La Fiscalía pidió la pena máxima del delito de delincuencia organizada para Pablo Celi y Pablo Flores, más la agravante por haber sido funcionarios públicos. Luego de sustentar los alegatos de cierre por más de 1 hora y 45 minutos, la fiscal general, Diana Salazar, solicitó al Tribunal de Juzgamiento del caso Las Torres, la tarde de este miércoles 7 de diciembre, que al excontralor subrogante Pablo Celi y al exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, se los condene a 13 años y 4 meses de cárcel por ser autores del delito de delincuencia organizada. Salazar explicó en la parte final de su exposición que al haberse demostrado la materialidad de la infracción y la responsabilidad de Pablo Celi y Pablo Flores, la institución solicita que se declare la culpabilidad y se les imponga el máximo de la pena determinada en el primer inciso del artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su modalidad agravada conforme el artículo 47, numeral 19, del mismo COIP, pues mediante la prueba documental se comprobó la calidad de funcionario público de ambos procesados. Mientras que para Esteban Celi, hermano del excontralor, Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque y Adolfo Agusto Briones, la fiscal Salazar solicitó la pena máxima determinada en el segundo inciso del artículo 369 del COIP, esto es siete años de cárcel al haber cometido acciones de colaboración en el delito de delincuencia organizada. También pidió la Fiscalía que se tome en cuenta la agravante determinada en el numeral 19, del artículo 47 del COIP a los procesados Natalia Cárdenas y Mauricio Orellana, pues debido a las pruebas documentales se demostró que tenían la calidad de servidores públicos. Ante ello, para ambos se solicitó la pena de nueve años de prisión. Finalmente, para la acusada Martha Barrezueta, al haberse acogido a la figura de cooperación eficaz, Salazar solicitó que se le imponga una pena reducida en el 90 %, es decir, una pena de seis meses de privación de la libertad. En lo que tiene que ver con la multa, la Fiscalía pidió para los líderes de la organización que se defina el pago de 40 salarios básicos unificados (SBU), mientras que para los colaboradores 20 SBU. Para Barrezueta se pidió la cancelación de 2 SBU como multa. Respecto a la reparación integral, la fiscal Salazar solicitó se pague a favor de la Procuraduría General Estado, por concepto de indemnización material, la cantidad de $ 4 millones, los cuales serán cancelados de manera proporcional por todos los partícipes de la infracción, a excepción, dijo, de Martha Barrezueta, por su calidad de colaboradora eficaz. A más de los valores establecidos, la fiscal general pidió que a Pablo y Esteban Celi se les imponga el pago de $ 500.000, valor que habría sido entregado a los hermanos por la empresa Nolimit C.A. por concepto de desvanecimiento de glosas. QUITO (07-12-2022).- El excontralor Pablo Celi en el inicio de los alegatos de cierre en el caso Las Torres. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda En cambio, en lo que tiene que ver con el exgerente Flores, Diana Salazar en nombre de la Fiscalía pidió al Tribunal que imponga, a más de los valores ya establecidos, pague la cantidad de $ 336.000 por la entrega de dineros de la empres Nolimit por concepto del pago de planillas menores. La fiscal explicó que esta cantidad incluye los $ 40.000 entregados a través de la procesada Martha Barrezueta. En lo referente a la reparación integral inmaterial, con la finalidad de reparar la reputación y credibilidad de las instituciones y empresas del Estado ecuatoriano solicitó que el Tribunal disponga a las máximas autoridades de la Secretaría de la Presidencia de la República, de la Contraloría General del Estado (CGE) y de Petroecuador se promueva a través de todos los canales de comunicación la existencia y el uso de buzones de transparencia que debe poner cada institución a disposición de la ciudadanía en general. Como medida de satisfacción orientada a la disculpa y al reconocimiento de los hechos y la responsabilidad, la Fiscalía solicitó se imponga a todos los sentenciados la colocación de una placa en la Secretaría de la Presidencia, en la CGE y en Petroecuador. El texto de las placas deberá ser establecido por los integrantes del Tribunal de Juzgamiento. Adicionalmente se solicitó se imponga a todos los sentenciados la obligación de publicar la sentencia en las páginas web de la Secretaría de la Presidencia, de la CGE y de Petroecuador, así como la publicación de la parte resolutiva de las sentencias en tres medios de comunicación escrita de amplia difusión durante siete días a escala nacional y las disculpas públicas en la fecha y hora que serán convocadas por el juez de ejecución. “La sociedad confía en que ustedes (jueces del Tribunal de Juicio) hagan justicia”, concluyó la fisca general, Diana Salazar. Al momento la diligencia continúa con la exposición de los alegatos de cierre que plantea Tannia Silva, en representación de la Procuraduría General, una de las dos instituciones públicas que acuden al juicio como acusadoras particulares. Luego vendrán los abogados de la empresa pública Petroecuador y finalmente las once defensas de los procesados. Fuente: El Universo

Once de los trece llamados a juicio en el caso Las Torres asisten a la audiencia que se da en la Corte Nacional por el delito de delincuencia organizada. Con el testimonio del exministro de Hidrocarburos Carlos Pérez García se inició, la mañana de este miércoles, la audiencia de juzgamiento de los once procesados por el delito de delincuencia organizada, parte del caso Las Torres. La diligencia se realiza por 39 días ya en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Pérez García es uno de los 20 testigos y peritos que la defensa del exgerente de Petroecuador Pablo Flores presentará en audiencia para probar que el exfuncionario público no tenía ninguna participación en el pago de las facturas a la empresa Nolimit C. A. y que él jamás ejerció presiones para que se realicen los pagos desde la estatal petrolera. Según la Fiscalía, en este caso existe un “grupo organizado y estructurado” que operó a través de la Contraloría General del Estado (CGE), la Secretaría de la Presidencia y la empresa pública Petroecuador para, a través del mecanismo del desvanecimiento de glosas, obtener el 2 0% de una factura de $ 20′345.609 que la estatal petrolera ecuatoriana debía pagar a Nolimit. Pablo Flores y el excontralor Pablo Celi son a quienes la Fiscalía los identifica como los líderes de esta organización que habría operado entre el 2017 y el 2020. Para la Fiscalía, Flores recibió en efectivo, como parte del ilícito cometido, cerca de $ 40.000. El testimonio del exministro Pérez García era necesario para el abogado de Flores, Pablo Encalada, pues la Fiscalía ha presentado como parte de su acusación chats, negociaciones y conversaciones en las que el exfuncionario de Petroecuador Raúl De la Torre y el empresario inmobiliario Roberto Barrera, ambos sentenciados en Estados Unidos al confesar ser parte de una trama de corrupción en Petroecuador, se toman el nombre de una serie de autoridades con las que ambos dicen mantener una relación. Encalada asegura que no se ha probado desde la Fiscalía que De la Torres o Barrera eran delegados de su defendido Pablo Flores, de Pablo Celi o de alguna de las otras autoridades que ellos nombran en sus conversaciones periciadas dentro del caso Las Torres. Solo la mañana de este miércoles Encalada presentó cinco testigos y peritos, los cuales son parte de tres grupos integrados por funcionarios de Petroecuador que acreditarían que Pablo Flores orgánicamente no tenía ninguna atribución en el proceso de pago y que nunca ejerció influencia en los procesos de pago; por personas particulares que hablarán cómo el exfuncionario de Petroecuador Raúl De la Torre se tomó el nombre de Flores para pedir dinero; y por peritos que demostrarán el fraude procesal en el que habría incurrido el empresario Roberto Barrera al entregar a la Fiscalía información celular que se cree que es falsa. La defensa de Flores es la segunda en presentar su prueba pericial, testimonial y documental dentro de la etapa de juzgamiento. El primero en intervenir fue Marcelo Ron, abogado del excontralor Celi, quien que en la parte final rindió su testimonio como medio de defensa, asegurando que es inocente y que jamás conoció o participó de hecho ilícito alguno. Celi declaró ser una víctima de una confabulación penal fraudulenta impulsada por la fiscal general, Diana Salazar, y que su procesamiento penal fue un “fraude premeditado, políticamente conducido”, orientado a su proscripción como autoridad de control, a la intervención sobre la CGE y a echar abajo las decisiones que tomó como autoridad de control. Aparte de Flores y Celi, por delincuencia organizada la Fiscalía procesa como colaboradores de la organización a Natalia Cárdenas, Mauricio Orellana, Roy Calero, Martha Barrezueta, Pedro Saona, Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque, Adolfo Agusto Briones y Esteban Celi, hermano del excontralor. Para Encalada, la Fiscalía, en sus 28 días de intervención, en ningún momento entregó un informe probatorio sobre la existencia de una “organización criminal”, sino solo ha presentado hechos aislados de una tentativa de soborno que nunca se consumó. Para él es importante demostrar al tribunal de juicio que las cosas se dieron en Petroecuador siguiendo los canales adecuados. La jornada de este miércoles concluyó pasadas las 14:00. El presidente de la Sala de Juzgamiento, Walter Macías, dispuso que la diligencia se retome el próximo viernes 25 de noviembre a partir de las 15:00. La defensa de Flores deberá continuar con su exposición de pruebas. Fuente: El Universo