justo —el estándar para la recusación basada en declaraciones con origen intrajudicial”, indica. “Para empezar, cabe señalar que el tribunal nunca ha tomado la posición que la defensa le atribuye: que el ‘expresidente Trump debe ser procesado y encarcelado’. Y la defensa no cita ningún caso en el que el tribunal haya pronunciado esas palabras o algo similar. En cambio, la defensa interpreta la reiteración verbal del tribunal de los argumentos de Palmer y Priola [dos de los sentenciados por ella] sobre su culpabilidad relativa como ‘sugiriendo’ una ‘opinión central’ secreta sobre la criminalidad del acusado”, añade. La jueza explica el contexto de esas declaraciones. “Ambos acusados solicitaron una condena menor alegando que su culpabilidad por el asalto del 6 de enero era menor que la de otras personas a las que consideraban instigadoras del atentado, por lo que sería injusto que recibieran una condena completa mientras esas otras personas no eran procesadas. El tribunal estaba legalmente obligado no solo a considerar en privado esos argumentos, sino también a valorarlos públicamente”, afirma. El fiscal especial Jack Smith se había opuesto a la recusación de la jueza, nombrada para el cargo por el expresidente Barack Obama, señalando que los comentarios en que se basaba la petición de los abogados de Trump estaban sacados de contexto para tratar de mostrar un falso sesgo contra el expresidente. Chutkan fijó en agosto como fecha para el inicio del juicio el 4 de marzo de 2024, víspera del Supermartes, el día clave en las elecciones primarias para las presidenciales del ese año. Si se cumple el calendario, sería el primer juicio penal que se celebra contra Trump. La jueza impuso a Trump algunos límites a sus declaraciones a mediados de agosto, pero que no han servido para que el expresidente se contenga. Sigue haciendo declaraciones incendiarias y lanzando mensajes en Truth, su red social, sobre los casos en que está imputado, incluido el de Washington. Los fiscales consideran que se ha embarcado en una campaña de desinformación y acoso contra fiscales, testigos y posibles jurados y pidieron hace dos semanas “una restricción estrecha y bien definida” que prohibiría a Trump hacer declaraciones “sobre la identidad, el testimonio o la credibilidad de posibles testigos”. También solicitaron impedirle hacer “declaraciones sobre cualquier parte, testigo, abogado, personal del tribunal o posibles miembros del jurado que sean despectivas e incendiarias, o intimidatorias”. Los abogados de Trump se oponen a que dicte esa medida, amparándose en su libertad de expresión. La jueza aún no se ha pronunciado. En su pliego de cargos, el fiscal acusa a Trump de cuatro delitos: conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles. Trump sostiene que le robaron las elecciones, pero el fiscal no le acusa por ese gran bulo sin fundamento, sino por los actos que emprendió para alterar él el resultado e impedir la proclamación de la victoria de Joe Biden.

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Preso PO1135809: Trump, fichado en Georgia por sus intentos de alterar los resultados electorales

El País .- La ficha policial le describe como un varón blanco, rubio, de 97,5 kilos de peso y 192 centímetros de altura.   La prisión del condado de Fulton, en Georgia, ha hecho historia este jueves. En esta cárcel, cuyas condiciones para los presos son tan peligrosas que se encuentra bajo una investigación oficial, ha comparecido el expresidente de Estados Unidos Donald Trump para quedar fichado como imputado por, entre otras cosas, liderar una asociación de tipo mafioso para alterar los resultados de las elecciones de 2020 en ese Estado. Es la primera vez que se toma una fotografía policial a un presidente de Estados Unidos en activo o retirado. Una fotografía que ya quedará para siempre.   La ficha policial le adjudica el “número de preso PO1135809″ y le describe como un varón blanco, de 97,5 kilos de peso y 192 centímetros de alto, de cabello rubio y ojos azules. Y detalla los cargos, desde la violación de la ley estatal contra la delincuencia organizada a las presiones sobre funcionarios públicos para que faltaran a sus obligaciones, pasando por la conspiración para falsificar documentos.   Como el animal mediático que es, Trump había calculado perfectamente los tiempos de su comparecencia para que le tomaran las huellas digitales y la fotografía. La fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, le había otorgado al imputarle 10 días para hacerlo, pero él escogió este jueves, el día después de que el resto de candidatos presidenciales republicanos acapararan los focos con su primer debate televisado antes de las primarias. Y la franja horaria en la que se trasladó a la prisión, en torno a las 19.30 (1.30 en la España peninsular), es la de mayor audiencia televisiva. La expectativa de verle entrar en prisión y sus imágenes descendiendo del avión privado que le trajo desde su club de golf en Bedminster (Nueva Jersey) desplazaron casi por completo a sus rivales en la atención de los medios, hasta conseguir que menos de 24 horas después del debate apenas se hablara ya de ellos y la conversación se centrara de nuevo en él.   En el camino a la prisión, Trump recibió un trato presidencial: como en sus comparecencias previas como imputado en tres casos distintos, fue recibido por una comitiva a pie de avión y se trasladó a Fulton en una caravana de vehículos del servicio secreto. En la prisión fue un sospechoso más. Tuvo que pasar por todos los procedimientos rutinarios para quedar fichado y depositar los 200.000 dólares de fianza acordados entre sus abogados y la Fiscalía para quedar en libertad a la espera de juicio. Sus condiciones de fianza también incluyen estrictos límites para impedir posibles amenazas a testigos o implicados en el caso.   Trump había utilizado las horas previas a su arresto para arremeter, como suele, contra la fiscal Willis, a la que acusó de ser una “izquierdista radical” y fomentar un aumento de la delincuencia en Atlanta. Después de 23 minutos en el interior de la prisión, y ya de regreso en el aeropuerto para coger el avión de vuelta, volvió a repetir las acusaciones que profiere tras cada comparecencia judicial: “esto es una injerencia electoral”, “es un triste día para Estados Unidos”, “no hemos hecho nada malo”. Trump vuelve a tuitear Trump aprovechó, incluso, para regresar a Twitter —ahora, X—, dos años y medio después de que la red social le suspendiera la cuenta después del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, perpetrado por simpatizantes del republicano después de meses de escuchar de boca de Trump y sus asesores que el verdadero ganador de las elecciones había sido él. Aunque Elon Musk le devolvió la cuenta tras adquirir la compañía, el expresidente había preferido continuar sus comunicaciones a través de su propia red social, Truth. Para su regreso, envió un mensaje con su foto policial y los lemas “Interferencia electoral” y“¡Rendición Nunca!”, además de un enlace a una página para recibir donaciones para su campaña electoral. Mientras se aguardaba al expresidente en Fulton, la fiscal Fani Willis había propuesto el 23 de octubre para comenzar el juicio contra otro de los 19 acusados en el caso, el abogado Kenneth Chesebro, que pidió un proceso rápido. El juez Scott McAfee, encargado del caso, ha dado su visto bueno. Esa fecha no se aplicará necesariamente a Trump y el resto de sospechosos. Al presentar el pliego de cargos la semana pasada, Willis declaró que quería un juicio rápido para los 19 imputados. No está claro que lo vaya a conseguir. Tres de ellos —entre los que se cuenta Mark Meadows, jefe de gabinete de la Casa Blanca cuando Trump era presidente— pretenden que su caso se traslade a un tribunal federal. Y el exmandatario no desea un proceso rápido; de hecho, su estrategia se basa en retrasar lo más posible los casos, para exprimir el considerable beneficio electoral que le está reportando el presentarse como víctima, y a la espera de las presidenciales del año próximo. Si venciera en las elecciones se le abriría la puerta para un autoindulto en sus casos federales. Para el antiguo inquilino de la Casa Blanca y aspirante a regresar a ella, las comparecencias judiciales se han convertido casi en algo rutinario. La presentada por la fiscal Willis, que le acusa de 13 cargos —asociación para delinquir, presión sobre testigos y conspiración para falsificar documentos, entre otros—, es ya su cuarta imputación. Pero sí era la primera vez que tenía que presentarse en una cárcel: las tres veces previas acudió a los juzgados para declararse no culpable ante un juez que le leyó las acusaciones contra él. El sheriff del condado, Pat Labat, había declarado que el antiguo mandatario no recibiría ningún trato de favor y tendría que pasar por los mismos procedimientos que cualquier otro sospechoso. En un giro que hubiera sorprendido en cualquier otro caso, pero no en Trump, el expresidente relevó solo horas antes de su comparecencia al abogado que había dirigido su defensa en este caso, Drew Findling. Su sustituto es Steven Sadow, un letrado de Atlanta que

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