La tarde del lunes el menor fue entregado temporalmente a un familiar. El hecho captado en un video de 36 segundos, difundido en redes sociales, causó repudio colectivo. Una mujer pateó en el rostro una y otra vez a un pequeño, en plena vía pública. El hecho ocurrió en Ambato, en el sector de Quillán Loma, parroquia Izamba.   Luego de viralizarse el video, este lunes 30 de enero se conoció que ella era la madre del pequeño. Fue aprehendida y el niño de 2 años fue entregado a un familiar materno para que se encargue temporalmente de su cuidado.   Realizada la valoración médica se determinó que los golpes produjeron dos días de incapacidad para el menor, por lo que la mujer no incurrió en delito sino en una contravención.   El artículo 152 del Código Integral Penal (COIP) establece una pena de privación de libertad de 30 a 60 días si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad de cuatro a ocho días.   ¿En qué tipo de contravención incurrió la mujer? En una de cuarta clase, que tiene una sanción con pena de privativa de libertad de 15 a 30 días, según el artículo 396 del COIP.   El numeral 4 señala que es sujeto de esta pena la persona que voluntariamente hiera o golpee a otra causándole lesiones o incapacidad para el trabajo, que no excedan de tres días.   El exfiscal del Guayas, Antonio Gagliardo, explicó que esto se aplicaría para el caso de la mujer en Ambato.   No obstante, al estar en estado de gestación a la mujer no se la puede enviar a prisión, ya que el artículo 624 del COIP establece que ninguna embarazada podrá ser privada de su libertad.   Ni será notificada con sentencia, sino 90 días después del parto. “Esto se hace por el interés superior del hijo que está en sus entrañas, entonces, esta es otra situación que beneficia a embarazadas que podrían cometer delitos (…), tiene ciertas garantías que no es por la persona como tal sino por el bebé que está en sus entrañas”, explicó Gagliardo.   Desde la mañana de este martes 31 de enero a la mujer se le realiza la audiencia de flagrancia en una Unidad de Policía Comunitaria (UPC). Se espera conocer los resultados de esta diligencia en horas de la tarde.   En este caso han intervenido la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), la Junta Cantonal de Protección de Derechos de dicha localidad, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Consejo de la Judicatura de Tungurahua.   Fuente: El Universo