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Ecuador: junio 4, 2026

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Ecuador, junio 04, 2026

Ecuador protege 25.000 nuevas hectáreas de páramo andino

Primicias .- El Gobierno de Ecuador anunció este 23 de septiembre que incorporó unas 25.000 hectáreas de páramos andinos cercanos a Cuenca a una lista de más de 70 zonas ambientales protegidas por el Estado. El Ministerio del Ambiente informó en un comunicado que el área protegida incorporada, la número 77 en el ámbito nacional, corresponde al llamado Refugio de Vida Silvestre Machángara-Tomebamba, que cuenta con una superficie de 24.958 hectáreas. Con esa declaración, las autoridades pretenden aportar a la “conectividad de ecosistemas altoandinos y a la protección de especies endémicas”. El ministro de Ambiente, José Antonio Dávalos, declaró oficialmente constituida dicha área protegida y sostuvo que “este es el primer paso en un largo trayecto por recorrer”. “A partir de hoy debemos unir fuerzas entre Gobierno, comunidad y sociedad civil para implementar medidas efectivas de conservación a favor de nuestro patrimonio natural”, agregó Dávalos. Según el ministro, “esta área protegida no solo beneficiará a las especies que la habitan, sino que mejorará nuestra calidad de vida pues al conservar los ecosistemas podemos acceder a servicios como el suministro de agua limpia, la regulación del clima y la protección contra desastres naturales”. De su lado, Christian Piedra, del Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara, señaló que la medida supone también un compromiso de la comunidad “para proteger la vida silvestre y los recursos de esta zona en beneficio del país”. “De esta manera honramos nuestro lema: Conservar para vivir”, añadió Piedra, al destacar que el Refugio de Vida Silvestre Machángara-Tomebamba es un ecosistema de páramo andino y un humedal que genera el 60 % del agua que nutre a la ciudad de Cuenca y que beneficia a unas 400.000 personas. Este sistema de fuentes hídricas facilitan, además, la generación hidroeléctrica a través de dos plantas ubicadas en la zona y proporcionan riego a extensas áreas de cultivos en Azuay, precisó el Ministerio. Así también, esta zona protegida proporciona servicios ambientales para el desarrollo local como la regulación hídrica, el almacenamiento de carbono y el sostenimiento de procesos ecológicos, entre otros. La zona declarada en protección del Estado, además de incluir páramos de diferentes tipos y bosques andinos considerados frágiles, alberga a 522 especies de flora y fauna. El Refugio de Vida Silvestre Máchángara-Tomebamba forma parte de la llamada “Zona de amortiguamiento del Área de Biósfera Macizo del Cajas”, una amplia región de la cordillera andina del sur de Ecuador, reconocida en 2013 por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Autoridades ambientales de Ecuador, en la creación del Refugio de Vida Silvestre Machángara Tomebamba. Ministerio de Ambiente  

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Operativos de control del SRI en agosto dejaron como resultado mercadería incautada por más $ 270.000

El Universo .- Los controles, según la entidad de recaudación tributaria, se realizó en doce ciudades del país, entre ellas, Ambato, Cuenca, Gualaceo y Guaranda. Botellas de licor, cigarrillos, celulares, aparatos electrónicos, prendas de vestir, calzado, entre otros artículos valorados en $ 273.409,37 es el resultado de las incautaciones provisionales realizadas durante agosto en doce ciudades del país, informó el Servicio de Rentas Internas (SRI). Según la entidad de recaudación tributaria, ese resultado es producto de los 29 controles de sustento documental de mercancías y de componentes físicos de seguridad en bebidas alcohólicas, cerveza industrial y cigarrillos que efectuaron los fedatarios fiscales en Ambato, Cuenca, Gualaceo, Guaranda, Guayaquil, La Maná, Loja, Machala, Manta, Portoviejo, Quito y Ventanas. El SRI señaló que de enero hasta agosto han ejecutado 204 controles de sustento documental de mercancías y de componentes físicos de seguridad y producto de ello han realizado incautaciones provisionales de bienes valoradas en $ 4′108.446. En agosto también los fedatarios fiscales realizaron 962 acciones disuasivas a establecimientos dedicados a actividades económicas como: centros estéticos, venta de equipos de comunicación y accesorios, prendas de vestir y calzado, venta de comida y bebidas, artículos de ferretería y otros productos. Este operativo se ejecutó en 17 provincias: Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo, Tungurahua y Zamora Chinchipe. Además, desarrollaron 212 controles a la emisión y entrega de comprobantes de venta físicos o electrónicos y como resultado detectaron que el 70 % de los establecimientos no cumplieron con esta regla y como sanción aplicaron la clausura. La entidad recuerda que es importante la documentación que justifique el traslado, tenencia o posesión de la mercadería transportada, almacenada y en exhibición para su comercialización. Además, que se debe contar los sustentos documentales de los insumos o bienes terminados que se usan dentro del proceso de fabricación y/o comercialización, así como con los componentes físicos de seguridad para el caso de bebidas alcohólicas, cerveza industrial y cigarrillos.  

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El aeropuerto de Cuenca implementará unidades de antinarcóticos y migración con miras a su internacionalización

El Universo .- El ministro Juan Zapata manifestó que el compromiso del Gobierno es que Cuenca cuente con todos los servicios de un aeropuerto internacional. Autoridades nacionales y locales firmaron en Cuenca un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de apoyar la internacionalización del aeropuerto Mariscal La Mar, a través de los acuerdos específicos que se suscriban para la operación de los servicios de control de antinarcóticos y de migración en la terminal aérea. El convenio fue firmado el jueves por el ministro del Interior, Juan Zapata; el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora; y el director ejecutivo de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca (Corpac), José Luis Aguilar. Además, el presente convenio tiene el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana, orden público y control de Cuenca por medio de acuerdos que refuercen la institucionalidad de la Policía Nacional, con énfasis en las unidades de Aeropolicial y control de antinarcóticos, a través del centro de adiestramiento canino de la institución policial. Cuenca cuente con todos los servicios de un aeropuerto internacional. En tal sentido, dijo que era necesario la operación de antinarcóticos, la presencia de canes y la oficina de migración, además del trabajo de los policías y los servidores técnico-operativos. “Cuenca se transforma en un destino turístico, y debemos seguir con la reactivación y su fortalecimiento”, señaló. Asimismo, comentó que en un trabajo articulado entre Alcaldía, Prefectura, Ministerio del Interior y Policía Nacional se llevará adelante en la ciudad el programa Plaza Segura, un espacio de esparcimiento y cultura en los sitios del centro histórico. “Debemos tomarnos los espacios públicos y perder el miedo, porque unidos somos más fuertes”, refirió.   Zapata y Zamora firmaron también un convenio para el registro, revisión y emisión del certificado de uso de puestos en la vía pública/espacio público cantonal (certificado de permiso de uso de suelo para eventos), a través de la implementación y uso de una herramienta tecnológica interinstitucional para mejorar la atención y el servicio al ciudadano.   El ministro también se reunió con el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, y el director general del Servicio Integrado de Seguridad ECU911, Bolívar Tello, y suscribieron el convenio de cooperación interinstitucional para la implementación del proyecto Portales de Seguridad en la provincia del Azuay. En tanto, para el fortalecimiento de la seguridad, la Prefectura, mediante un acuerdo de cooperación entregará 30 motocicletas. Con esto se prevé reforzar el patrullaje y así combatir a la delincuencia.

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El fuego ha consumido 1.600 hectáreas de vegetación en Azuay este año

Primicias .- Oña y Cuenca son los cantones más afectados por los incendios forestales en Azuay. La mayoría de los incendios son provocados por negligencia.   Azuay es una de las provincias más afectadas por los incendios forestales que han mantenido en alerta a los cuerpos de bomberos de la provincia.   Entre enero y agosto de 2023, el fuego ha consumido 1.625 hectáreas de vegetación en toda la provincia. El cantón más afectado es Oña, con 612 hectáreas quemadas, la mayoría en un incendio que ocurrió a finales de agosto de 2023.   Ese incendio ocurrió en el sector Yunguillapamba y quemó más de 500 hectáreas de vegetación. Los bomberos trabajaron por dos días para sofocar el fuego.   Cuenca es otro de los cantones afectados por las quemas forestales. El primer fin de semana de septiembre, los bomberos acudieron a 14 incendios, que ocurren principalmente en las parroquias rurales. En la capital azuaya se han destruido 120 hectáreas de terreno en todo el año, informó el Cuerpo de Bomberos.   La Secretaría Nacional de Riesgos y el ECU 911 promueven una campaña para evitar los incendios forestales. Las instituciones solicitan a las personas que denuncien en la línea 911 a quienes inician quemas en los bosques.

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44 guías penitenciarios y policías retenidos en la cárcel de Turi fueron liberados

El Universo .- La situación está volviendo a la normalidad, según la gobernadora del Azuay. Cuenca Al mediodía de este viernes, 1 de septiembre, se confirmó la liberación de 44 guías penitenciarios y policías que desde el martes estaban retenidos por los presos de la cárcel de Turi.   Se los está valorando médica y psicológicamente, refirió la gobernadora del Azuay, Consuelo Orellana.   Minutos antes de ingresar a una reunión en el edificio del ECU911, la funcionaria ratificó que ya están libres 10 policías y 34 agentes, de los cuales 30 son hombres y 4 mujeres.   Ellos están aparentemente bien de salud, pero se los está valorando para garantizar que así sea, añadió.   En cuanto a las dos explosiones registradas ayer en la avenida Ordóñez Lasso y Totoracocha, refirió que se está investigando y todo está a cargo de la Policía Nacional.   No pudo referir si los dos actos tenían relación o si están vinculados con la crisis carcelaria.

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Millonaria glosa en centro de revisión vehicular de Cuenca

La Contraloría General del Estado confirmó seis glosas, que suman 4,6 millones de dólares, en la implementación y operación de los centros de revisión y control vehicular de Cuenca. Un examen especial al contrato de inversión privada y prestación de servicios, suscrito por la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca (EMOV), detectó graves irregularidades entre los años 2016 y 2021. La investigación estableció que altos funcionarios de la empresa, no supervisaron que el inversionista privado cumpla a cabalidad sus obligaciones, ni sancionaron la inobservancia de los términos de la contratación. Las multas no impuestas derivaron en 2 responsabilidades civiles, cada una por 973.500 dólares. En ambos casos, porque el contratista no implementó lo ofrecido en el contrato. Adicionalmente, no se efectuaron reinversiones, según las condiciones previstas, para el mejoramiento de los centros de revisión, actualización de equipos y sistemas informáticos. El operador también debía entregar pólizas de seguros por cada reinversión, que garanticen el cumplimiento de este compromiso, lo cual no sucedió. Y aunque se impusieron multas, en febrero del 2020 la entonces gerente general de la EMOV, sin contar con informes técnicos y jurídicos, aceptó el Recurso Extraordinario de Revisión presentado por el contratista, y dejó sin efecto las penalidades. Las personas naturales y jurídicas responsabilizadas, tienen el derecho de interponer un recurso de revisión en sede administrativa, ante la Contraloría General o en los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

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Aprueban boletas de captura para sentenciados por femicidio que fueron excarcelados recientemente

EL UNIVERSO .- Uno de ellos es implicado en el asesinato de Cristina Palacio, hecho ocurrido en 2017 en Cuenca. “Después de la solicitud que realizamos, revocaron la medida que liberó a dos femicidas. Las boletas de capturas ya fueron aprobadas”, anunció en Twitter hace pocos minutos el presidente de la República, Guillermo Lasso.   Se refirió así a la excarcelación de Carlos F., quien fue sentenciado a 34 años por la muerte de Cristina Palacio en 2017, y Luis C., quien cumplía una condena similar, también por el delito de femicidio.   Palacio, entonces de 29 años, desapareció la tarde del 28 de marzo de 2017 tras salir de su trabajo. Siete días después su cadáver fue encontrado en el embalse del río Cuenca. Carlos F. se entregó a la Policía atribuyéndose el hecho.   Luego de la excarcelación de Carlos F., quien salió en libertad ayer jueves, 2 de marzo, según el gobernador de Cañar Wilfrido Rivera, el primer mandatario cuestionó la decisión de la jueza y dispuso acciones para revertir ese fallo.   El hombre cumplía la condena en el Centro de Rehabilitación Social de Azogues, pero apareció en una lista de beneficiarios de medidas cautelares que se solicitaron en un juzgado de Montecristi, Manabí. “Me entero de que una jueza de Montecristi ha dejado libre a dos femicidas. Quiero que sepan que he dispuesto una inmediata acción para denunciar a la jueza, pedir la revocatoria de la medida y que estos dos personajes regresen a la cárcel”, escribió Lasso en su cuenta en Twitter.   El Ejecutivo se reunió ayer con familiares de víctimas de femicidio en el país.   A la cita asistieron la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Paola Flores; el ministro de Inclusión Económica y Social (MIES), Esteban Bernal, entre otras autoridades.   Antes de conocer la noticia de aprobación de las boletas de captura anunciada por el presidente de la República, la madre de Cristina Palacio consideró que la resolución de la jueza de lo Civil de Montecristi presenta varias incongruencias, por lo que la decisión debe ser revocada por las autoridades.   Sonia Salamea, mamá de Palacio y presidenta de la fundación Red de Familias de Víctimas de Femicidio, se mostró indignada por la resolución legal ya que presenta elementos que se contradicen entre sí, según dijo.   Uno de los argumentos para que Carlos F. haya recibido medidas cautelares al cumplir seis de los 34 años de su sentencia fue que padece una “incapacidad mental”, pero esto se contradice con otro aspecto, y es que durante su estadía en la cárcel de Azogues, capital de la provincia del Cañar, el sentenciado estuvo estudiando Derecho en una universidad a distancia, expuso la mujer.   Otro aspecto que Salamea cuestionó en una entrevista con radio Tomebamba es que la resolución la diera una autoridad de Manabí, cuando la jurisdicción legal del suceso es en Azuay.   “Ahora se reirán de las familias, se reirán de todos y como el padre de este asesino lo dijo (un exdiputado socialcristiano por Azuay), dijo: “Yo tengo poder político”, con esas palabras estamos viendo que la política siempre es corrupta, que la política nos va a aplastar en lugar de apoyarnos”, refirió.   Con la evidente indignación dijo que aún confía en las autoridades y por eso pidió apoyo a la Defensoría del Pueblo, Consejo de la Judicatura, asambleístas, ministra de la Mujer y al mismo presidente de la República, para que reclamen para que se revoque la medida y vayan a una cárcel de máxima seguridad, mas no a la de Azogues a la que calificó como una “suite”.

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Detienen a tres policías mientras intentaban ingresar armas a la cárcel de Turi

Jefe policial de Azuay indicó que se les seguirán procesos penal y administrativo. Tres policías en servicio activo fueron detenidos mientras intentaban ingresar armas de fuego al interior del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Turi, ubicado en el sur de Cuenca. Los uniformados portaban un fusil y una pistola, pero fueron sorprendidos en el filtro de seguridad.   La detención de los gendarmes ocurrió la tarde de este miércoles, confirmó el jefe de la subzona Azuay, Hugo Arroyo, quien además detalló que sus subalternos de rango sargento segundo y cabo segundo portaban un fusil de calibre 223 y una pistola 9 milímetros.   La primera arma es considerada para un combate a corta distancia. Tras ser sorprendidos inicialmente por las cámaras de seguridad y luego por sus propios colegas fueron llevados al Complejo Judicial del Azuay para ser procesados legalmente.   Además explicó que ellos prestaban sus servicios en este centro penitenciario, en donde el pasado martes ocurrió una muerte violenta cuando dos internos golpearon fuertemente a otro que estaba a pocas horas de recuperar su libertad y por eso fue llevado al hospital, en donde murió a causa de un paro cardiorrespiratorio.   Arroyo señaló que sobre los policías se seguirán dos procedimientos para sancionarlos, por un lado el penal a cargo de la Fiscalía del Azuay y otro administrativo interno.   Operativo Además de esta detención, otro policía fue detenido durante un operativo coordinado por la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) con un estudio previo de seis meses, según explicó el jefe de la subzona Azuay, Hugo Arroyo.   De este caso no quiso dar detalles porque los allanamientos se cumplieron en varias provincias del Ecuador. Fuente: El Universo

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¿Cuáles serán los horarios de los bancos durante los fines de semana de Navidad y Fin de Año?

La llegada de festividades como Navidad y Fin de Año supone un cambio en los horarios de atención de bancos a nivel nacional. Según está establecido en la Ley de Feriados, el día de descanso obligatorio por Navidad se trasladará al lunes 26 de diciembre, mientras que el de Año Nuevo se moverá hasta el lunes 2 de enero.   Varios de los principales bancos del país han comunicado los horarios de atención que manejarán durante los fines de semana de las festividades y los días de descanso obligatorio previstos para los lunes. El Banco Pichincha brindará atención en ventanillas hasta las cinco de la tarde durante el 19 y 23 de diciembre, en agencias seleccionadas que están listadas en su sitio web. El 24 y 26 de diciembre se atenderá hasta las dos de la tarde y el rango volverá a extenderse hasta las cinco entre el 27 y 30 de diciembre. Por otro lado, el Banco Bolivariano compartió una publicación en Instagram en la que se aprecian los horarios que manejarán sus oficinas, locales en centros comerciales y autobancos. Hasta el 23 de diciembre, sus oficinas se abrirán de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. El 24 y 30 también se regirán a esos plazos y el 26 y 31 de diciembre, así como el 2 de enero, no habrá servicio. El Banco de Guayaquil y el Banco del Pacífico no han compartido aún los horarios que manejarán durante fines de semana y días de feriado, pero ambas entidades suelen atender de nueve de la mañana a dos de la tarde los sábados. Fuente: Vistazo

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Hospital de Cuenca demandado por intercambio de dos bebés

Los bebés fueron entregados a las madres equivocadas en 1999, en el Hospital Vicente Corral Moscoso, de Cuenca. Una familia espera la reparación integral por los daños causados. Nacieron con tan solo 20 minutos de diferencia, la madrugada del 23 de febrero de 1999, en el hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca. Pero por negligencia del personal que tenía turno ese día, los bebés Cristian y Paúl fueron entregados a las familias equivocadas. Los jóvenes conocieron a sus madres biológicas recién 22 años después. El breve encuentro entre Cristian, Paúl y sus madres biológicas ocurrió el 22 de junio de 2021 y, desde entonces, ambos jóvenes intentan recuperar la normalidad en sus vidas. No es fácil enterarse a los 22 años de edad que son parte de un hogar por un error hospitalario.   El dolor de un hijo Sara, a quien Paul llamó toda su vida madre, viven en Pasaje, provincia de El Oro. “Nuestra relación no ha cambiado a pesar de esta noticia. Siempre ha habido mucho afecto y seguimos así”, dice Paúl, en una entrevista telefónica con PRIMICIAS. Paúl casi no tiene contacto con Magdalena, su madre biológica, quien vive en Cuenca. “Desde hace cuatro meses no he hablado con la señora. Quizá a ella no le interesa”, agrega. A Paúl le cuesta hablar de esto. Preferiría que esa verdad nunca hubiera salido a la luz. Su madre de crianza, Sara, dice a PRIMICIAS que está muy golpeado. “La situación de él es dura, pues tampoco hay una buena relación entre ellos”, detalla Sara. Ella tampoco se ve mucho con Cristian, su hijo biológico, y aunque tiene poco contacto con él, considera que tiene tres hijos: dos a los que crió y Cristian. “Con él tengo una relación buena, por así decirlo. A veces conversamos”, relata Sara.   Cómo se descubrió el caso Magdalena descubrió la verdad en 2015, cuando su exesposo impugnó la paternidad en medio de un juicio de alimentos. Las pruebas de ADN ordenadas como parte del proceso revelaron que Paúl no era hijo biológico de ninguno de los dos. Al conocer los resultados, Magdalena inició una acción legal contra el hospital Vicente Corral Moscoso para localizar a su hijo biológico. La búsqueda estuvo a cargo de la Policía y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased). La Policía revisó los registros del día del nacimiento y descubrió que en el Vicente Corral Moscoso hubo 12 partos en esa fecha. Las unidades de inteligencia ubicaron a las familias y les practicaron pruebas de ADN hasta encontrar a Paul, el hijo biológico de Magdalena. La ropita del bebé En el otro lado de esta historia, un día de 2020 que prefiere no recordar, Sara recibió una llamada en la que le dijeron que Paúl no era su hijo. Sara se asustó y pensó que intentaban estafarla e incluso cambió el número de teléfono. Se negaba a creer lo que los investigadores le decían. Pero al recordar el parto, un detalle le dio pistas de que eso que tanto la espantaba podía ser era verdad. La madrugada del 23 de febrero de 1999, cuando la enfermera llevó al bebé, su esposo se percató de que no tenía puesta la misma ropita que ellos llevaron en la pañalera. El padre incluso le reclamó a la enfermera que ese no era su hijo. La enfermera le respondió, agresiva, “¿Qué quiere, un hijo suco (rubio), de ojos verdes?”, según la declaración de Sara ante la Fiscalía. Hace 23 años, ella pensó que su esposo decía algo descabellado “porque siempre había querido tener una hija mujer” y pensó que era su forma de negarlo. Ella nunca dudó de que el niño que tenía entre sus brazos era su hijo.   En busca de reparación En diciembre de 2021, Sara y su familia interpusieron una acción de protección ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la provincia de Azuay. El objetivo era que se declare la vulneración de tres derechos constitucionales: 44, 45 y 66, explica Diego Ordóñez, el abogado que lleva el caso. El artículo 44 se refiere al derecho al desarrollo integral, al proceso de crecimiento y maduración en su entorno familiar de los niños. Mientras que el artículo 45 habla del derecho a la integridad física, identidad, nombre y ciudadanía, a la educación y cultura; a la seguridad social, a tener una familia, disfrutarla y de tener una convivencia familiar. Y el artículo 66 garantiza el derecho a la identidad personal y colectiva.   La acción de protección busca una reparación integral por el daño material e inmaterial, que se aplica cuando hay vulneración de derechos. La defensa pidió como parte de la reparación integral que el Juzgado ordene disculpas públicas, la garantía de no repetición de los hechos para que otras familias no pasen por lo mismo, la atención psicológica y una reparación económica. La audiencia para resolver la acción de protección se desarrolló el 14 de octubre de 2022. La jueza la aceptó y declaró que el Hospital Regional Vicente Corral Moscoso violó los derechos constitucionales antes mencionados y ordenó las siguientes medidas de reparación: Atención psicológica para Paúl y su núcleo familiar. Capacitación del personal del área de maternidad del Hospital Vicente Corral Moscoso en el manejo y tratamiento de protocolos. Una capacitación sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia.   No habrá disculpas públicas Pero la jueza no dio paso a las disculpas públicas, porque considera que pueden ocasionar una vulneración para las víctimas y desconfianza ciudadana. También dispuso remitir el expediente al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, para que se proceda a la determinación de la reparación económica. Los demandados, es decir, el Hospital Regional y la Coordinación zonal 6 de Salud, interpusieron un recurso de apelación, que fue aceptado por la jueza. De manera que el caso está a la espera de una sentencia en segunda instancia. Las instituciones públicas alegan que no se ha podido demostrar

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