El País .- La funcionaria del Gobierno de Juan Manuel Santos es acusada por irregularidades en dos adiciones al contrato de la Ruta del Sol II El caso Odebrecht sigue avanzando, lentamente, en la política colombiana. Este viernes la Fiscalía General de la Nación anunció que llama a juicio a Cecilia Álvarez-Correa, quien fue ministra de Transporte del Gobierno de Juan Manuel Santos, por irregularidades en dos adicionales al contrato de la Ruta del Sol II, la principal vía de conexión entre el centro del país y la costa Caribe. Se trata del mismo proceso por interés indebido en la celebración de contratos por el que fue imputada en julio pasado. Ahora, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia fijará una fecha para la audiencia de acusación. La Fiscalía asegura que Álvarez-Correa permitió la “ejecución irregular” de dos de los otrosíes ―el 3 y el 6― del contrato, que adicionaron a las obras una vía adicional entre el municipio de Ocaña, en Norte de Santander, y Gamarra, un puerto sobre el río Magdalena en el César. Según explica el escrito, la entonces ministra “no impidió” que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad adscrita a la cartera a su cargo, le entregara la construcción de ese trayecto al Consorcio Ruta del Sol, que tenía como principal accionista a Odebrecht. También indica que Álvarez-Correa permitió que la ANI lo hiciera sin considerar las propuestas de otras empresas. El ente acusador agrega que, al hacerlo, desconoció las normas y un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado sobre la Ruta del Sol II y la posibilidad de adicionar obras a contratos ya firmados, pero no le acusa de haber recibido sobornos. Los supuestos delitos habrían ocurrido entre septiembre de 2012 y agosto de 2014. El pasado 6 de julio, Álvarez-Correa se presentó ante la Fiscalía para la audiencia de imputación. En ella, el ente acusador señaló a la exministra de favorecer a ciertas personas con la construcción de la vía y la instalación de peajes. Entre los favorecidos estaba la familia de su entonces pareja, la exministra Gina Parody. Además, según la Fiscalía, Álvarez-Correa dio el visto al entonces presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, ―también imputado― para adicionar la construcción de la transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra, parte de la vía entre Ocaña y el puerto, a la concesionaria. Adicionalmente, la Fiscalía acusa a la exministra de permitir que, a cambio de esas obras adicionales, la concesionaria aumentara las tarifas en cinco peajes de la Ruta del Sol II: San Vito, Agua Negra, La Gómez, Morrison y Pailitas. La exministra está lejos de ser la primera política en el país señalada por corrupción relacionada con la constructora brasileña Odebrecht. En agosto pasado, la Fiscalía imputó a 33 exfuncionarios colombianos y a otros 22 lobistas, contratistas y personas particulares por interés indebido en la celebración de contratos. Entre los acusados estaban el expresidente de la ANI, Andrade, y el fundador y exdirector de la constructora, Marcelo Odebrecht. Tras estas imputaciones, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la Fiscalía que investigara a los involucrados en el caso Odebrecht, que ha llegado a casi todos los rincones de América y ha afectado a presidentes en otros países. No es así en Colombia, a pesar de que Odebrecht ayudó a financiar las dos campañas presidenciales de Santos, y la campaña rival en 2014, la del uribista Óscar Iván Zuluaga. Petro también ordenó entonces a la Cancillería buscar colaboraciones adicionales con las autoridades de Estados Unidos y de Brasil. “Los brasileros que incurrieron en delitos en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas impuestas en Colombia”, sentenció.