La Hora .- A pesar de los avances reivindicados por el Gobierno, la brecha de uso es alta. La renegociación de los contratos con las operadoras móviles es un punto ciego.   Los altos costos, la falta de inversión, las intermitencias y fallas en el servicio,  entre otros aspectos, hacen que la brecha de uso en la economía ecuatoriana llegue al 49%, lo que supera en 18 puntos a la media regional de 31%.   Incluso se llega a duplicar la brecha de uso que se registra en países como Brasil y Costa Rica.   En otras palabras, según Verónica Rosales, ingeniera en telecomunicaciones, a pesar de los discursos oficiales, buena parte de la población se queda fuera de la conectividad móvil, debido a que no puede costear los planes vigentes y queda relegada por la oferta de servicios de un mercado con dos grandes operadoras privadas y una operadora pública.   El problema de la brecha de uso es una de las principales conclusiones del informe titulado ‘Brechas de conectividad en América Latina 2022’, elaborado por el Global System for Mobile Communications (GSMA).   De acuerdo con este estudio, para reducir esta brecha, además de contratos adecuados de concesión con las operadoras móviles, se necesitan medidas como eliminar o reducir impuestos específicos que encarecen los planes y los teléfonos celulares (IVA) para las personas de más bajos ingresos.   Además, también se deben considerar soluciones alternativas para ampliar la conectividad. Complementar el alcance de la cobertura fuera de las posibilidades del mercado con nuevos modelos de negocio como ‘Internet para Todos’ (Perú), la utilización de recursos financiados por el Estado como el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones (Chile) y otras soluciones innovadoras.   Asimismo, otra opción es ampliar la base de contribución de los Fondo de Servicio Universal (FSU), que se nutre con un porcentaje de la facturación de las operadoras móviles en Ecuador, para incluir a los agentes del ecosistema digital de Internet más amplio, así como presupuesto asignado proveniente directamente del sector público.   Índice de conectividad De 2018 a 2022, Ecuador subió tres puestos en el índice de Conectividad Móvil. El país actualmente tiene la ubicación 80 entre 170 países analizados. En Sudamérica, solo Bolivia y Venezuela están más abajo en el ranking.   La velocidad de descarga y subida de datos es hasta cinco veces menor que en los países más desarrollados.   Ecuador también saca baja calificación porque solo el 33% de su espectro está utilizado, lo que deja por fuera un importante espacio para mejorar y ampliar servicios.   En temas de infraestructura, el país ha pasado de una calificación de 59,83 sobre 100 en 2018 a 60,25 en 2022, es decir, una mejora de apenas 0,42 puntos.   Esto a pesar de que el Gobierno de Lasso ha resaltado un aumento sustancial en la inversión. Por ejemplo, en la rendición de cuentas de 2022, el Ministerio de Telecomunicaciones informó que se invirtió $904 millones: $19,21 millones desde el Estado; $885 millones de inversión privada y $400.000 de cooperación internacional.   La realidad, como ya publicó LA HORA, es que actualmente la cobertura de banda ancha móvil es del 70% en las ciudades; pero de apenas el 20% en las zonas rurales.   Además, aunque las dos grandes operadoras privadas tienen contratos vigentes desde 2008, todavía se registran constantes reclamos por la calidad del servicio, problemas de los clientes para cancelar planes, irregular cobertura, entre otros.   Renegociación sin avances El primero de junio de 2023, durante una entrevista con Ecuavisa, la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, aseguró que la renegociación de los contratos de concesión con las operadoras Claro y Movistar estaba cerrada en un 80%.   Esta declaración se dio sin abonar mayores detalles al respecto. LA HORA ha consultado al Ministerio de Telecomunicaciones sobre las condiciones al menos generales del proceso y cómo se va a evitar repetir los errores de negociaciones pasadas; pero no se ha podido obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.   En 2022, durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la cesada Asamblea, Maino reconoció que los acuerdos firmados en 2008 se volvieron obsoletos ante el rápido avance de la tecnología.   Asimismo, resaltó que era sumamente importante tener mejores contratos porque el mercado nacional no era atractivo para otros competidores.   “Existen 14’190.890 usuarios entre ambas empresas privadas. No tenemos al momento otras que quieran prestar el servicio. Si no se renuevan los contratos no tenemos cómo reemplazarlas”, dijo en ese momento la Ministra.   Sin embargo, el tema avanza de espaldas a la ciudadanía y ese hermetismo, de acuerdo con Rosales, abre la puerta para que candidatos como Yaku Pérez generen expectativas populistas sobre sacar miles de millones a las operadoras por la renovación de los contratos, o incluso nacionalizar el servicio.   “Además del costo cobrado por la concesión, los nuevos contratos deberían establecer mejores parámetros para asegurar la calidad del servicio, establecer mecanismos para verificar que se cumplan los compromisos firmados e incluso añadir sanciones más fuertes por incumplimientos”, aseveró.   LA HORA publicó que las operadoras privadas móviles pagaron multas de $183.261 por incumplimientos durante los últimos cuatro años. Ese monto es un porcentaje mínimo ante el movimiento del negocio.