Primicias .- La Corte de Pichincha aceptó la apelación de Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura. Ahora, el Gobierno tiene 15 días para consignar. La Corte de Pichincha aceptó la apelación de Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura. Ahora, el Gobierno tiene 15 días para consignar. A inicios de abril de 2023, dos meses después de su posesión como titular de la Judicatura, Wilman Terán acudió a la justicia constitucional para, a través de una acción de protección, pedir más dinero para la Función Judicial. El 21 de abril de 2023, la juez Cecilia Pareja dio a conocer su sentencia. La magistrada declaró que el derecho a la justicia se vulneró parcialmente, pero no dio paso al pago reclamado por Terán, que era de USD 265 millones. Además, Pareja ordenó que el presupuesto de la Función Judicial sea reestructurado urgentemente. Para eso, dispuso la instalación de mesas técnicas entre la Judicatura, Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación. Sin embargo, esa resolución no fue suficiente y el caso continuó en los tribunales. Terán planteó una apelación ante la Corte Provincial de Pichincha. La noche del 7 de septiembre de 2023, se conoció que el Tribunal de este organismo falló, parcialmente, a favor del presidente de la Judicatura. La sentencia incluye los siguientes puntos: El Gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, tiene 15 días para consignar a favor de la Judicatura el déficit del gasto corriente y de inversión de 2023. El Consejo de la Judicatura deberá presentar informes técnicos sobre su presupuesto para 2024, al Gobierno. De manera que sus aspiraciones sean consideradas en la asignación final. La Defensoría del Pueblo está a cargo del seguimiento al cumplimiento de esta sentencia. La acción de la Judicatura Wilman Terán, a través de la acción de protección, esperaba conseguir que el Gobierno pague USD 265,7 millones como medida de reparación a favor de unas 9.396 víctimas por la falta de recursos para la justicia. Terán interpuso la acción de protección en contra de Guillermo Lasso, presidente de la República, y Pablo Arosemena, ministro de Economía. Terán se presentó, como ciudadano, en representación de las víctimas. En la lista había funcionarios judiciales, exservidores y usuarios del sistema de justicia. Según Terán, esas víctimas han sido objeto de cuatro violaciones a sus derechos por la falta de asignación de recursos: Derecho a la defensa, acceso a la justicia, a un sistema judicial independente y seguridad jurídica de los usuarios del sistema de justicia. Derecho al trabajo digno de los abogados en libre ejercicio y de los servidores judiciales. Derecho a la seguridad jurídica de los trabajadores de la Función Judicial. Derecho al trabajo de los servidores judiciales destituidos.