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El peso argentino se desploma en los mercados cambiarios paralelos

EL PAÍS .- Las empresas que quieren acceder a dólares deben pagar entre 411 y 423 pesos por cada moneda estadounidense, un nuevo récord   El Gobierno argentino sostiene como puede la cotización oficial del peso argentino, pero su valor en los mercados paralelos, no regulados, se desploma. A finales de la semana pasada se rompió la barrera de 400 pesos por un dólar y este martes se aceleró el ritmo de caída para equipararse a la inflación, del 104,3% interanual. Los argentinos que quieren ahorrar en dólares recurren a casas de cambio extraoficiales, donde pagaron 418 pesos por cada moneda estadounidense, 18 pesos más que el viernes pasado. Las empresas cuentan a su disposición instrumentos financieros como el “dólar MEP” o el “contado con liqui”. En el primer caso, por cada dólar tuvieron que depositar 411 pesos; en el segundo, 423 pesos.   La depreciaciónn ha dejado casi sin valor los billetes que circulan de mano en mano en Argentina. El de mayor denominación, de mil pesos, equivale a cuatro dólares en el mercado oficial y a poco más de dos en el extraoficial. Para las empresas, cuadrar los presupuestos y planificar a medio y largo plazo se vuelve un rompecabezas imposible y desalienta inversiones productivas.   Con el nuevo salto, la brecha entre las cotizaciones ha vuelto a aumentar. En el mercado controlado por el Gobierno, el paso hacia adelante ha sido minúsculo: de 222,5 a 223 pesos por dólar. En el “blue” (al que recurren los argentinos de a pie) y en los financieros la depreciación del peso ha sido casi del 5% en el mismo lapso.   La caída del peso es la contracara de la inflación desbocada que registra Argentina, mientras crece la desconfianza en que el Gobierno de Alberto Fernández pueda frenarla en la recta final de su mandato. Según las últimas cifras oficiales, los precios aumentaron un 7,7% entre febrero y marzo, el peor dato intermensual desde la crisis del corralito de 2001-2002.   La escalada de precios es tan rápida que ha dejado atrás incluso el ritmo de devaluación controlada que realiza el Gobierno, por lo que la mayoría de economistas daban por descontada una corrección el tipo de cambio paralelo esta semana. “La inflación de marzo por arriba de lo esperado, más emisión monetaria por el déficit, más dólar agro, más atraso cambiario, todo apunta a un dólar con alas hacia arriba en abril”, anticipó el analista Damián di Pace nada más conocerse el IPC de marzo. “Cada vez que salió un dato de inflación alto, el blue reaccionó acomodándose”, coincide la economista Elisabet Bacigalupo, de la consultora Abeceb. “Por ahora no estamos en una crisis cambiaria. No digo que no vaya a suceder”, tuiteó el periodista y economista Pablo Wende.   Bacigalupo considera que el ministro de Economía, Sergio Massa, diseñó un plan económico destinado a “aguantar hasta las elecciones” presidenciales de octubre y evitar que salte todo por los aires antes. Los numerosos controles cambiarios y las devaluaciones encubiertas por sectores —como el ‘dólar agro’ o el ‘dólar tech’— forman parte de una amplia batería de medidas que han chocado con un obstáculo inesperado: la peor sequía de los últimos 60 años.   El campo argentino, la principal fuente de ingreso de divisas, estima que la mala cosecha de esta campaña supondrá pérdidas de hasta 20.000 millones de dólares. Es un duro golpe para los productores pero también para el Estado, que aplica importantes impuestos a las exportaciones agroindustriales. La disminución de ingresos deteriora aún más las cuentas fiscales e impide la acumulación de reservas y la reducción del déficit pactadas con el Fondo Monetario Internacional a cambio de la reestructuración de una deuda de 44.000 millones de dólares. El freno del campo se reflejará también en el Producto Interior Bruto: después de dos años de crecimiento, este 2023 las previsiones son de una contracción.   Ante ese escenario adverso y a la espera de que el Banco Central decida un nuevo aumento de tasas de interés, los argentinos se vuelcan al dólar. Recurren a la moneda estadounidense para ahorrar pero también como termómetro de la salud de la economía. Ver el dólar por arriba de los 400 pesos despierta en algunos el fantasma de la hiperinflación.   La cesta de la compra, que se ha encarecido casi un 30% en el primer trimestre, es otra mala señal: a principios de año, con mil pesos se podía comprar un kilo de carne. Hoy a duras penas alcanza para dos docenas de huevos o un kilo de tomates.   El deterioro económico agrava la incertidumbre electoral y polariza aún más al país a cuatro meses de las elecciones primarias y a seis de las presidenciales. A través de las redes sociales, detractores del Gobierno peronista exigen la renuncia de Massa mientras que sus defensores advierten que en caso de ganar la oposición la pobreza aumentará y la situación empeorará aún más. La campaña electoral girará alrededor de cómo estabilizar la economía  

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Jimmy Jairala, aspirante de Centro Democrático-Socialismo: Tren elevado puede financiarse con alianzas público-privadas o con una concesión a 30 años

El candidato a la Alcaldía de Guayaquil por la lista 1 plantea la creación de un Consejo Cantonal de Seguridad para definir acciones urgentes en ese tema.   Cuatro problemas identifica Jimmy Jairala Vallaza, aspirante a la Alcaldía de Guayaquil por la alianza Centro Democrático-Partido Socialista (listas 1-17), en la ciudad: inseguridad, falta de reactivación económica, movilidad y drogas. Y, con base en ese diagnóstico, fruto de encuestas con brigadas juveniles y recorridos puerta a puerta, Jairala elaboró su plan de trabajo.   ¿Por qué se animó? Estuve dedicado tres años al proyecto Un café con J. J. (…) Introdujimos el concepto de noticiario de radio para televisión. Con las cámaras de mi productora usted puede ver el espacio por YouTube y en Facebook en Vivo, y así en las redes empezamos a tener seguidores. Me gustó, y se me desvaneció de la mente la idea de hacer política. De hecho, en la campaña en que el partido decidió apoyar a Andrés Arauz (correísmo) yo no participé en ninguna actividad. El 5 de mayo pasado se dio la convención del partido y me pidieron que aceptara la candidatura. Yo dije: “Voy a escuchar si el ciudadano quiere”. Y eso me llevó a hacer un proceso de encuesta ciudadana que terminó en el plan de gobierno municipal. ¿Cómo fue esa consulta? Era un grupo de diez jóvenes que llegaba a los barrios antes que yo en las mañanas; hacían un barrido y encuestaban, consultando cuáles eran las necesidades de la gente. Yo iba en las tardes; evaluábamos, y en todos los barrios encontramos las coincidencias de que los problemas más grandes eran la inseguridad, la necesidad de reactivación económica, la movilidad y las drogas.   Con base en los problemas que halló en esas encuestas, ¿cuáles son sus propuestas para resolverlos? Empecemos por seguridad…   En Guayaquil no funciona el Consejo Cantonal de Seguridad; lo han confundido con la Corporación de Seguridad Ciudadana, que es una fundación. En el Consejo, según la ley, están representantes del Gobierno, delegados de ministros, la academia, los colegios profesionales, dirigentes de barrios… Es una gran asamblea donde se toman decisiones; no se concentra en la doméstica decisión de los que son parte de la Corporación. Este Consejo tiene que tomar decisiones importantes dentro de sus competencias, como recuperar los espacios públicos que están en manos de microtraficantes y consumidores. ¿Cómo se recuperan? Con arte, con bailoterapia, con la participación de la comunidad, con una Policía Comunitaria cercana a los vecinos: mandémosla a trabajar con los barrios, a cuidar los parques, los accesos a las escuelas… Y analicemos la posibilidad de que puedan usar armas no letales, pero en el combate a la inseguridad, no a los comerciantes informales (…). También hay que seguir con la colaboración a la Policía, pero de manera eficiente, no como es ahora.   ¿Qué propone en reactivación económica? Hay varias formas de reactivar la economía. En Guayaquil hay por lo menos 200.000 negocios que no tienen permisos de uso de suelo, porque no se ha cambiado una ordenanza caduca que le impide al Municipio darlos, por ejemplo, a una tienda de abarrotes que se ha levantado en el garaje de una casa. Si ya es una realidad y son personas que tienen 20 años así, es necesario regularizarlos sin cobrarles. Esto va a permitir que tengan acceso a líneas de crédito, de BanEcuador o las que consiga el Municipio con fondos no reembolsables.   Reactivar la economía significa que, si se van a hacer obras en los barrios, la gente de ellos pueda participar como mano de obra. Y, definitivamente, la mejor fórmula de reactivación es devolverle la seguridad a Guayaquil. (…) La economía también se reactiva con la movilidad, y por eso planteamos construir un tren aéreo eléctrico, que es silencioso, amigable con el ambiente, rápido…   Ese es el tercer tema… Sí, y es parte de la reactivación económica. ¿Por qué? Pues porque en la primera fase hay 19 estaciones, y en cada una van a funcionar pequeños centros comerciales que reactivarán la economía del barrio y donde habrá la posibilidad de incluir a emprendedores.   ¿Cómo funcionaría este tren? La estación central en la primera fase sería en Monte Sinaí, porque es un sector donde no hay transporte público. La idea es empezar en sectores deprimidos. Luego están las estaciones Valle Hermoso, Prosperina, Casuarina, Entrada de la 8 y la Florida. Las paradas estarán a 1,5 o 1,8 km de distancia. En la primera fase son seis. En la segunda fase, Prosperina, Espol, Universidad del Pacífico, Jardines del Salado y Puente Portete. Y la tercera, Santa Teresita, Muisne, Santa Martha, Trinitaria 2, Trinipuerto, Trinitaria 1, Integración Sur y La Pradera. Esto no es todo, es una parte (…). Pero, mas allá de que en enero lo presentemos completo, no quiere decir que vamos a imponer las rutas. (…) Ahora, hay otro trazado que conectaría la estación de la Universidad del Pacífico con el nuevo aeropuerto pasando por la vía a la costa, que es lo que estamos preparando.   ¿Cómo se podría financiar? Se puede financiar de varias formas: como una alianza público-privada o concesionado el servicio a 30 años; no puede ser menos, para que sea económicamente rentable para el inversionista.   ¿Qué pasará con la Metrovía? Estamos apuntando a que en algunas estaciones del tren elevado se pueda conectar con la Metrovía; pero otra Metrovía, no lo que tenemos ahora, sino con vehículos climatizados, como tiene que ser (…). El ciudadano que se baja en la estación de la Universidad del Pacífico o Prosperina, en los mismos alimentadores del tren, llega a la estación más cercana de la Metrovía y puede continuar a otros puntos de la ciudad. Esto se llama transporte integral. Si hay que revisar las condiciones de los acuerdos con los transportistas, hay que hacerlo.     ¿Y qué ha pensado para la Aerovía, que no está funcionando? La Aerovía es una caja de Pandora, porque no se sabe qué nos vamos a encontrar.

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CNE ha hallado 14.045 ‘evidencias’ de campaña electoral anticipada en todo el país, según reporte de delegaciones provinciales

La campaña electoral de los comicios seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del 2023 se inicia oficialmente el 3 de enero. Desde la convocatoria a elecciones, el pasado 21 de agosto, hasta este 20 de diciembre, se han detectado 14.045 “evidencias” (artículos promocionales) de campaña electoral anticipada, según el monitoreo que han realizado las delegaciones provinciales electorales del país. En un informe del Consejo Nacional Electoral (CNE), se calcula que estas evidencias están valoradas en 1′335.565,29.   La campaña electoral de los comicios seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) del 2023 se inicia oficialmente el 3 de enero y termina el 2 de febrero.   Durante ese mes, los candidatos y sus agrupaciones políticas están autorizados a hacer proselitismo político con fondos privados, y a pautar en los medios de comunicación con recursos estatales. Las elecciones están previstas para el 5 de febrero del 2023.   En el reporte del CNE no se señala qué aspirante o partidos están incumpliendo la norma. Lo que sí se desglosa son las provincias en las que más se han hallado estas “evidencias”.   En Manabí se han hallado 3.557, que equivalen $ 86.791,77; le siguen Guayas, con 2.990, que equivalen a $ 302.530,12; El Oro, con 2.240, valoradas en $ 127,351,33; Santa Elena, con 1.308, valoradas en $ 64.015,50; y Chimborazo, con 865, que equivalen a $ 7.385,80. El Código de la Democracia señala que estos gastos se imputarán del límite establecido.   Hasta el momento no se conoce la listade definitiva de candidatos para las 5.660 dignidades: alcaldes, prefectos, concejales urbanos y rurales, y miembros de juntas parroquiales rurales, y vocales del CPCCS. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) anunció el pasado 23 de diciembre que ya había terminado de revisar las impugnaciones y exhortó al CNE a proseguir con las fases correspondientes. Fuente: El Universo

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