Primicias .- La mayoría de extranjeros abandonó Salasaca y Pelileo ante la advertencia de represalias. La Fiscalía advierte que actuará en flagrancia si detecta desalojos forzados. Momentos de tensión han vivido los extranjeros asentados en el cantón Pelileo (Tungurahua). En la parroquia indígena de Salasaca advirtieron que hasta el jueves 30 de noviembre, todo extranjero, en especial venezolano, debía desalojar sus territorios. Muchos, se desconoce el número exacto, decidieron abandonar esos espacios, tanto en Salasaca como en la zona urbana de Pelileo, en la provincia de Tungurahua, zona centro de Ecuador. Lijohán López, representante de Migrantes sin Fronteras en Pelileo, aseguró que no vieron la necesidad de organizarse antes y tener un verdadero registro de los venezolanos en el cantón. Pero ahora, dijo, lo harán para demostrar que quienes se quedan en el territorio aportan al crecimiento del cantón. Lijohán menciona que muchos de sus compatriotas han abandonado el cantón, después de aquel 12 de noviembre de 2023, cuando ocurrió el asesinato de un policía de manos de un supuesto extranjero. Después del enfrentamiento entre seis integrantes de una banda delictiva con la Policía, en el que el sargento Wilson Ortiz, del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), fue asesinado, los habitantes del cantón Pelileo, donde opera la Junta del Campesinado, acordaron aplicar medidas sobre la permanencia de extranjeros en sus territorios y pedían la expulsión total. Un censo para extranjeros En una asamblea general con las autoridades locales, realizada en Pelileo el 27 de noviembre, los habitantes decidieron hacer una marcha contra la inseguridad para el 5 de diciembre. También, mediante ordenanza, exigirán a cada dueño de vivienda que analice el pasado judicial de sus inquilinos, en especial de los extranjeros. El alcalde de Pelileo, Gabriel Zúñiga, recordó a los habitantes que toda acción que realicen deberá sujetarse a las normas legales, sin perjudicar la seguridad del pueblo, ni a la libre movilidad de los migrantes. Sin embargo, muchos migrantes, unos que tenían poco tiempo de llegados y otros con hijos hasta en los planteles educativos, han decidido abandonar el territorio y viajar a otras ciudades del país, a Perú o a Estados Unidos, según la representante de Migrantes Sin Fronteras. Otros se han quedado, porque aseguran que no han cometido ningún delito y que no van a huir. En Salasaca se adelantó el proceso El 21 de noviembre, el gobernador de Salasaca, Santos Moreta, envío un comunicado aprobado en asamblea general, para que todo dueño de vivienda que arriende el bien a un extranjero sea expulsado o castigado. El gobernador aseguró que “los extranjeros decidieron abandonar por cuenta propia y ya no existe ninguno”.  Hasta el 29 de noviembre, esto se había cumplido en las tres comunidades donde conocía que existían familias venezolanas. “Entre los vecinos nos informamos. Si vemos que alguien arrienda a un desconocido, de inmediato informamos a los dirigentes”, mencionó Manuela Jerez, habitante de Chilcapamba. Según Moreta, desde que se tomó esta decisión (expulsión de extranjeros) toda la comunidad está más tranquila. “Si el Estado no puede garantizarnos la seguridad, nosotros podemos administrarla por nuestros medios respetando la Constitución. Quienes deseen vivir entre nosotros, deben justificar su permanencia”, recalca el gobernador local. A su vez, argumentó el gobernador Salasaca, esperan mantener una asamblea con las autoridades del cantón y de la provincia para establecer acciones contra la inseguridad. Advertencia de la Fiscalía El delegado de la Defensoría del Pueblo, Juan Simon, enfatizó que se llegó a un acuerdo con las autoridades de Salasaca para analizar las funciones de cada uno de los representantes en función a la movilidad. Agregó que se debe analizar la salida de los extranjeros, porque “si fue por el comunicado de expulsión y hubo presión, se está violentando la libre movilidad“. Aseguró que estarán vigilantes para velar por la garantía del respeto de los derechos de las personas, sin importar su nacionalidad. El fiscal provincial Galo Romero dijo que no se ha comprobado que existió un desalojo forzado, pero en caso de que los comuneros lo hagan, actuarán en flagrancia.