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Ecuador: julio 27, 2024

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Ecuador, julio 27, 2024
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CorteIDH condena a Ecuador por la desaparición forzada de Freddy Núñez: “el Estado incumplió el deber de custodia”

Vistazo .- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este miércoles al Estado de Ecuador por la desaparición forzada de Fredy Núñez Naranjo, ocurrida en 2001, y la posterior falta de investigación para dar con su paradero. En la sentencia notificada este miércoles, la CorteIDH encontró a Ecuador responsable “por la desaparición forzada de Fredy Núñez Naranjo, así como por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de éste y de sus familiares por la falta de búsqueda inmediata, investigación y sanción de los responsables”. Los jueces también acreditaron una serie de violaciones a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y al derecho a la verdad. Los hechos ocurrieron el 15 de julio de 2001, cuando Fredy Núñez Naranjo fue detenido y trasladado al destacamento policial del cantón Quero, Provincia de Tungurahua, debido a su participación en una riña con otra persona. Un grupo de alrededor de 400 personas arribó al lugar de detención, liberó a la otra persona y tomó como rehenes a Núñez Naranjo; a su madre, Gregoria Naranjo, y a su hermana, Marcia Núñez, a quienes agredieron físicamente. Posteriormente, las dos mujeres fueron liberadas, mientras que Fredy Núñez “fue subido a un vehículo con rumbo desconocido y, desde entonces, se desconoce su paradero”, agrega la sentencia. La Corte concluyó que “el Estado incumplió el deber de custodia que le incumbía debido a la posición de garante que ostentaba respecto de Fredy Núñez Naranjo y que, por tal razón, se configuró una desaparición forzada que le es atribuible”. El alto tribunal también consideró que las acciones desplegadas por el Estado justo después de la desaparición de la víctima “fueron claramente insuficientes pues se limitaron a la recolección de testimonios”. Y además determinó que “no se desarrolló ninguna operación de búsqueda oportuna” y que como consecuencia de las deficiencias de la investigación “las actuaciones durante los primeros 16 meses tras la desaparición de la víctima, condujeron al sobreseimiento de la causa”. “Pese a la reapertura de la indagación, 16 años más tarde, hoy no existe siquiera un proceso penal abierto en contra de los eventuales responsables del delito de desaparición forzada y, menos aún, alguna sanción impuesta en contra de estos”, concluye la CorteIDH. La CorteIDH destacó que durante el proceso Ecuador reconoció su responsabilidad internacional por las deficiencias en la investigación, pero que rebatió que se tratara de una desaparición forzada atribuible al Estado. El tribunal continental ordenó al Estado ecuatoriano continuar las investigaciones penales en curso por los delitos de desaparición forzada y tortura, así como las acciones de búsqueda de Fredy Núñez Naranjo; brindar tratamiento psicológico o psiquiátrico a los familiares de la víctima; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y pagar a la familia indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.

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Despenalización de la eutanasia se analiza en Corte Constitucional

Primicias .- La Corte admitió a trámite la demanda de una mujer que pide la muerte asistida por una enfermedad crónica. El caso de una ecuatoriana que pide la muerte asistida en Ecuador abre paso a que la Corte Constitucional analice la despenalización de la eutanasia en este país, según se hizo público el 30 de octubre de 2023. El organismo admitió a trámite la demanda presentada por Paola Roldán, una mujer de 42 años que tiene una enfermedad crónica que le causa dolor, la mantiene postrada y ya no le permite, según ella, tener una vida digna. La mujer recibió hace tres años el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, y sigue viva gracias a un respirador. Ella relató su caso al diario El País de España y dijo que quiere optar por la eutanasia, también conocida como muerte asistida, algo que no es legal en Ecuador. “El Estado no ofrece una salida digna”, adujo. La mujer presentó una demanda ante la Corte Constitucional y ya fue admitida a trámite. Según reportó Ecuavisa, al momento el juez ponente, Enrique Herrería, recibe escritos de apoyo a la petición. En la acción se plantea que se despenalice la eutanasia bajo estas condiciones: Que la persona padezca intenso sufrimiento físico emocional Que declare su consentimiento libre a ejercer su derecho a morir dignamente Que haya un diagnóstico médico de enfermedad o lesión grave incurable Que el procedimiento lo realice un profesional El juez Herrería podría llamar a audiencia antes de elaborar un proyecto de sentencia, que deberá someter al voto del pleno de la Corte. La discusión de este tema podría ser similar a la que generó la despenalización del aborto en casos de violación, en abril del 2021. La Constitución ecuatoriana protege la vida desde la concepción.

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Ecuador entra en la lista de peores países para los trabajadores

Primicias .– El Índice Global de Derechos 2023 mide las garantías y derechos de los trabajadores en cada país. Ecuador consta en la lista por la vulneración de tres derechos laborales colectivos. Los derechos colectivos de los trabajadores son una deuda del Ecuador, según el último Índice Global de Derechos. El reporte ubica a Ecuador entre los 10 peores países por tener leyes regresivas y por la violencia policial contra los huelguistas.   El reporte es elaborado por la Confederación Sindical Internacional, la central sindical más grande del mundo, que cada año califica a los países según su grado de cumplimiento de los derechos laborales colectivos y las violaciones de derechos reconocidos a escala internacional.   Esta vez, la novedad es que Ecuador entró en la lista de peores países en la materia, junto a Bangladesh, Belarús, Egipto, Eswatini, Filipinas, Guatemala, Myanmar, Túnez y Turquía. La organización registra las violaciones respecto a 97 indicadores derivados de los convenios y jurisprudencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la que Ecuador está suscrita. Y la calificación varía entre 1 y 5 puntos: Violaciones esporádicas de los derechos. Violaciones repetidas de los derechos. Violaciones regulares de los derechos. Violaciones sistemáticas de los derechos. Derechos no garantizados. Y hay un último grupo que obtiene automáticamente un 5+ porque los derechos laborales no están garantizados debido a la ruptura del Estado de derecho, que se deriva de un conflicto interno o una ocupación militar. Sin embargo, hay que aclarar que, aunque Ecuador se ubica en el punto más alto y negativo de la escala de 1 a 5 puntos, hay otros países en la región que obtienen la misma calificación: Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití y Perú. El derecho laboral colectivo que más se ha vulnerado en la región es el derecho a la huelga, seguido de los derechos al registro de sindicatos, a la negociación colectiva, a la afiliación a sindicatos, a la asociación colectiva y el acceso a la justicia. En la lista de violaciones también están los arrestos y detenciones, la violencia, la restricción a la liberta de expresión y reunión, así como el asesinato de sindicalistas. Los detalles El hecho de que Ecuador se ubique en el top 10 de 2023 se debe a que el estado de los derechos laborales colectivos no ha cambiado y, especialmente, al último paro nacional, de junio de 2022. El reporte recoge que “las protestas masivas en favor de la democracia y los derechos colectivos, convocadas por organizaciones de pueblos indígenas y sindicatos, fueron brutalmente reprimidas y se saldaron con detenciones, heridos y muertos“. El documento explica que el marco jurídico para los derechos de los trabajadores en Ecuador es “sumamente restrictivo” y que sigue obstaculizando el desarrollo de sindicatos independientes fuertes. Así como que las autoridades siguen impidiendo el registro de sindicatos públicos y privados. Según el índice, hay tres derechos colectivos que se violentan en Ecuador: El derecho a la libertad sindical presenta: Barreras legales al establecimiento de organizaciones. Restricciones a formar y afiliarse a organizaciones de propia elección. Restricciones a los sindicatos a organizar su administración. Categorías de trabajadores a quienes la ley prohíbe o restringe la posibilidad de formar o afiliarse a sindicatos, o de ocupar cargos sindicales. Derecho a la negociación colectiva tiene: Obstáculos legales para el reconocimiento de los agentes de negociación colectiva. Restricciones al principio de negociación libre y voluntaria. Restricciones o prohibiciones de negociar colectivamente en algunos sectores. Y el derecho de huelga se ve limitado por: Restricciones para ciertos tipos de acción de huelga. Disposiciones que socavan el recurso a acciones de huelga o su eficacia. Limitaciones o prohibición de hacer huelga en algunos sectores. La información para el índice se recaba directamente con las organizaciones sindicales de cada país, no con los gobiernos ni empleadores. Después, la Confederación Sindical Internacional mantiene reuniones regionales con expertos en derechos humanos y sindicales para completar la información. Finalmente, un grupo de investigadores jurídicos analizan la legislación de cada país e identifican secciones en las que no se están protegiendo de manera adecuada los derechos colectivos de los trabajadores reconocidos a escala internacional. Reformas legales ‘atascadas’ Las centrales sindicales en el país llevan más de una década impulsando un nuevo Código del Trabajo, sin éxito. El mismo presidente Guillermo Lasso ofreció una profunda reforma laboral que no fue posible debido a los choques de posiciones con la Asamblea Nacional y los sindicatos. Ante la ausencia de una propuesta por parte del Ejecutivo, la Asamblea avanzó en el trámite del proyecto presentado por el Frente Unitario de Trabajadores, con el auspicio de Pachakutik, al que se fueron sumando aportes. Sin embargo, con la muerte cruzada y el cambio de autoridades previsto para el último trimestre de 2023, el trabajo legislativo en el país seguirá estancado unos meses más. Y la próxima Asamblea tendrá apenas un poco más de un año para ponerse al día con los pendientes en todas las materias.

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Madres interponen demandas por intercambio de bebés por error, en Ecuador

El 23 de febrero de 1999 marcó la vida para dos madres. Ese día dieron a luz a sus hijos en el hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca. Pero los niños fueron intercambiados, por error. Veintiún años después, María (nombre protegido) descubrió el hecho por una prueba de ADN, dentro de un proceso judicial por impugnación de paternidad. Ella denunció el caso, se abrió la investigación y la Policía localizó a los dos jóvenes. Una verdad inesperada Este es el testimonio de Esperanza, madre de Cristian, quien en enero pasado presentó una acción de protección por la vulneración de derechos constitucionales. El juez le ha dado la razón, pero el caso no se resuelve en última instancia. “Todo empezó en un mes del 2020. Mi hijo, Cristian, contestó una llamada telefónica. Era un Policía que le dijo –sin reparos- que su familia no era la que lo crió; que sus padres biológicos están en Cuenca. Días después, otra llamada, justo cuando estaba preocupada pensando qué habría hecho mi hijo. Él no me contaba nada. Al contestar se identificó un agente y me dijo lo mismo, sin ninguna reserva: ‘El hijo que usted tiene en casa no es de usted, el suyo está acá (en Cuenca)’. Me asusté. Creí que era un estafador y decidimos cambiar de chip y no contestar llamadas telefónicas de números desconocidos. Nos perdimos un año, hasta que nos volvieron a encontrar por un sobrino que es Policía. Él me llamó y me dijo: ‘tía a usted le busca la Policía’. Me pasó la llamada. Se me alborotaron los nervios y nos citó a Cuenca para rendir una declaración. Palabras de una madre Allí me encontré con la señora María. Le dije, por favor, ya no quiero que me haga llamar, esto me pone mal. Mi hijo es el que yo di a luz, se parece a mí. Ella solo respondió que los exámenes de ADN lo determinarán. Comencé a recordar el momento del parto. 12 madres dimos a luz ese día. Cuando trajeron a mi bebé, el padre de mi hijo se inquietó porque llegó con ropa diferente a la que llevamos en la pañalera. Pero al reclamar a la enfermera, ella le contestó de forma tajante: ‘¿qué quiere: un hijo suco, de ojos verdes?’ Ese es su hijo y punto. Él (padre) intentó entrar en otra sala para buscar a su hijo, pero como no pudo nos quedamos así. Después de eso jamás dudé de que fuera mi hijo, aunque el mayor es blanco, como el padre. En mi familia siempre decían que Cristian tiene mis facciones y que es trigueño como yo. Los exámenes de ADN Mi hijo se negaba a realizarse la prueba. Pero el Policía era tan insistente y nos intimidó diciendo que, si no accedíamos, nos metíamos en problemas legales. Accedimos con la condición que de con eso dejen de perseguirnos. Pero de allí salió la verdad y fue duro como familia. Todos lloramos porque era una situación dolorosa. Abracé a Cristian y le dije que nada ni nadie cambiarán el amor de estos 21 años; que él será mi hijo siempre. A mi familia pedí que nunca hablen del tema ni miren mal a Cristian. Tuvimos un encuentro las dos familias. Al conocer a mi hijo biológico, es evidente el parecido que tiene con el mayor. Desde entonces digo que tengo tres hijos. Aunque como madres no hemos conseguido un mayor apego de nuestros hijos biológicos. A veces creo que era mejor que nunca se hubiera descubierto esta situación y Cristian piensa igual. Él empezó a beber y cambió su comportamiento. Tras confirmar el cambio de niños, María presentó una acción de protección contra el Hospital. Pero la defensa de institución argumentó que nosotras (las madres) hemos cambiado a nuestros hijos fuera de la casa de salud. Además, veían que como madres hemos ganado otro hijo. Fue lo más insensible que pudimos escuchar. Pedí que revisaran mi ficha médica. Cuando di a luz tuve problema de preeclampsia y ni podía levantarme de la cama. Es verdad que ahora tenemos otro hijo, pero no debería ser por la negligencia institucional. Al final el Juez y la Sala de lo Civil le dieron la razón a María de que se vulneró sus derechos y se ordenó la reparación. En enero pasado puse la misma demanda, porque también se afectó mis derechos. El recurso fue aceptado pero la audiencia de reparación se suspendió porque Ministerio de Salud Pública solicitó un acuerdo conciliatorio. Estamos a la espera de que la Sala de lo Civil emita su fallo. Nos ofrecieron ayuda sicológica y tampoco la hemos recibido”. En el año 2015 la Policía empezó la búsqueda de las otras 11 madres que dieron a luz el 23 de febrero del 1999. Ellas estaban dispersas en diferentes ciudades del Austro y por eso el trabajo de inteligencia les tomó casi cinco años. Esperanza vivió en Cuenca siete años, pero luego regresó al cantón de la provincia de El Oro, de donde es oriunda. Su hijo Cristian ahora está dedicado a trabajar para ayudar a la familia. La mujer señala que, tras presentar la demanda en enero, estuvo ocho meses detenido el proceso. Hemos solicitado también las disculpas públicas, pero nos negaron porque dicen que no hubo una conmoción social. Fuente: El Comercio

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Susana González suma acciones efectivas para la prevención de la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres y la defensa de sus derechos

Junto a fundación María Guare se brindará asistencia integral gratuita para garantizar la restitución de los derechos vulnerados a esos grupos de atención prioritaria, así como a sus familias “Uniéndonos vamos a seguir contribuyendo en las acciones que transformen para mejores días las vidas de nuestras mujeres y de nuestros niños y niñas con algún tipo de discapacidad”, indicó Susana González. La prefecta de Guayas formalizó con Lourdes Euvin, presidenta de la Fundación María Guare, el inicio de un programa de atención integral en los 25 cantones de la provincia para dar asistencia prioritaria a niñas, niños, adolescentes con discapacidad y mujeres y sus familias en prevención y reparación por violencia intrafamiliar y de género. La primera autoridad de la provincia une esfuerzos con esa oenegé nacional -dedicada desde hace más de 30 años a la defensa de los derechos de la mujer y la familia cuando son vulnerados- para brindar acompañamiento especializado a víctimas en toda su diversidad, ya sea de discapacidad, movilidad humana, nacionalidad, etc. Ratificó su compromiso de hacer todo lo necesario erradicar cualquier tipo de violencia contra niñas, niños y mujeres, ya sea psicológica, física, emocional y sexual. “Lo vamos a seguir haciendo, porque no es solo proteger a ellos y a la familia, sino también garantizar, dentro de nuestras competencias y más allá, que Guayas lidere la erradicación”. dijo. La prefecta recordó que localmente 2 de cada 3 niños o niñas con discapacidad son vulnerados en sus derechos de manera psicológica, física y sexual, y que casos como esos son atendidos en el programa Guayas Integra, que lleva adelante su administración para la rehabilitación a través de terapias especializadas. Por ello, celebró la firma de este convenio de cooperación, cuyo propósito se suma a otros programas de inclusión y defensa de derechos que la Prefectura del Guayas ejecuta en territorios, comunidades y barrios. Lourdes Euvin, presidenta de la Fundación María Guare, señaló que el 2022 es un año para que las mujeres avancen juntas contra la violencia de género. “Este espacio que la Prefectura está creando es para ustedes, para que tengan un lugar seguro y confiable, donde puedan hablar y ser escuchadas, con una atención de calidad y calidez y totalmente en forma gratuita”, resaltó. “La firma de este convenio nos compromete una vez más a trabajar con esfuerzo, perseverancia, responsabilidad, para de esta manera aportar al cambio, a la superación y al progreso”, agregó. Esta iniciativa se suma a otros programas que su administración ejecuta en la provincia del Guayas para lograr la equidad, la participación equitativa y paritaria y las oportunidades a favor de la niñez y las mujeres. Entre ellos: -Guayas Integra, para la rehabilitación de niñas y niños con diferentes discapacidades. -Escuela de formación de promotoras y promotores de derechos y prevención de violencia de género. -Escuela de Lideresas Rurales. -Escuelas de Surf en Engabao para niñas, niños y adolescentes. -Escuelas de Batucadas para niñas y adolescentes. -Talleres de emprendimiento para madres de los niños de Guayas Integra

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