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Ecuador: julio 24, 2024

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Ecuador, julio 24, 2024
Ecuador Continental: 13:17
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El pago de pensiones se puede complicar en cinco años y reformas urgentes apuntan a ocho grandes consensos para salvar el sistema

LA HORA .- Una comisión creada por el Gobierno trabaja desde enero de 2023. De las reuniones con varios sectores ya han salido ideas para impulsar los cambios. En todas partes del mundo, el modelo de reparto con beneficio definido en la seguridad social, que es el que tenemos en Ecuador, no tiene viabilidad financiera en el futuro.   Mientras la población está cada vez más envejecida y vive más tiempo, existen menos trabajadores activos y formales (en Ecuador la informalidad supera el 61% de la fuerza laboral) que sustente el pago de las pensiones.   Fernando Mosquera, economista y miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, ha repetido que el problema de fondo de las pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no es solo económico, técnico y actuarial, sino también político.   Esto significa que se deben tomar medidas políticamente duras para evitar un escenario que apunta a que en cinco años se podrían tener problemas para pagar jubilaciones en el país.   Por eso, desde el 10 de enero de 2023, el Gobierno de Guillermo Lasso puso en marcha una comisión especial que, hasta mayo, deberá presentar un informe técnico con recomendaciones y un anteproyecto de ley para cambiar y fortalecer el sistema.   Esta comisión está liderada por Augusto de la Torre, y tiene entre sus miembros a Andrés Hidalgo Cevallos, presidente de la Junta Directiva de Grupo Faro; Doménica Cobo, abogada en libre ejercicio; Pablo Lucio-Paredes, economista y profesor universitario; Andrea Angulo, docente e investigadora en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol).   Luego de varias reuniones con empresarios, jóvenes profesionales, expertos, académicos y parte de la dirigencia sindical, se esbozan los principales acuerdos que serán la base del informe final y el anteproyecto de ley, es decir, la hoja de ruta de la reforma que se busca proponer.   Los consensos 1.- El Ejecutivo, en particular el Ministerio de Economía, debe definir y acordar con el IESS cuál es la deuda pendiente y aún no está documentada. Es más fácil hacerlo para pensiones que para salud. La meta es que se llegue a un plan de pagos que se activaría luego de que se haga la reforma. Esto debido a que, si no se arregla el sistema, los pagos irían a una especie de saco roto.   2.- Separar la gobernanza del sistema de pensiones de la gobernanza del sistema de salud. Dentro del IESS, cada uno de los fondos debe tener un cuerpo de gobierno independiente y especializado con sus propios estatutos. Son muy distintas las políticas públicas para pensiones y para salud.   3.– El sistema de jubilación patronal no le hace bien a nadie. No ayuda al empleador ni al trabajador. En casi la totalidad de los casos, las empresas despiden cuando el empleado se acerca a los 20 años de servicio. Esto provoca desempleados de 50 años o más. Se está pensando en cambiar la jubilación patronal en una especie de ahorro individual que se mantenga incluso cuando cambia de trabajo. Este ahorro individual se convertiría en uno de los pilares del nuevo sistema.   4.- Establecer un mecanismo más fiable y fácil de presupuestar con respecto al aporte estatal del 40%. Este aporte al sistema de pensiones es considerado como un subsidio en términos constitucionales y económicos. Actualmente, no existe una forma de calcular adecuadamente el aporte estatal y eso provoca que en la realidad se transfiera un porcentaje equivalente al 28% y 30%.   5.- En todos lados, y Ecuador no es la excepción, a la gente le gusta la idea de una pensión vitalicia. Pero, para que eso sea sostenible, se debe buscar un equilibrio entre el tiempo de cotización, el tiempo de beneficio (cuando es jubilado) y la tasa de reemplazo (pensión como porcentaje de los sueldos que percibía como trabajador activo). Los cambios deben operarse en esas tres variables. Uno de los puntos más álgidos de la reforma está aquí porque involucra temas como una nueva fórmula de cálculo de las pensiones; edad de jubilación, entre otros.   6.- Existe un gran problema de credibilidad del IESS frente a trabajadores jóvenes e independientes. Los abogados, contadores y dentistas, entre otros, no tienen confianza en el sistema. No quiere afiliarse porque, por un lado, tienen seguros privados y no quieren usar los servicios del IESS. Por otro lado, no saben si se podrán pagar pensiones en el futuro. Se necesitan reformas que generen incentivos para afiliarse. Entre esos está la posibilidad de que se puedan afiliar o a pensiones solamente o a salud. Además, también se pueden establecer esquemas más flexibles de afiliación.   7.- Todos los sectores apuntan a que el IESS necesita un sistema multipilar. Por un lado, se debe mantener el pilar de reparto con beneficio definido; pero hay que reformarlo. Por otro lado, se necesita un pilar que de opciones de ahorro individual e incluso ayude a mejorar las pensiones. El tercer pilar debe ser un sistema solidario para financiar la vejez de los más pobres, es decir, de la gente que nunca se va a afiliar ni va a ahorrar. Se debe cuidar a los que están en riesgo de caer en pobreza extrema en la vejez; y eso se logra integrando mejor al seguro campesino con el sistema de ayudas sociales y bonos que administra el Ministerio de Inclusión Económica y Social.   8.- El sistema de salud necesita una reforma independiente. Se debe crear otra comisión para que se piense cómo reformar ese sistema. Si no se arregla esto, las pensiones, cuando una persona se jubila, se gastan en su mayoría en pagos de salud.

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Los mayores pagos de impuesto a la renta y las contribuciones temporales reactivan el descontento contra la reforma de Lasso a inicios de 2023

LA HORA . – Los cambios se sienten con fuerza en un sector de la población y del empresariado; pero la situación sería mucho peor si se aprobaba la reforma que dejó Lenín Moreno.   Durante marzo y abril de 2023, se debe declarar y pagar el impuesto a la renta, tanto de personas naturales como de empresas. Además, se tiene que desembolsar el segundo pago de la contribución temporal correspondiente a las empresas con patrimonio mayor a $5 millones.   En este contexto, se han vuelto a disparar las críticas sobre la reforma tributaria del Gobierno de Guillermo Lasso. El descontento va desde empresarios hasta personalidades públicas.   Así, por ejemplo, a través de su cuenta de Twitter, el conocido cantante y publicista, Francisco Terán, dijo “¿Ya pagaron impuestos? ¿Ya vieron cómo nos metieron la mano hasta el diafragma?”.   Incluso empresarios y exfuncionarios públicos como Jorge Wated han dicho cosas como que “el Gobierno debería acoger el clamor ciudadano de reactivar las deducciones al Impuesto a la Renta y así ayudar a reactivar la economía, sobre todo de la clase media”.   Desde la academia también han llegado las críticas. Por ejemplo, el economista y profesor universitario Luis Espinosa Goded, publicó un video en redes en el cual califica a Ecuador como un “infierno tributario”   Al respecto, el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Francisco Briones, no ha descartado que se puedan revisar temas, incluso ha dicho que todo el tiempo se evalúa dentro del Gobierno, pero los impuestos no se pueden modificar por decreto y que los ingresos públicos siguen siendo menores que el creciente nivel de gastos.   Tapón de huecos fiscales El mismo Briones ha llegado a reconocer que, como funcionario público, su pago de impuesto a la renta se incrementó más de 50 veces en el último año.   LA HORA ha publicado notas en las que, por un lado, se analiza el incremento por cada segmento de ingresos; y por otro lado, se puntualiza que solo 225.000 ecuatorianos pagan este impuesto.   En un país de desarrollo medio, al menos el 40% de la Población Económicamente Activa (PEA) debería pagar el impuesto a la renta. En Ecuador, el porcentaje no llega ni al 4%.   El problema de fondo, según Carlos Verdesoto, economista y asesor fiscal, es que el país tiene un bajo número de empresas, alta informalidad y una lucha no resuelta contra la evasión. Esto, sin embargo, no se soluciona de la noche a la mañana, mientras todos los días hay nuevas exigencias para más gasto público.   “La reforma tributaria de Lasso no es la mejor del mundo; tampoco significa un cambio integral como han propuesto sectores liberales desde hace años. Su real utilidad es tapar parte de los huecos fiscales. Se la debe juzgar en comparación a las opciones que se tenían dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, dijo. Cuando Lasso llegó al poder, una de las herencias que recibió fue la reforma tributaria acordada por Lenín Moreno en 2020.   Esa reforma incluía medidas como: subir 3 puntos al IVA; eliminar las devoluciones de IVA a personas de la tercera edad y universidades; gravar con impuesto a la renta al décimo tercero y cuarto sueldos; gravar impuestos adicionales a los combustibles, telecomunicaciones y otros servicios; bajar la base de pago del impuesto a la renta a los $1.200 mensuales, entre otros.   Ese paquete de medidas, de acuerdo con Roberto Rosero, abogado tributario, sí hubiera sido un golpe a toda la población, con mayor énfasis para los de menores ingresos.   “Lasso sí negoció con el FMI. Sí o sí se tenía que aprobar una reforma tributaria para compensar parte de los gastos extras hechos en la pandemia (contribuciones especiales); cubrir parte del aumento del gasto social y del impacto por el congelamiento de los combustibles. El Gobierno optó por la fórmula que consideró que afectaba a la menor cantidad de personas”, puntualizó.   Recaudación adicional La contribución patrimonial temporal, que fue pagada por 1.711 empresas, sumó $364,13 millones durante 2022. Ese número de empresas representa el 40% de las 4.234 registradas como grandes, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).   Hasta el 31 de marzo de 2023, esas mismas compañías tendrán que pagar la segunda parte de esa contribución. Así, en dos años, se recaudará alrededor de $728,26 millones.   Asimismo, 7.327 personas pagaron $183 millones por la contribución patrimonial temporal (una sola vez).   El total de las contribuciones sumarán alrededor de $911,26 millones. Ese monto representa menos del 0,8% del PIB y se destina a cubrir el hueco provocado por el mayor gasto sanitario durante la pandemia.   Por el lado del pago de impuesto a la renta de personas naturales, la recaudación adicional a mediano y largo plazos llegará a los $434 millones, es decir, menos del 0,4% del PIB.   El impacto es mucho menor si se compara con otras reformas tributarias en la región. La de Gustavo Petro en Colombia, por ejemplo, busca aumentar la recaudación en más del 3,5% del PIB a mediano plazo; y la fallida propuesta del presidente Gabriel Boric en Chile apuntaba a entre 4% y 5% del PIB.   Rosero recalcó que, a pesar de ser un esfuerzo menor, el descontento en Ecuador está muy ligado a la baja calidad del gasto público; y a los continuos escándalos por ineficiencia y corrupción.   “Uno de los principales pasivos de Lasso es la mala gestión y ejecución. La contratación pública es un desastre y las promesas de más inversión extranjera se enredan en la burocracia. Sin embargo, los esfuerzos en la lucha contra la evasión deberían ser más valorados”, afirmó. (JS)   La meta del Plan de Control Justo A través de todo el Plan de Control Justo, que incluye PCR tributarios y formalización de empresas de apuestas deportivas e influencers, el SRI apunta a generar una recaudación de alrededor de $1.200 millones. Esa recaudación es 32% de lo que se sacará por

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