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Ecuador: abril 22, 2025

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El abogado de Fujimori dice que el expresidente espera «con paciencia» su excarcelación

Ecuavisa .- El titular del Tribunal Constitucional de Perú aseguró que se «debe proceder a la excarcelación inmediata» del expresidente.   El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos, está esperando con «paciencia» y «tranquilidad» su liberación, afirmó este miércoles 29 de noviembre su abogado Elio Riera.   Consultado por la prensa, antes de ingresar al penal de Barbadillo donde Fujimori está recluido, Riera explicó que el exmandatario «está esperando con mucha paciencia la ejecución del mandato del Tribunal Constitucional«, en alusión a un fallo que determinó que debía restituirse el indulto que le fue otorgado en 2017. El jurista añadió que Fujimori, de 85 años, tiene enfermedades que se agravan con el tiempo y que confían en que «pueda pasar sus últimos días (en libertad) con su familia».   Insistió en que correspondería la ejecución de la decisión del TC de inmediato y, por ese motivo, esperan la orden de un juzgado de la ciudad sureña de Ica, donde presentaron un recurso de habeas corpus a favor del expresidente y sobre el que se pronunció el TC.   Este miércoles, el presidente del TC, Francisco Morales, afirmó que las autoridades «deben proceder a la excarcelación inmediata» de Fujimori, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó el año pasado que no se ejecute otra sentencia que decidió la restitución del indulto otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Morales dijo que la decisión ya se remitió al juez de ejecución del habeas corpus en Ica y defendió su cumplimiento por encima de la resolución de la CorteIDH con el argumento de que esta «es una cuestión que va más en el ámbito de la política internacional». No obstante, otro magistrado del Constitucional, Manuel Monteagudo, consideró «un imposible jurídico» que se afirme que la resolución que dictó esa instancia ordena la excarcelación de Fujimori porque fue considerada «inconvencional». Agregó que emitió un voto singular sobre la resolución del TC porque considera que la situación jurídica de Fujimori debió ser resuelta directamente por el Constitucional y no remitirla al magistrado que evalúa un habeas corpus presentado a favor de la liberación del exgobernante en la ciudad sureña de Ica.   Este miércoles, el abogado Carlos Rivera, defensor de los deudos de las víctimas de las masacres por las que fue condenado Fujimori, adelantó a la agencia de noticias EFE que volverá a acudir a la Corte Interamericana si se ordena la liberación del exmandatario.   «Vamos a ver si el día de hoy hay algún tipo de decisión en el juzgado de investigación preparatoria de Ica. Obviamente el camino que automáticamente tomaremos es solicitar a la Corte Interamericana un nuevo proceso de supervisión de cumplimiento», dijo.   El indulto, otorgado el 24 de diciembre 2017, ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, luego que la CorteIDH pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.

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López Obrador le declara la guerra a Boluarte: «Perú es mucho pueblo para tan poco gobierno»

ABC .- El dirigente ha mantenido una postura beligerante con la mandataria peruana, a quien no reconoce como presidenta legítima y exige la convocatoria de nuevas elecciones.   La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha lamentado la «ignorancia» que según ella demuestra su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con sus reiteradas acusaciones de «usurpar» la Presidencia andina tras la destitución y destitución de Pedro Castillo a finales del año pasado.   En un nuevo ataque a las autoridades peruanas, López Obrador aseveró el viernes que Perú «es mucho pueblo para tan poco gobierno», a lo que ahora la mandataria andina ha respondido con que su homólogo mexicano demuestra «mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano».   López Obrador ha mantenido una postura beligerante con la mandataria peruana, a quien no reconoce como presidenta legítima y exige la convocatoria de nuevas elecciones. Esta postura le ha costado que el Parlamento de Perú le declare ‘persona non grata’.   En este contexto, el mexicano anunció en la víspera que ponía en «pausa» las relaciones comerciales y económicas entre ambos países. «Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas, ni comerciales».   Fallecidos en las protestas Por otro lado, Boluarte se ha referido a las investigaciones que la Fiscalía de Perú ha puesto en marcha en el marco de un caso por posible genocidio en la respuesta de las autoridades a las protestas antigubernamentales desatadas tras la destitución y detención de Castillo y en el marco de las que han fallecido cerca de 60 civiles.   De hecho, el Ministerio Público ha citado a declarar a la propia Boluarte para el 6 de junio. «Debemos mirar con sumo respeto las investigaciones», ha manifestado la mandataria peruana, quien ha confirmado que acudirá a declarar ante la Fiscalía, recoge la cadena de televisión América TV.   «No me voy a acoger al derecho de quedarme en silencio porque creo qeu la primera persona que quiere saber la verdad con los fallecidos en esa marcha de protestas violentas es Dina Boluarte», ha afirmado la propia jefa de Estando peruana.   «Dejemos que el Ministerio Público que haga su trabajo de investigación, en esa su autonomía y funciones. Nosotros como Ejecutivo les daremos todas las facilidades, ya le hemos transferido un incremento para que puedan agilizar y trabajar en ese término de investigación», ha apuntado.

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La Fiscalía de Perú solicita 35 años de cárcel para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el ‘caso Odebrecht’

El País .- El economista está acusado de lavado de activos y de conformar una trama corrupta para cobrar 12 millones de dólares de la constructora brasileña En un país como Perú, donde la mayoría de mandatarios tienen el sino fatídico de acabar tras los barrotes, en su momento Pedro Pablo Kuczynski intentó utilizar su trayectoria laboral como una garantía de su honorabilidad. “Han destruido la reputación de un hombre que ha trabajado 60 años (…) Esto realmente me hace llorar en mi corazón”, dijo en abril de 2019 en una audiencia donde estaba por dictarse una solicitud de 36 meses de prisión preventiva en su contra. El economista había renunciado un año atrás a la Presidencia de la República, pero era investigado desde el 2017 por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. Según la tesis fiscal, PPK, como se le conoce coloquialmente, favoreció a la constructora brasileña Odebrecht y a sus empresas asociadas con la concesión de diversas obras a cambio de millonarios sobornos que cobró mediante consultorías y asesorías, cuando era ministro de Economía y Finanzas durante el mandato de Alejandro Toledo entre el 2001 y 2006. Finalmente, a PPK se le dictó arresto domiciliario, medida que cumplió hasta julio de 2022, cuando el poder judicial lo modificó por comparecencia con restricciones. En todos estos años, a medida que el caso avanzaba, PPK era noticia por su estado de salud. En el 2019 se le colocó un marcapasos por una insuficiencia cardiaca. Al año siguiente fue trasladado a una clínica por una sinusitis crónica y en 2022 fue internado por un cuadro de neumonía. En su momento, su hija, Alexandra Kuczynski, imploró humanidad a la justicia peruana, alegando que un hombre enfermo, de más de 80 años, no podía darse a la fuga. “No podrá sobrevivir a una prisión. Sería una sentencia de muerte”, señaló. Este viernes la Fiscalía del Equipo Especial de caso Lava Jato en el Perú ha solicitado una pena de 35 años de cárcel para el exlíder de la agrupación política Peruanos Por el Kambio por lavado de activos con el agravante de haber conformado una presunta organización criminal que habría recibido más de 12 millones de dólares de Odebrecht. En la acusación fiscal se ha incluido al empresario chileno y socio de PPK Gerardo Sepúlveda para quien también se pide 35 años. Para la secretaria y mano derecha de PPK, Gloria Kisic se ha solicitado 23 años mientras que para su chofer José Luis Bernaola, 11 años y seis meses. Julio Midolo, abogado del economista que gobernó el Perú entre el 2016 y el primer trimestre del 2018, declaró que su representado ha tomado la noticia con calma y que está seguro que saldrá bien librado. “El señor Pedro Pablo Kuczynski está enterado de la información. Está bastante tranquilo y confía en que vamos a demostrar al final de todo esto su total inocencia. La línea de defensa es la misma que hemos planteado desde el inicio (…) No tienen ninguna prueba que determine lavado de activos”, indicó Midolo. Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, aseguró haber aportado dinero a la campaña presidencial de PPK en el 2011. Hecho que el exmandatario ha negado en reiteradas oportunidades. Por otro lado, en 2021 fue denunciado constitucionalmente por haber indultado en el 2017 al expresidente Alberto Fujimori, pero el caso se archivó. Lo último que se supo de PPK fue en febrero pasado, cuando dio su opinión acerca de las protestas que afrontó el actual gobierno. “Todo este caos ha destrozado la mayoría de los partidos políticos en el Perú (…) debe haber una explicación para que parezcamos un país civilizado, no un país de matanzas”, dijo otra vez sin perder la honorabilidad.

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La crisis en Perú: las protestas se intensifican, el Gobierno se atrinchera

La manifestación en Lima acaba con numerosos enfrentamientos y un espectacular incendio. La mayor represión sigue en las provincias del interior, donde murió otro joven, el número 55 desde que empezó la crisis Al día siguiente de su aniversario, Lima amaneció con tanques y un contingente de 11.800 policías desplazándose por su centro histórico. Las fuerzas del orden tenían la misión de aminorar el impacto de la denominada Gran Marcha de los Cuatro Suyos que reunió a diversas organizaciones civiles de la sierra sur del país. Por primera vez desde que en diciembre estalló la convulsión social, se iba a producir una movilización multitudinaria desde las regiones hacia la capital. Y el Gobierno estaba preparado para ello. La presidenta Dina Boluarte, en un discurso a la nación por la noche, aseguró que el Gobierno se mantenía “firme” y criticó a los manifestantes: “Quieren generar caos para tomar el poder”.   Existía la gran incógnita de si los limeños se sumarían en masa, y ello sucedió hasta cierto punto. En la antesala, los estudiantes de las principales universidades públicas de la capital, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), le habían tendido la mano a los manifestantes, con refugio y donaciones. Algunos, con la venia de sus autoridades, como la UNI; y otros, en contra de ellas, como en el caso de San Marcos, donde tomaron su campus por la fuerza. Ambas entidades fueron cercadas por los agentes policiales por la mañana, pero no se produjo ningún enfrentamiento.   Enfrentamiento entre manifestantes con las fuerzas de seguridad frente al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, en Arequipa.EUROPA PRESS La esperada marcha se convocó para las cuatro de la tarde en diversos puntos de la capital, ocasionando una desorganización que se extendió a lo largo de la jornada y que acabaría por pasarles la factura. La protesta no alcanzó su objetivo: no llegó al palacio de Gobierno ni tampoco al Congreso. Por la tarde se produjo una gran represión en Abancay, una avenida estratégica que conduce hasta la sede del Poder Legislativo. No hubo víctimas, pero sí algunos heridos. Hasta donde se sabe, ninguno por arma de fuego. A diferencia de las regiones de la sierra sur, en la capital la policía no empleó armas letales. Claramente, el tratamiento para “controlar” las movilizaciones no fue el mismo de anteriores ocasiones.   Poco antes de las ocho, la plaza San Martín del centro de Lima parecía un marco favorable para la protesta. La gente continuaba llegando en gran número. Y por fin se había envalentonado para dirigirse hacia el Congreso. Fue en ese preciso instante cuando una vieja casona de una de las esquinas de la plaza comenzó a arder. En medio de la confusión, la policía recuperó terreno, cercando otra vez la plaza. A medida que el fuego consumía el inmueble, se consumió la marcha. Y los manifestantes acabaron por dispersarse. Se necesitaron más de cinco autobombas y tres cisternas de agua para controlar el incendio. Un grupo de vecinas, que no se identificaron, señalaron que el siniestro fue provocado por una bomba lacrimógena que cayó en la azotea, aunque el Gobierno lo negó más tarde.   Mientras las llamas del edificio teñían de rojo el cielo de la capital peruana, la presidenta Dina Boluarte dio un mensaje a la nación, donde lejos de empatizar con un gran grupo de la ciudadanía que marchó en las calles, satanizó la protesta al remarcar que se trata de “unos malos ciudadanos que buscan quebrar el Estado de derecho, generar caos, desorden y tomar el poder”. Aseguró que “el Gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca”. Incendio en un edificio de Lima durante las protestas del jueves.MARTIN MEJIA (AP) Mientras eso sucedía en Lima, en Juliaca fallecía un ciudadano que había quedado gravemente herido la noche anterior por el impacto de un arma de fuego. Se trataba de la segunda víctima de Macusani, provincia de Carabaya, donde un grupo de pobladores incendió una comisaría y la sede del Poder Judicial en la noche del miércoles. Pero no fue el único incidente en la región que colinda con Bolivia. Nuevamente, los juliaqueños intentaron tomar el aeropuerto Inca Manco Cápac y fueron repelidos por la policía. El resultado: siete civiles y dos agentes heridos.   En Arequipa, la convulsión sumó la víctima 55 del conflicto. Jhancarlo Condori Arcana, un hombre de 30 años que recibió una herida letal en el abdomen. En la Ciudad Blanca los manifestantes también trataron de ingresar por la fuerza al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, pero no lo consiguieron. El Ejecutivo declaró a las regiones de Amazonas, La Libertad y Tacna en estado de emergencia durante 30 días. Después de esta primera gran marcha en la capital, los manifestantes se mantendrán en las calles.   Un manifestante antigubernamental era detenido en Lima el jueves.MARTÍN MEJÍA (AP) Fuente: El País

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Incendio de gran magnitud se registra en medio de protesta en Lima

Manifestantes impidieron el paso de varios vehículos de bomberos. Un edificio con viviendas está siendo consumido por las llamas en el centro de Lima, Perú, en medio de las protestas que se realizan para pedir la renuncia de la mandataria Dina Boluarte así como el cierre del Congreso.   La casona se encuentra a un costado de la plaza San Martín donde se concentraban un grupo de manifestantes. Mario Casaretto, jefe departamental de los bomberos de Lima, denunció que les tiraron piedras mientras se dirigían a la emergencia. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los manifestantes ha permitir el paso de las motobombas. En Lima, las autoridades desplegaron “11.800 efectivos en las calles para el control de disturbios, más de 120 camionetas y 49 vehículos militares, y también la participación de las fuerzas armadas”, aseguró el jefe de la Región Policial Lima, general Víctor Zanabría. Diversos negocios aledaños a la ruta de la marcha fueron cerrando conforme avanzaba el día y algunos cubrieron con maderas las vitrinas para evitar ser blanco de eventuales ataques de vándalos. Fuente: El Universo

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El voto del sur que hizo presidente a Castillo aprieta al nuevo Gobierno de Perú

Dina Boluarte juró hace una semana como jefa del Estado hasta 2026, después anunció elecciones en 2024 y habla ya de diciembre de 2023.   El sur de Perú se niega a perder la única vez que ganó. Las protestas que exigen elecciones anticipadas y el cierre del Congreso aumentan en las regiones que hace un año y medio hicieron presidente a Pedro Castillo. La imagen de un Castillo triunfal, con los brazos en alto como un profeta, pone cara a las banderas que se ven en la calle. Para muchos se ha convertido ya en un mártir. El relato del golpe de Estado que nunca fue se ve desde este lado al revés: para ellos la víctima es el maestro rural. Víctimas de de las élites, del poder, del Congreso, de Lima. El Perú que la capital nunca había escuchado hasta las últimas elecciones ruge desde los Andes para negar al nuevo Gobierno de Dina Boluarte, a la que consideran una traidora, una vendida.   La nueva presidenta ha empezado a ser consciente de que el suyo será un Gobierno de transición, más breve de lo que pensó. Si hace una semana, apenas unas horas después del autogolpe fallido y detención del presidente, juraba su cargo como jefa del Estado hasta 2026, Boluarte ya sabe que no hay posibilidad de sobrevivir mucho tiempo en medio de la crisis abierta por su antecesor. A principios de esta semana planteó celebrar las presidenciales en abril de 2024, pero este miércoles ya ha hablado de diciembre de 2023. Los tiempos se acortan a medida que las protestas crecen.   Ocho días después del suicidio político de Castillo, hay ocho muertos en enfrentamientos entre manifestantes y policías, tres aeropuertos cerrados al tráfico y decenas de bloqueos de carreteras. Miles de personas amenazan con llegar a Lima para celebrar una gran protesta masiva, pero hasta ahora en la capital las marchas no son muy numerosas. Este miércoles, cientos de policías blindaban los edificios públicos y la céntrica plaza de San Martín. Había más uniformados que manifestantes. Estos se limitaron a rodear la plaza varias veces de forma pacífica gritando consignas como: “Dina asesina”. Su intención era llegar al Congreso, pero el contingente policial lo impidió. Para este jueves se esperan nuevas protestas y se ha anunciado un paro nacional.   En el sur la situación tiende más al caos. El Gobierno ha declarado el estado de emergencia en todo el país durante 30 días para que las fuerzas armadas se hagan cargo de la seguridad. Los manifestantes por ahora se niegan a dar marcha atrás. No quieren que este nuevo capítulo de la crisis política peruana se cierre con Castillo encarcelado y el resto siga igual. Quieren elecciones inmediatas y que todos los congresistas se vayan a su casa. El rechazo al Parlamento no es solo una cuestión regional, el 86% de los peruanos desconfía de él, según encuestas de noviembre, un rechazo mayor que el que suscitaba el propio Castillo.   En regiones como Cusco, hoy incendiada por las protestas, el 80% de los electores votaron por él en las elecciones pasadas. Veían en el maestro rural una persona como ellos, la primera oportunidad real de alcanzar el poder. Enfrente estaba Keiko Fujimori, representante de la más tradicional política limeña. Castillo malogró un año y medio de mandato en una crisis constante y nunca fue capaz de llevar la iniciativa política. Los casos de corrupción que lo señalaban a él o a gente de su entorno se multiplicaron hacia el final. El Congreso tampoco se lo puso nunca fácil. El día que decidió dar el autogolpe improvisado se enfrentaba a su tercera moción de censura.   La crisis de legitimidad política en Perú se ha agudizado, el descontento es generalizado. La mayoría de los ciudadanos ha optado por hacer su vida ajena a la crisis que ha hecho que en cinco años Perú haya tenido seis presidentes. El último comparte ahora prisión con el autócrata Alberto Fujimori. Castillo se enfrenta a penas que podrían llevarle cinco décadas a la cárcel, pero los últimos acontecimientos lo han envalentonado. Las protestas en el interior del país y los apoyos externos, como el de los presidentes de Colombia y México, lo animan. Desde la prisión se sigue proclamando el jefe del Estado. En las próximas horas, un juez decidirá si acepta la petición de la Fiscalía de 18 meses en prisión preventiva, un mes más que lo que duró su Gobierno. Fuente: El País

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