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Ecuador: julio 26, 2024

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Ecuador, julio 26, 2024
Ecuador Continental: 18:49
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Pabel Muñoz dice que no dará “ni cinco centavos” de importancia a Guarderas

Primicias .- El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, asegura que no incurrió en proselitismo político a favor de la excandidata presidencial del correísmo, Luisa González. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, aseguró el 24 de noviembre de 2023 que no dará “ni cinco centavos de importancia” al consejero de participación ciudadana, Juan Esteban Guarderas, quien lo denunció por supuesta infracción electoral. El burgomaestre se pronunció después de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptara a trámite la denuncia en su contra y le concediera un plazo de cinco días, a partir de su notificación, para que responda. “Yo en esto no voy a darle ni cinco centavos de importancia a quien quiere ganar protagonismo desde la denunciología (…). Ya mi abogado, nosotros, responderemos al órgano competente, al TCE”, declaró a la prensa. Muñoz negó haberse involucrado en la pasada campaña electoral presidencial a favor de su coidearia del correísmo, Luisa González. A pesar de que Guarderas lo cuestiona por unos videos en redes sociales y realizar anuncios de obras en la capital junto a la excandidata derrotada por Daniel Noboa. Además, calificó de “gravísimos” unos comentarios realizados en redes sociales por el exalcalde, Jorge Yunda, quien aseveró que el juez que aceptó a trámite la denuncia contra Muñoz, Ángel Torres, le habría exigido prebendas por un juicio. Según la providencia del juez, para el 27 de diciembre se prevé la audiencia oral para la presentación de pruebas de cargo y de descargo.

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TCE admite denuncia contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz

Primicias .- Para finales de diciembre de 2023 está previsto que se realice la audiencia de práctica de pruebas por la denuncia de Juan Esteban Guarderas contra Pabel Muñoz. El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres Machuca, admitió a trámite una denuncia presentada por Juan Esteban Guarderas, consejero de participación ciudadana, en contra del alcalde de Quito, Pabel Muñoz (RC), por supuesta infracción electoral. Torres Machuca emitió la providencia el 23 de noviembre de 2023, una vez que Guarderas completó y aclaró la denuncia presentada. Como parte de esta causa, el juez dispuso un peritaje a redes sociales del Municipio de Quito y de la Revolución Ciudadana, en las que se basa Guarderas para acusar a Muñoz de haberse involucrado indebidamente en la pasada campaña electoral. A su vez, el juez otorgó a Muñoz un plazo de cinco días para que conteste a la denuncia, una vez que sea citado por el organismo. Las partes deberán comparecer el 27 de noviembre de 2023, a las 10:00, para la práctica de la audiencia oral de prueba y alegatos, en la sede del TCE, según la providencia.

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La Revolución Ciudadana defiende el comportamiento de Glas; Marcela Aguiñaga lo rechaza

Ecuavisa .- En un comunicado de prensa, esa tienda política señala que se crean las condiciones para reiniciar una arremetida mediática y judicial para perjudicar al exvicepresidente. Marcela Aguiñaga, expresidenta de la Revolución Ciudadana, rechazó ese escrito. En el movimiento Revolución Ciudadana (RC5) se respalda al exvicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel, tras la denuncia por supuesta intimidación que fue presentada por su exasesora Soledad Padilla. Lo hizo mediante un comunicado de prensa. “Queremos manifestar nuestra total confianza en el comportamiento ético de Jorge, lo que ha sido demostrado durante su vida política y privada”.   Aclaró que el exsegundo mandatario presentó una denuncia por el intento de extorsión del que supuestamente fue objeto. Esto demostraría que hay una campaña en su contra y no tiene que ver con una supuesta defensa de derechos, sino con un interés de enriquecimiento personal.     El documento señala que la Revolución Ciudadana es defensora de los derechos de las mujeres y, cuando se encontraba en el poder, promovió políticas públicas de prevención y protección contra la violencia de género. “Pero no podríamos aceptar que se tergiversen dichos principios para falsear la verdad y, peor aún, pretender extorsionar a las personas”.   La tienda política advirtió que se están creando las condiciones para reiniciar una arremetida mediática y judicial para perjudicar a Glas, más cuando desde Fiscalía se inició una acusación en su contra. Rechazo de Marcela Aguiñaga   Después de publicado dicho comunicado, la prefecta del Guayas y expresidenta de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, rechazó ese documento con un solo comentario.   “Todo mal”, publicó, acompañado de un emoji de un pulgar hacia abajo.   Aguiñaga dejó la presidencia de la Revolución Ciudadana después de unos comentarios de la asambleísta electa del correísmo, Pierina Correa, quien dijo que una persona del movimiento debería ocupar solo una función a la vez, porque eso demanda el 100% del tiempo.   Al momento de emitir de esos comentarios, Aguiñaga era Prefecta del Guayas y presidenta de la Revolución Ciudadana. Este último puesto aún se encuentra vacante.    

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Denuncias por extorsión en negocios se disparan en Guayas y Pichincha

Primicias .- Entre enero y agosto de 2023, la Fiscalía recibió 3.887 denuncias por extorsión en Guayas, un aumento de 88% frente a las 2.066 denuncias de todo 2022. Lidia escuchó con asombro lo que sus vecinos en el sector de La Alborada, en el norte de Guayaquil (Guayas), comentaban: A un vecino dueño de una tienda, unos hombres le lanzaron una bomba a su casa, porque no había cedido a una extorsión. Según datos de la Fiscalía General del Estado, en el país se reportaron 19.523 denuncias por extorsiones a dueños de negocios entre 2022 y agosto de 2023. El 30,4% de los casos se reportó en Guayas. Solo entre enero y agosto de 2023, la Fiscalía recibió 3.887 denuncias por extorsiones de este tipo en Guayas. Se trata de un aumento de 88% frente a las 2.066 denuncias reportadas en los doce meses de 2022 por este delito. Esas 3.887 denuncias equivalen al 7,6% de las personas naturales y jurídicas que tienen un Registro Únicos de Contribuyente (RUC) en Guayas. Tras el atentado contra su vecino, Lidia sintió pena, pero sobre todo miedo de que le toque vivir algo parecido. Sin embargo, siguió atendiendo en su papelería, ubicada a pocas cuadras de donde ocurrió el atentado con una bomba. El “papelito” de las extorsión El modus operandi de la mayoría de extorsionadores es entregar un papel de amenaza en los locales, demandando una cuota diaria, semanal o mensual, según el tipo de local. Por ejemplo, en el centro sur de Guayaquil, a una comerciante que vendía frutas y legumbres le exigían USD 100 diarios. Tuvo que cerrar. Otros vecinos dueños de otros establecimientos en la Alborada, ya habían recibido el temido “papelito”, dice Lidia. En esta zona, los extorsionadores exigían USD 300 al mes. “¿Me tocará también?”, se preguntaba. Hacía ocho meses que ella y su esposo habían comenzado este emprendimiento. No querían que el esfuerzo se esfume. Un día llegó un hombre con dos niños. Fue todo tan raro, el tipo se quedó un buen rato en el local, miraba todo y comenzó a hacerme preguntas”, recuerda. Una de las preguntas le heló la sangre. El hombre intentó conocer a cuánto ascendían las ventas diarias de Lidia. “Ahí me di cuenta, era uno de estos pillos. En los otros locales también habían hecho eso, primero averiguan cuánto gana uno, para según eso pedir la plata”, explica. Por eso, ese mismo día habló con su esposo y decidieron cerrar la papelería, a finales de 2022. En 2023 abrieron un negocio más modesto, venden sándwiches en un pequeño puesto dentro de plaza comercial en la vía a Salitre. Pero hace unos días Lidia volvió a sentir incertidumbre. Un hombre armado llegó a comer a la plaza comercial. “Tener un negocio en Guayaquil es vivir con miedo, pero seguir luchado”, dice Lidia. Lourdes, que vende ropa en un local de la Bahía, en el centro de Guayaquil evita a toda costa hablar sobre los extorsionadores porque ella no quiere dejar esta actividad a la que se dedica hace 30 años. “Siempre ha habido delincuencia en la Bahía, pero nunca como ahora“, dice. En esta zona hay hombres que dejan papeles exigiendo dinero a los dueños de locales, reconoce, pero sobre todo, en las importadoras más grandes de esta zona. “Eso de las vacunas aquí ya hay hace tiempo, pero es muy peligroso para nosotros hablar o quejarnos, corre riesgo nuestra vida“, reconoce. Pichincha y El Oro también lideran la lista La ola de extorsiones también ha crecido en Pichincha y sobre todo en Quito, la capital del país. Aquí la Fiscalía recibió 1.431 denuncias por extorsiones a establecimientos comerciales durante todo 2022. Pero ahora ya van 1.900 denuncias solo entre enero y agosto de 2023. Carlos Castellanos, coordinador de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos de Quito (Cucomitae) dice que, de este gremio que agrupaba a 3.500 personas, alrededor de 600 comerciantes dejaron sus actividades por el aumento de la delincuencia en lo que va 2023. Los extorsionadores utilizan métodos de amedrentamiento como mostrar fotos de los hijos de los comerciantes junto con los papeles de amenazas, relata Castellanos. También atacan o impiden a los comerciantes autónomos ocupar sus espacios de venta, por lo que muchos temen por su vida si no ceden a la extorsión, añade. De ahí que las actividades en los mercados y plazas de Quito en donde laboran los comerciantes cesan cada vez más temprano. “A las 15:00 ya hay vendedores que se van a casa, porque la ciudad se ha vuelto más peligrosa”, dice Castellanos. En tercer lugar con más denuncias lo tiene El Oro, en el sur del país. En esta provincia costera, la Fiscalía recibió 1.187 denuncias por extorsiones a dueños de negocios entre enero y agosto de 2023. Se trata de un crecimiento de 68% frente a las 706 reportadas en todo 2022. Las 1.187 denuncias por extorsión equivalen al 15% del número de personas y negocios con un RUC en esta provincia. Es la tasa más alta del país

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Jorge Glas anuncia acciones legales por audios que “mancillan su honra”

Primicias .- El exvicepresidente interpuso una denuncia por extorsión en contra de una antigua asesora, que a su vez trabajó en la Prefectura de Pichincha. El exvicepresidente de la República, Jorge Glas, se involucra en un nuevo proceso legal. En esta ocasión, el antiguo funcionario del correísmo es autor de la denuncia. Y anuncia más acciones por audios que “mancillan su honra”. Glas denunció a una asesora personal suya, quien lo acompañó por 17 años. La acusada es Soledad Beatriz Padilla, quien también constaba en el rol de la Prefectura de Pichincha con el cargo de Director Técnico de Apoyo, desde el 5 de noviembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2022. La Prefectura confirmó que Padilla estaba en su nómina, pero aclaró que siempre se realizó la auditoria de trabajo. La denuncia de Glas fue recibida en la sede de la Fiscalía 4 de Guayaquil, el 18 de octubre. Glas desea que ella sea investigada y enjuiciada por intentarlo extorsionar. Este 21 de octubre, Glas emitió un comunicado en la red X (antes Twitter) para afirmar que, debido a esa denuncia, sufre como retaliación una campaña de difamación. Se refiere a audios que circularon por cadenas de WhatsApp y en redes sociales el 20 de octubre. Glas anunció acciones legales, aunque no identificó a los autores de dichos audios que, para el exmandatario, mancillan su honra y reputación. Una figura polémica Esta controversia aparece cuando su figura es cuestionada dentro del movimiento Revolución Ciudadana, que acaba de perder las elecciones presidenciales. Jorgle Glas es cercano al expresidente Rafael Correa. Tras ocupar cargos de Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos y Ministro de Telecomunicaciones, fue Vicepresidente dos veces. Ejerció la segunda magistratura con Rafael Correa, entre 2013 y 2014, y luego con Lenín Moreno, desde 2017 hasta enero de 2018, cuando fue destituido y luego enjuiciado por diversos casos de corrupción. Pese a los procesos judiciales que Glas debió enfrentar, fue proclamado candidato a la Presidencia en las elecciones extraordinarias de 2023. Sin embargo, Glas declinó la postulación y Luisa González fue la candidata. Tras la derrota de González en la segunda vuelta, salieron a la luz las divergencias internas de la Revolución Ciudadana, entre las que destaca la presencia de Glas en el movimiento, el cual oficialmente siempre sostuvo que el exvicepresidente es un perseguido por la justicia.

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Ecuatorianos siguen cayendo en captadoras ilegales: hay 194 denuncias en Fiscalía

Primicias .- La Fiscalía recibió 194 denuncias de perjudicados por captadoras ilegales hasta septiembre, pero en octubre estalló un nuevo caso con 700 víctimas. La Fiscalía General del Estado recibió, entre enero y el 26 de septiembre de 2023, 194 denuncias de supuestos perjudicados por captadoras ilegales de dinero en Ecuador. El 48% de los casos son de Pichincha. Se trata de una cifra menor a los 303 casos reportados, entre enero y septiembre de 2022, en todo el país. Pero, cuando parecía que las denuncias por este delito se estaban desacelerando, el país está viviendo un nuevo escándalo por presunta captación ilegal de dinero. Se trata del bróker BY Asesores de Seguros que, sin tener autorización, captaba dinero y prometía intereses mensuales de entre 5% y 9% al mes, según han denunciado los “inversionistas”. Nuevo episodio de captadora ilegal en Quito La mayoría de las víctimas de BY Asesores de Seguros vive en Pichincha y comenzaron a poner sus denuncias en la Fiscalía desde el 10 de octubre de 2023. Lo hicieron cuando supieron que el gerente de la empresa, Bruno Yannuzzelly, salió del país el 6 de octubre. Las oficinas de la empresa, en Quito y Cumbayá, están cerradas desde ese día. Hasta el 12 de octubre, alrededor de 250 perjudicados habían denunciado a Yannuzzelly, no solo por captación ilegal de dinero, sino también por el delito de estafa. Erika, quien dejó su empleo en una empresa de comunicación organizacional en 2022 para cuidar a su bebé, está entre los denunciantes. También está su esposo, un arquitecto. Los dos confiaron en BY Asesores de Seguros en noviembre de 2022, por recomendación de una amiga, y juntos depositaron USD 50.000 en la cuenta de la empresa de Yannuzzelly. Erika recuerda que les prometieron rendimientos mensuales de 5%, para el plazo de un año. Incluso les dieron dos cheques postfechados, por USD 25.000 cada uno, como garantía de que les pagarían el capital al final del período. Pero dos bancos rechazaron los cheques esta semana porque las cuentas de la empresa están sin fondos, dice Erika. Ahora, ella y su esposo temen haber perdido esos ahorros y temen que tendrán que gastar cientos de dólares en abogados. Los perjudicados por BY Asesores de Seguros serían, al menos, 700. Erika relata que existen grupos de WhatsApp en los que las víctimas se han reunido, pero no todos han puesto las denuncias. Hay casos de personas que depositaron USD 300.000, añade. Erika, quien ha conversado con otras víctimas, relata que todavía hay quienes tienen esperanzas de que Yannuzzelly devuelva los depósitos. “Hay gente a la que le pagaron sus rendimientos hasta septiembre, quizás por eso todavía algunos tienen esperanza. En mi caso y el de mi esposo, en julio, dejaron de pagarnos“, dice Erika. Captadoras y prestamistas ilegales siguen apareciendo Se consideran captadoras ilegales a aquellos negocios que reciben dinero sin tener autorización de las Superintendencias de Bancos o la de Compañías. Además, ofrecen pagar rendimientos altos y exagerados por el dinero. ¿Pero qué se considera una ganancia “alta”? Para tener una idea, en el sector financiero formal, en el que operan bancos y cooperativas, en promedio se paga un 9% anual por una inversión a un año plazo. En contraste, BY Asesores de Seguros prometía pagar 9%, pero mensual, a plazos de seis meses como mínimo.   Las entidades financieras formales pagan más rendimiento cuando el plazo de inversión es más alto, como muestra la tabla: Aunque las captadoras ilegales pueden cumplir con sus promesas por un corto tiempo, para generar confianza entre los posibles inversionistas, luego dejan de pagar los rendimientos. Además, suelen quedarse con el capital que invirtió el cliente. Así, el caso de BY Asesores de Seguros se suma a otros sonados: Big Money de “Don Naza”. PipMaster. Fortunario Activos Digitales. Pero estos no son los únicos casos. La Superintendencia de Bancos tiene un listado de 56 entidades fraudulentas, identificadas hasta lo que va de octubre de 2023, que se dedican prestar dinero o captar inversiones. Estas son actividades que están exclusivamente permitidas a bancos, cooperativas y mutualistas. En 2022, la Superintendencia había identificado a otras 120. En Ecuador las inversiones también se pueden hacer en el mercado de valores, pero solo a través de casas de valores o fondos de inversión autorizados por las Superintendencias de Compañías. ¿Hay reparación para los afectados? Uno de los trucos que utilizan los estafadores es bautizar a sus negocios con nombres parecidos a los de entidades que sí están reguladas. Por ejemplo, la Superintendencia de Bancos alertó en 2023 sobre negocios fraudulentos con nombres como: Coopcredisur. Credipacifico Ecuador. Coopcrediprogreso. El abogado penalista Steven Reyes explica que la captación ilegal de dinero está tipificada como un delito en el Código Integral Penal, y se sanciona con penas de cárcel de entre cinco y siete años. Sin embargo, Reyes dice que son pocos los casos en los que los perjudicados tienen una reparación integral o una justa indemnización. Y añade que, incluso cuando hay sentencias, los culpables se declaran insolventes o se dan a la fuga.

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Fiscal Salazar denuncia por violencia política de género a esposa del exdefensor Carrión

Primicias .- En su demanda, Salazar alega que las acciones de Patricia Schettini, esposa de exdefensor del Pueblo, le han causado sufrimiento y ‘humillaciones públicas que menoscaban sus derechos políticos’.   El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) debe tramitar una denuncia por violencia política de género, que fue presentada por la fiscal General, Diana Salazar, en contra de Priscila Schettini y la abogada Angélica Porras, del colectivo Acción Jurídica Popular.   Pero la causa está pendiente, porque el juez a cargo Richard González Dávila se excusó de tramitarla, el pasado 27 de septiembre.   Según argumentó Dávila, junto a Schettini y Porras, en mayo de 2023, denunció a Salazar en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) por un supuesto plagio de su tesis de grado.   “Al estar subrogando al Juez principal Dr. Fernando Muñoz Benítez, y habérseme informado que la presente causa se encuentra para despacho, me corresponde presentar a través del presente auto la siguiente Excusa”, señala Dávila en su providencia.   La fiscal Salazar aduce que las denunciadas han impulsado una campaña de descrédito en su contra, tras el escándalo de un supuesto plagio de su tesis, que fue desvirtuado por un comité de la Universidad Central del Ecuador.   “Las denunciadas han vulnerado mi derecho a vivir una vida libre de violencia, he sufrido diferentes actos intimidatorios y amenazas, me han sometido a humillaciones públicas que menoscaban mis derechos políticos, desacreditación de mi imagen pública”, dice Salazar en su demanda. Añade que “los actos violentos, intimidatorios y amenazantes, afectan mi derecho a ejercer el cargo plenamente, en las mismas condiciones que ejercieron mis compañeros hombres. Me causa sufrimiento permanente, le causa sufrimiento a mi madre, mi hija, mi hermana, y a los demás miembros de mi familia”. “Ha impactado, además, en forma negativa en mi salud integral que, de acuerdo con la OMS, es el estado de bienestar físico, emocional y social” Diana Salazar, fiscal general. Además, la Fiscal General junto a su madre, María Méndez, solicitó que se abra una investigación previa por el delito de odio contra el juez Richard González, Porras y Schettini, esposa de Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo que cumple una condena por violencia sexual. En su cuenta de la red social X, la abogada González consideró que hay una persecución política. Mientras que Schettini responsabilizó a Salazar y a la Policía por su integridad y la de su familia.

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Fiscalía denuncia montajes con inteligencia artificial contra Diana Salazar

Primicias .- La Fiscalía General del Estado denunció este 19 de septiembre de 2023 una supuesta campaña de descrédito contra la titular de este organismo, Diana Salazar, que incluye montajes con inteligencia artificial. “La Fiscalía ha tenido acceso a información que da cuenta de esos burdos intentos de desprestigio, con los que ciertos sectores buscan -desesperada y nuevamente- obtener impunidad en los casos que lleva la máxima autoridad de esta institución”, señaló un comunicado. El organismo alertó que, “a través del montaje de audios y videos creados utilizando inteligencia artificial”, se ha activado “una malintencionada campaña que tiene como objetivo menoscabar la imagen” de la funcionaria. En principio, la inteligencia artificial se usa con frecuencia para crear recomendaciones personalizadas para los consumidores, basadas, por ejemplo, en sus búsquedas y compras previas o en otros comportamientos en línea. Eso hace, por ejemplo, que en Youtube y otras redes sociales los usuarios reciban con frecuencia recomendaciones de productos con base en sus preferencias o búsquedas.  

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Municipio de Guayaquil pide denunciar a estafadores que ofrecen puestos

Primicias .- Las alertas sobre estafadores siguen, a pesar de que dos de ellos permanecen detenidos por ofrecer puestos a cambio de fuertes sumas de dinero en Guayaquil. Un nuevo llamado a que la ciudadanía denuncie a estafadores que ofrecen puestos en dependencias municipales formuló la Alcaldía de Guayaquil este 8 de septiembre de 2023. En un comunicado, el cabildo alertó “sobre estafadores que piden altas sumas de dinero a cambio de una plaza de trabajo en la institución”. Por eso, instó a las víctimas “a denunciar ante las entidades pertinentes para sancionar a los responsables”. Las autoridades aseguraron que la contratación de personal del Municipio se realiza mediante “convocatorias abiertas y sin costo alguno”, a través del Departamento de Recursos Humanos. Hay dos detenidos Hace apenas una semana, el 1 de septiembre pasado, la Fiscalía formuló cargos por el delito de estafa contra dos sujetos que ofrecían plazas laborales en el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, en Guayaquil. Los sujetos engañaban a jóvenes que aspiraban a formar parte de esta institución. A cambio de “garantizar” un puesto laboral, exigían altas sumas de dinero, informó el Municipio. En la audiencia de formulación de cargos, un juez dictó prisión preventiva contra los dos implicados.

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Juez Walter Macías contraataca y denuncia a titular de Judicatura

Primicias .- El magistrado, removido por dos de los cinco vocales del órgano de gobierno de la Función Judicial, aduce que hay una “persecución administrativa” en su contra. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, a quien dos de los cinco integrantes del Consejo de la Judicatura lo destituyeron del cargo, recurrió a la Fiscalía General del Estado este 7 de septiembre del 2023. Macías pidió a la Fiscalía que investigue una “persecución administrativa” en su contra por parte de funcionarios de la Judicatura, entre los que aludió al presidente de este organismo, Wilman Terán. Según el juez, los pronunciamientos de Terán “evidencian actos que atentan al ordenamiento jurídico, los cuales son dirigidos de forma sistemática” para afectarlo “y denotan conductas que deben ser investigadas en el ámbito penal”. Lo sucedido con este juez ha derivado en un enfrentamiento institucional entre la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía, que reprochan las actuaciones de Terán. Macías tramitaba un proceso penal en contra de dos vocales de la Judicatura por supuesto tráfico de influencias. A su juicio, detrás de todo esto hay un afán de echar abajo el caso Las Torres, que involucra al excontralor, Pablo Celi, y otros exaltos cargos del Gobierno pasado.

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Tres casos penales por la disputa entre la Fiscalía y el CPCCS

Primicias .- La pugna política entre la Fiscalía y el CPCCS desencadenó la apertura de investigaciones por destrucción de datos, fraude procesal y tráfico de influencias. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) lleva 112 días en funciones. En este tiempo, los nuevos vocales del organismo han mantenido una disputa pública con la Fiscalía General del Estado. Esta pugna se ha caracterizado por un constante cruce de acusaciones. Y ha desembocado en la apertura de tres investigaciones previas en la misma Fiscalía. El CPCCS, presidido por el abogado correísta Alembert Vera, ha denunciado que el Ministerio Público inició una supuesta persecución política a sus vocales. Desde la Fiscalía, en cambio, Salazar ha planteado que el CPCCS busca sacarla del cargo con el objetivo de alcanzar “la impunidad” para los líderes políticos del correísmo, que han sido sentenciados con sus investigaciones, como Rafael Correa y Jorge Glas. Las denuncias En los tres meses y medio que llevan la Fiscalía y el CPCCS en disputa, estas son las tres investigaciones que se abrieron. Dos apuntan a la Fiscalía y la restante a los vocales de Participación Ciudadana. Destrucción de datos El 19 de mayo de 2023, cuatro días después de su posesión, la Fiscalía abrió una investigación previa contra los siete vocales del CPCCS por el presunto delito de destrucción de registros. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), este tipo penal se configura cuando una persona destruye registros originales de una autoridad pública o judicial. Se castiga con penas de siete a 10 años de cárcel. La causa se originó en un parte policial, según Alembert Vera. Un agente informó que en redes sociales se conoció que los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana estaban destruyendo los documentos del concurso con el que Diana Salazar fue seleccionada como Fiscal General. Fraude procesal En medio de la investigación previa por destrucción de registros, Alembert Vera, titular del CPCCS, acudió a la Fiscalía a revisar el expediente de ese caso. Según el relato del funcionario, en medio de la documentación judicial encontró una hoja en blanco que estaba numerada, lo que a su visión podría considerarse como un fraude procesal. Por esta razón, en ese momento llamó al ECU-911 para comunicar el posible cometimiento de ese delito. Además, el 15 de julio de 2023, el CPCCS interpuso una denuncia por fraude procesal en contra del despacho de la Fiscalía a cargo de ese proceso.   Tráfico de influencias La tercera causa penal abierta por la pugna entre la Fiscalía y el CPCCS tiene que ver con el supuesto plagio del que se acusó a Diana Salazar, fiscal General, respecto a su trabajo de titulación como abogada que presuntamente contiene parte de un artículo científico ajeno. Esta denuncia fue presentada públicamente por el colectivo Acción Jurídica Popular. No obstante, la Universidad Central, centro académico donde Salazar se graduó de abogada, descartó el plagio. Sin embargo, el Consejo de Participación realizó su propia investigación. Y aprobó un informe en el que se recomendó denunciar a Salazar por un supuesto tráfico de influencias, ante el Fiscal General subrogante, Wilson Toainga. Según el informe del CPCCS, Diego Rodríguez, funcionario de la Fiscalía, habría recibido ascensos a cambio de permitirle a Salazar copiar un artículo suyo, previo a su publicación, y utilizarlo para su tesis de grado. Sin Asamblea no hay destitución Si bien tanto la Fiscalía y el CPCCS se señalan mutuamente por supuesta persecución y denuncian que el objetivo sería su destitución, al momento esto no es posible. Según el artículo 131 de la Constitución del Ecuador, solo la Asamblea Nacional puede destituir tanto a la Fiscal General del Estado como a los vocales del CPCCS, a través de un proceso de juicio político. Pero en este momento, el país no tiene una Asamblea en funciones. El 17 de mayo de 2023, el presidente Guillermo Lasso decretó la denominada muerte cruzada. Con esta figura, el Presidente disolvió al Legislativo y dio paso a elecciones extraordinarias. Según el cronograma aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los nuevos legisladores recibirán sus credenciales el 26 de octubre de 2023. Es decir, solo a partir de esa fecha, los asambleístas podrían plantear el inicio de juicios políticos, ya sea en contra de los vocales del CPCCS o de la fiscal Salazar, y buscar su destitución.

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Visa Schengen: “Sacarla es casi imposible”

EXPRESO .- El sistema para agendar se habilita una vez a la semana durante apenas unos minutos y colapsa rápidamente   Martha Cortez lleva dos meses padeciendo por conseguir una cita para aplicar a la visa Schengen (visado europeo), pero desde que se lo propuso ha encontrado solo trabas, caídas del sistema y hasta ofrecimientos por hacer el trámite a cambio de altas cantidades de dinero.   Cortez denunció a EXPRESO todas las dificultades que ha tenido que sufrir en su búsqueda por viajar a Holanda con su esposo para visitar a su familia política, pero aquello esta vez quedará en proyecto porque no se ha podido concretar. “Desde que empezó el año he tratado de sacar una cita. No digo que no me den la visa, ni siquiera me dan la cita. El sistema se cae a cada segundo. Todo es un desastre, parece que ahí hay un negociado para dar las citas”, se quejó Cortez.   Desde hace varios años, la solicitud para sacar citas se hace mediante BLS International, una de las empresas contratadas en el país para realizar el trámite de emisión de visa Schengen, siendo esta una de las de mayor concurrencia en el país por los convenios internacionales con naciones como Holanda, Filipinas, entre otras.   Sin embargo, desde enero, según relatan los afectados, el sistema habilitante para sacar citas está defectuoso y apenas unos minutos a la semana permite ingresar. “Lamentablemente desde hace más de dos meses solamente habilitan el sistema para sacar cita de seis a ocho minutos por semana. Dicen que desde las 13:00, pero en realidad lo habilitan a las 12:58 más o menos y solo hasta las 13:05 máximo. De ahí toca esperar hasta el siguiente miércoles. De paso, la página se colapsa durante los pocos minutos hábiles”, expresó Luis Villalta, propietario de una agencia de viajes que asegura que tiene varios clientes que lo contratan para que realice el engorroso trámite en línea. 2. Las citas. Al edificio ubicado en Urdesa, solo ingresan los que tengan una cita confirmada. En alrededores se congregan agencias y tramitadores que esperan los clientes.CHRISTIAN VASCONEZ “Varias personas nos buscan para sacar citas, pero no depende de nosotros. A veces nos tardamos hasta semanas para hacerlo, no es fácil. Para los ‘usuarios normales’ es aun más difícil, porque cuando se conectan ya está colapsado o ya está cerrado el sistema”, explicó Villalta.   Sacar la cita no tiene ningún costo y al momento de la presentación se cancelan $ 140 por la tasa consular. Sin embargo, Cortez reclama que en su desesperación ha conocido personas que han querido aprovecharse. “Las agencias normales cobran casi todas lo mismo por asesoramiento y sacar la cita y es un precio razonable, pero han aparecido sabidos que me han pedido hasta $ 150 solo por sacarme la cita y los mismos que te piden la plata no te garantizan que te la darán. Lo que sí aclaran es que no hay devolución. Se están haciendo la plata, los tramitadores están abusando”, añadió disgustada.   Una teoría similar toma más fuerza en los exteriores de BLS International, lugar donde se entregan las visas. “Que hay ciertas preferencias a la hora de sacar visas es un secreto a voces”, decían molestos los usuarios, al no entender cómo otras personas consiguen las citas inmediatamente. “Está claro que hay algo raro. Llevamos meses intentando sacar una cita y no podemos. Qué curioso que solo una agencia de viajes lo hace rápido sin esperar los miércoles. Nadie quiere decir nada por miedo a las represalias o que les nieguen la visa, por eso es que todos callamos”, se quejó un hombre de unos 40 años que prefirió no identificarse, pero que aseguró que ante la desesperación por migrar se está viendo tentado a pagar los casi $ 700 que le está pidiendo un tramitador.    EXPRESO buscó una explicación por parte de las autoridades implicadas. En las oficinas de BLS la respuesta de uno de los empleados fue que cualquier información se consulte directamente con los consulados que representan. El equipo periodístico de esta redacción se contactó con un representante del Consulado de España, quien explicó la situación. “Lo que intentamos con esta modalidad es evitar el secuestro de citas por parte de los tramitadores. La intención es que sean los usuarios finales los que hagan el proceso para que no sean perjudicados pagando demasiado dinero por un servicio que es gratuito”, argumentó el representante, que añade que se habilitan aproximadamente 500 citas cada miércoles y que las presentaciones (de las citas) son para dos o tres semanas después.   Según el Consulado de España, antes de aplicar esta modalidad asistía a las citas solo la mitad de los que la solicitaban, cifra que ha mejorado en la actualidad. “Del 91 % al 95 % de los que piden la cita van y eso era lo que buscábamos, que los que saquen las citas sean los usuarios y no los tramitadores”, manifestó. Y aseveró que este sistema también es utilizado en otros países y que por lo pronto se mantendrá, ya que ha dado resultados. El sistema se habilita menos de diez minutos a la semana. Es muy difícil conseguir citas. Debería permitirse más tiempo. Luis Villalta ​afectado Sobre las acusaciones de ‘preferencias’ a ciertos tramitadores o agencias , el Consulado lo descartó completamente. “Quizá antes pasaba eso, pero ahora estoy seguro de que no. Porque, de hecho, desde octubre ya no es posible modificar las citas, lo que ayuda a que no ocurra esto y que los tramitadores sigan trabajando de ese modo”.   Por su parte, Martha Cortez un miércoles (1 de marzo) más no logró conseguir una cita para sacar la visa para acompañar a su esposo en su viaje a Holanda. Espera que la próxima semana le vaya mejor en su búsqueda por la visa Schengen.

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Yunda pide prisión para Fernando Morales por “ataque o resistencia”

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, denunció al concejal Fernando Morales por presunto ataque o resistencia. Esto, después de que el edil le lanzó agua y el envase plástico en la sesión de Concejo conmemorativa por el Primer Grito de la Independencia, el pasado martes 10 de agosto. Al salir de la reunión, Yunda había llamado de cobarde a esta acción, “yo no respondo a la violencia pero habrá que analizar las medidas legales a tomar”, enfatizó. La denuncia fue ingresada el 12 de agosto en la Fiscalía Provincial de Pichincha, en el norte de la capital. Según el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el ataque o resistencia involucra a “la persona que ataque o se resista con violencia o amenazas a los empleados públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza pública, a los comisionados para la percepción de los impuestos y contribuciones, a los ejecutores de los decretos y fallos judiciales, a los guardas de las aduanas y oficinas de recaudación y a los agentes de Policía, cuando obran en ejecución de las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública”. Este delito es sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. Con información de El Universo 

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