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Ecuador: julio 24, 2024

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Ecuador, julio 24, 2024
Ecuador Continental: 14:09
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Ortega clausura 15 fundaciones, entre ellas una de atención a madres

Primicias .- Hasta la fecha, el gobierno de Nicaragua ha cerrado más de 3.500 fundaciones u organizaciones sin fines de lucro bajo el régimen de Daniel Ortega. En Nicaragua, el país donde hasta la vivienda de una reina de belleza es allanada, este 27 de noviembre el Gobierno cerró 15 organizaciones sin fines de lucro (ONG). La disolución de estas ONG fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua. Cinco de estas organizaciones fueron clausuradas por incumplimiento a las leyes que los regulan, mientras que las otras 10 fueron canceladas por disolución voluntaria. El gobierno de Daniel Ortega argumentó que cerró las cinco fundaciones de forma unilateral, por estar en incumplimiento de sus obligaciones, y obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro de Organismos sin Fines de Lucro. Con el cierre de estas 15 ONG, suman casi 3.500 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018, en contra del régimen de Ortega. Entre las fundaciones cerradas está la Asociación Casa Alianza, un centro de protección especial a madres adolescentes. Además, el Gobierno de Ortega señaló que comenzará con el traspaso de bienes inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto a los que solicitaron la disolución voluntaria. Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Ortega en las manifestaciones de 2018.

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Vladimir Putin justificó la detención de opositores rusos: “Todos deben seguir ciertas reglas”

Infobae .- El jefe del Kremlin defendió la represión. “Creo que debemos adoptar una determinada actitud hacia las personas que nos causan daño dentro del país”, declaró   Vladimir Putin defendió este sábado que la represión contra las voces críticas en el país “es necesaria” en el marco del “conflicto armado” con Ucrania, instando a todos los rusos a seguir “ciertas reglas”. “Estamos en 2023 y la Federación de Rusia está inmersa en un conflicto armado con un país vecino. Y creo que debemos adoptar una determinada actitud hacia las personas que nos causan daño dentro del país”, declaró el jefe del Kremlin durante una rueda de prensa con periodistas rusos. “Debemos tener en cuenta que para alcanzar el éxito, incluso en una zona de conflicto, todo el mundo debe seguir ciertas reglas”, añadió Putin. Rueda de prensa de Vladimir Putin en San Petersburgo tras la cumbre Rusia-África este 29 de julio de 2023 (Sergei Bobylyov/TASS Host Photo Agency vía REUTERS) El presidente ruso respondía así a la pregunta de un periodista que le pidió que comentara el reciente encarcelamiento de un director de teatro y un sociólogo. “Las personas fueron detenidas por las palabras que dijeron o escribieron. ¿Es esto normal?”, preguntó a Putin Andrei Kolesnikov, veterano reportero del diario Kommersant. Esta semana, las autoridades rusas detuvieron al destacado sociólogo Boris Kagarlitsky, de 64 años, y le acusaron de hacer llamamientos al terrorismo en Internet. En mayo, un tribunal de Moscú ordenó la detención de la directora teatral Yevgeniya Berkovich, de 38 años, acusada de “apología del terrorismo” por una obra premiada sobre mujeres rusas reclutadas por Internet para casarse con islamistas radicales en Siria. Putin dijo que no sabía quiénes eran Kagarlitsky y Berkovich. “Escucho estos nombres por primera vez y no entiendo realmente lo que hicieron o lo que les hicieron”, dijo Putin. “Sólo les hablo de mi actitud general ante el problema”. Las críticas a la ofensiva de Moscú en Ucrania están proscritas y la mayoría de los miembros destacados de la oposición liberal están en la cárcel o en el exilio. La semana pasada, las autoridades detuvieron al ex comandante separatista y bloguero nacionalista Igor Girkin, acusado de “extremismo”, tras criticar a Putin. Miles de personas anónimas, activistas e intelectuales, han recibido multas y fuertes penas de prisión por cuestionar al Kremlin y varios medios de comunicación rusos se vieron obligados a suspender sus actividades o a irse del país. Putin en la rueda de prensa en San Petersburgo este 29 de julio de 2023 (REUTERS) Condena por traición El miércoles pasado, el Tribunal de Moscú condenó a 14 años de prisión al fundador y consejero delegado de la compañía de ciberseguridad Group-IB, Iliá Sachkov, tras declararlo culpable de traición, un caso que ha suscitado preocupación en el sector tecnológico en Rusia. La acusación sostiene que entregó secretos de Estado a agencias de Inteligencia del extranjero, entre ellas Estados Unidos, según informó Bloomberg. “Imponer a Sachkov una pena de 14 años de privación de libertad que deberá cumplir en un penal de régimen severo”, señala la parte resolutiva de la sentencia, citada por la agencia Interfax. Además, tras el cumplimiento de la condena el empresario, de 37 años, que también fue multado con 500.000 rublos (5.550 dólares), estará un año en libertad condicional. Group-IB, que tiene sede en Singapur, proporciona soluciones dedicadas a detectar y prevenir ciberataques, identificar fraudes en línea, investigar delitos tecnológicos y proteger la propiedad intelectual. El fundador de la empresa de ciberseguridad Group-IB, Ilya Sachkov, permanece en un recinto para acusados detrás de sus abogados durante una vista judicial en Moscú, Rusia, el 26 de julio de 2023 (REUTERS) Sachkov, que fue nombrado en 2016 por la revista Forbes como uno de los emprendedores menores de 30 años más brillantes y al momento de su detención en septiembre de 2021 era miembro de comisiones de expertos de la Duma rusa (Cámara Baja) y del Ministerio de Exteriores, negó que haya transferido datos de inteligencia a servicios especiales extranjeros. En su momento, el defensor ruso de los derechos de los empresarios, Boris Titov, calificó la detención de Sachkov de “golpe crítico contra el sector y su atractivo inversor”, y alertó de que las empresas de tecnología de la información “empezarán a abandonar el país”.

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Las fuerzas de Maduro mataron a 9.465 personas en 10 años: “Institucionalizaron los asesinatos por parte del Estado”

INFOBAE .- La ONG Provea reveló la cifra registrada entre 2013 y 2023. “La Fiscalía de la CPI ya afirmó que en Venezuela efectivamente se han cometido crímenes de lesa humanidad”, denunció el coordinador de la organización, Marino Alvarado, en diálogo con Infobae   9.465 personas fueron asesinadas en Venezuela por policías y militares del régimen chavista en los diez años que lleva Nicolás Maduro al mando del país, según denunció este sábado la ONG Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos). “Maduro se convirtió en una catástrofe para los derechos humanos”, expresó la organización venezolana en Twitter y señaló que, en la última década, también documentó 40.351 violaciones al derecho a la integridad personal, que abarca malos tratos y tortura. Provea afirmó que agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) asesinaron a cientos de personas en Venezuela envalentonados por “la impunidad estructural” y “el discurso de mano dura que dio pie a la masacre por goteo”. En diálogo con Infobae, el abogado y activista Marino Alvarado -coordinador de investigación de Provea- explicó que es “imposible” saber con precisión cuántos de esos homicidas han sido condenados y cuántos casos de asesinatos han sido llevados a un tribunal porque “no hay posibilidad de acceder a los expedientes y la justicia venezolana no es trasparente informando el estado de los procesos judiciales”. Foto de archivo: Un soldado de la Guardia Nacional de Venezuela apunta su lanzagranadas desde un puente hacia los manifestantes de una protesta contra el régimen chavista en Caracas el 4 de abril de 2017 (AFP / JUAN BARRETO) “En la Justicia venezolana no hay ninguna voluntad de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, ya sean los crímenes cometidos mediante detenciones arbitrarias o las ejecuciones extrajudiciales en operativos de seguridad o en el contexto de protestas”, advirtió Alvarado. Pero señaló que la Fiscalia de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió su “investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela” en 2017 a raíz de toda la documentación que se le pudo hacer llegar con el trabajo de activistas y con los testimonios de familiares de las víctimas o las propias víctimas. “Luego, la CPI extendió el período a investigar desde 2014 a la actualidad ya afirmando que no son ‘presuntos’ crímenes sino que en Venezuela efectivamente se han cometido crímenes de lesa humanidad”, remarcó. Por otra parte, Alvarado también indicó cuáles fueron los dos períodos más duros de la represión del régimen de Maduro desde 2013. “Uno abarca del 2015 al 2017 con la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) y las matanzas de jovenes pobres que realizan policías y militares en esos denominados ‘operativos de seguridad’; que luego continuó la FAES (Fuerza de Acción Especial de la Policía) de 2017 hasta el 2022, cuando fue disuelta”, contó Alvarado, y consideró que allí comenzó “la institucionalización de los asesinatos por parte del Estado” debido a que “quedó evidenciado que las ejecuciones no eran casos aislados sino que constituían una política de Estado”. Provea denunció también que más de 250 trabajadores y dirigentes sindicales “han sido detenidos y/o judicializados durante la gestión de Maduro” (Foto: Reuters) “Después estuvo la represión del 2017, que tiene características distintas porque se cometió con un uso excesivo de la fuerza frente a la protesta social que dejó un saldo de 143 personas asesinadas en el contexto de las manifestaciones contra el gobierno. Pero no quiere decir que todos fueron asesinados por policías o militares porque también hubo una participación de colectivos (grupos paramilitares afines al chavismo)”, dijo Alvarado a Infobae, y recordó que las violaciones a derechos humanos del 2017 también fueron acompañadas con la “aplicación intensiva de justicia militar a civiles y el comienzo de la utilización de tribunales antiterroristas para asociar protesta social con terrorismo”. Nicolás Maduro cumplió el último viernes 10 años de su llegada al poder en el Palacio de Miraflores tras la muerte de Hugo Chávez y su victoria en las elecciones de 2013 con una diferencia de menos del 1% en los votos contra la oposición. “Una década oscura para los derechos humanos en Venezuela”, consideró Provea este sábado.

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