Infobae .- El hijo de Joaquín Guzmán Loera se encuentra recluido en el penal del Altiplano. Un juez federal negó un amparo a Ovidio Guzmán López, alias El Raton, integrante de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, quien buscaba frenar su proceso de extradición a los Estados Unidos. El Ratón se encuentra recluido en el Centro de Justicia Penal Federal número 1, también conocido como El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que fuera capturado a inicios de 2023 en la sindicatura de Jesús María en el municipio de Culiacán, Sinaloa. El titular del juzgado Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con residencia en Toluca, Estado de México, fue quien negó el amparo a uno de los líderes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, luego de que EEUU formalizara la solicitud de extradición internacional el pasado 4 de marzo. El hijo de Joaquín El Chapo Guzmán también buscaba obtener la protección de la justicia federal contra lo expuesto en la audiencia donde se le notificó sobre su proceso de extradición, misma que se llevó acabo el pasado 7 de marzo; sin embargo, el juez Alfonso Alexander López también negó su solicitud. Ovidio Guzmán se ve en una foto tomada después de su arresto el 5 de enero de 2023 por las fuerzas mexicanas en Culiacán, México, en esta imagen distribuida a Reuters el 6 de enero de 2023 Foto: SEDENA /Reuters El Raton es requerido por la Corte Federal en el Distrito de Columbia, quien en abril del 2018 solicitó su captura por cargos de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana. Liberaron y retiraron cargos por terrorismo a implicados del Culiacanazo Este revés contra el hijo del Chapo Guzmán se da luego de que el diario Milenio revelara una serie de inconsistencias en los procesos abiertos en contra de los implicados en el llamado “Culiacanazo 2.0″, donde fue detenido Ovidio, mismo que llevó a la liberación de cuatro de los 17 detenidos en el operativo realizado por fuerzas federales en la sindicatura de Jesús María en Culiacán el 5 de enero del presente año. A través de una solicitud de transparencia a la Fiscalía General de la República (FGR), el medio reveló una serie de inconsistencias en los procesos contra los 16 hombres y una mujer. Según explicó el Ministerio Público de la Federación (MPF) cuatro de los detenidos fueron puestos en libertad al no poder comprobar su participación en los ataques armados y narcobloqueos en los que perdieron la vida 29 personas. A 13 detenidos en el “Culiacanazo” se les retiró el cargo de terrorismo y solo fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud y violencia a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (Ilustración: Infobae/Jesús Avilés) En tanto, a las otras 13 personas se les retiró el cargo de terrorismo y solo fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud y violencia a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Milenio detalló que se desechó la acusación de terrorismo contra las 13 personas vinculadas a proceso debido a que uno de los abogados de los imputados, identificado como Jaciel Iván López Parra, interpuso un recurso ante el Tribunal Colegiado de Apelaciones del Decimoprimer Circuito con sede en Morelia, Michoacán. El defensor resaltó una serie de inconsistencias en las declaraciones de los militares que participaron en las capturas. Una de la principales inconsistencias, según el documento obtenido por el periódico, señala que un fiscal federal argumentó que los detenidos dispararon contra los elementos federales al ingresar al poblado de Jesús María, por lo que esos actos, según indicó con base en sus datos de prueba, buscaban generar alarma y temor en la población, todo ello “para presionar a las autoridades y obligarlas a liberar a su jefe, el señor Ovidio”. Pese a ello, en los informes de los elementos que detuvieron a esas personas no mencionaron que “los imputados realizaran dichas conductas, ni antes ni después de la detención, tampoco que su jefe fuera la persona nombrada por el fiscal”. El medio agregó que los efectivos federales “no tenían certeza de que los detenidos fueran sus agresores”.