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Ecuador: julio 23, 2024

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Fiscalía abre investigación previa ante la entrega de ‘habeas corpus’ a uno de los procesados por el asesinato de Rubén Cherres

El Universo .- Álex M y José Z. son investigados como autores materiales del asesinato de Rubén Cherres y otras tres personas, ocurrido en la provincia de Santa Elena. Días después de que un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas aceptó el recurso de habeas corpus planteado por Álex M., uno de los dos procesados por el asesinato de Rubén Cherres y tres personas más en una vivienda ubicada en Punta Blanca (Santa Elena), la Fiscalía abre una investigación previa sobre estos hechos ante la posible existencia de un delito de acción pública. El 19 de octubre pasado se emitió la boleta de excarcelación de un hábeas corpus que fue concedido por supuestos problemas de diabetes e hipertensión y por una operación de urgencia de uno de los hombros del procesado. La decisión fue tomada por un voto de mayoría de los jueces de la Sala Laboral de la Corte del Guayas, transformados en jueces constitucionales, Gina Jácome y Jorge Lindao. El voto de minoría fue emitido por el juez Carlos Pinto. En esa línea y para arrancar la indagación, desde la Unidad de Fuero de Corte Nacional de la Fiscalía se envió un requerimiento de información al juez ponente del Tribunal que decidió respecto al habeas corpus. Le dio cinco días para que se remita copias certificadas del expediente de la acción constitucional de habeas corpus solicitada y resuelta.   La decisión de liberar a Álex M. mediante un recurso de habeas corpus fue apelada por el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (Snai) y se encuentran a la espera de que exista una audiencia en la que jueces superiores en la provincia del Guayas revisen la decisión. En lugar de la medida cautelar de prisión preventiva, con el habeas corpus otorgado Álex M. debe cumplir una presentación periódica tres veces por semana y tiene prohibido salir del país. Paralelamente a la investigación previa abierta ante un posible prevaricato de los jueces que aceptaron el hábeas corpus a Álex M., la Fiscalía informó que concluyó la instrucción fiscal por el delito de asesinato ocurrido contra Cherres y otros, hecho suscitado el 31 de marzo pasado en la provincia de Santa Elena. Ante ello pide día y hora para que se realice la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra Álex M y José Z. ambos detenidos en Guayaquil el 13 de julio último. Al momento del crimen, Chérres era un empresario que era requerido por la Fiscalía y buscado por la Policía, luego que fuera señalado de ser parte de una supuesta red de corrupción con empresas del Estado relacionadas con el sector eléctrico. También era investigado por mantener nexos con supuestos narcotraficantes albaneses. Según la policía, José Z. viajó en un vehículo con placas falsas junto con tres personas desde Guayaquil hasta un balneario ubicado en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Allí los había estado esperando Rubén Cherres y el otro sospechoso, Álex M. En una casa ubicada en el balneario de Punta Blanca, la mañana del 31 de marzo último, fueron encontrados maniatados y con signos de tortura los cuerpos sin vida del guardia de seguridad, de Joseline R., César A. y de Rubén Cherres. 

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Pese al asesinato de Rubén Chérres, Fiscalía avanza en casos Encuentro y León de Troya; Diana Salazar asegura existirían elementos que ayudarían a sostener una ‘posible acusación’

El Universo .- El asesinato de Rubén Chérres y de tres personas más ocurrieron el 31 de marzo pasado en una vivienda en Punta Blanca, provuincia de Santa Elena. “El hecho de que Rubén Chérres haya desaparecido ahora, no significa que desaparezcan los elementos con los que ya cuenta la Fiscalía para seguir avanzando en la investigación. Solamente ha desaparecido un presunto responsable, pero los hechos continúan y tenemos manera de llegar a la verdad”.   Lo dicho por la fiscal general Diana Salazar, este 4 de de abril, durante una comparecencia en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, terminó siendo la respuesta a interrogantes que se generaron tras el asesinato de Rubén Chérres y tres personas más, hechos ocurridos en una vivienda en Punta Blanca, provincia de Santa Elena, y conocidos la tarde del viernes 31 de marzo pasado.   Cuál sería el rumbo de las indagaciones abiertas en la Fiscalía bajo los nombres de caso Encuentro y caso León de Troya o si las causas penales que están en investigación previa se quedan sin piso con la muerte de Chérres, estaban entre las preguntas más comunes entre la gente.   Justamente, los siete asambleístas del bloque de la Revolución Ciudadana y los dos del Partido Social Cristiano que integran la Comisión de Participación buscaban no solo que la fiscal Diana Salazar, sino también que el ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante de la Policía Nacional, General, Fausto Salinas, informen respecto a las acciones ejecutadas sobre la orden de detención que pesaba en contra el hoy fallecido Chérres, así como den pormenores del asesinato. Ni Zapata, ni Salinas asistieron al llamado.   Aunque para correístas como la asambleísta Viviana Veloz, quien es una de las solicitantes del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, Chérres era un testigo clave dentro de los casos Encuentro y León de Troya, Salazar aclara que el hoy fallecido no era ningún “testigo clave” en el caso, sino era un sospechoso que podía haber avanzado, si las investigaciones lo ameritaban, a ser un procesado. Cherres, quien era amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, era uno de los directos investigados por supuestos actos de corrupción en empresas públicas del sector eléctrico, caso denominado Encuentro, y también por presuntos vínculos con negocios relacionados con el narcotráfico y la mafia albanesa, caso llamado León de Troya. Como parte de la primera causa, desde el 21 de enero pasado el empresario Chérres mantenía una orden de detención. Según Salazar, las investigaciones siguen su marcha sin habérselas unificado, es decir, tanto el caso Encuentro como León de Troya son manejadas de forma autónoma por dos fiscales de los cuales no se reveló su nombre, pese a que así lo pidió una asambleísta de la Comisión de Participación Ciudadana. “Entendamos que estos son hechos graves y sensibles y tenemos que proteger la identidad de los fiscales que están conociendo cada una de las causas”, refirió.   Al no existir entre los sospechosos personas con fuero de Corte Nacional, ninguna de estas causas están en manos de Salazar. Fiscales de las unidades especializadas en Delincuencia Organizada (Unidot) y de Indagaciones Previas del despacho de la Fiscalía General llevan las investigaciones que el caso Encuentro inició mediante un parte policial remitido por la Unidad de Investigación de la Fiscalía General; y que el caso León de Troya arrancó por un parte de la Unidad Contra el Tráfico Interno (UCTI) de la Policía.   Según la Fiscalía, dentro del expediente del caso Encuentro se habrían realizado, desde enero hasta inicios de abril últimos, 487 requerimientos de información, 97 señalamientos de versiones -de las cuales se ha receptado 23-, seis incautaciones, doce allanamientos y se han solicitado cerca de 16 autorizaciones judiciales.   “Estas actuaciones investigativas evidencian el trabajo técnico, jurídico y responsable que ha venido desplegando la Fiscalía, cuyos resultados han permitido obtener 56 indicios generales respecto a la materialidad y presuntas responsabilidades. Es decir, estamos avanzando y vamos por buen camino. También se han recabado 54 indicios electrónicos, los mismos que están siendo sometidos a pericias informáticas. (…) No puedo informar los detalles, pero sí se puede indicar, sin poner en riesgo el avance de la investigación, que hemos encontrado elementos muy importantes que nos ayudarán a sostener una presunta acusación”, aseveró Salazar.   Como parte del caso León de Troya, informó la Fiscalía, el 27 de febrero se obtuvo la autorización judicial para continuar con la investigación previa y el 6 de marzo pasado se dio la delegación a la Unidad Especializada en Investigaciones de la Fiscalía General. En este tiempo se han emitido 55 impulsos en los cuales, entre otras cosas, se ha solicitado la lista de agentes y oficiales que fueron designados a esta investigación previa en el caso León de Troya y que participaron realizando los seguimientos y vigilancias, para que den cuenta a la Fiscalía de cuál fue su actuación.   Para esta misma investigación previa se habría solicitado al fiscal de la Sala de Interceptación Telefónica den acceso para que los nuevos agentes policiales de la ULCO designados puedan analizar 5.531 audios que forman parte de la investigación León de Troya.   Ni en lo referente a Encuentro o León de Troya la fiscal Diana Salazar ahondó en detalles. Indicó que al estar ambos casos en investigación previa, existe una prohibición legal que obliga a mantener la reserva en las actuaciones que se realizan.   La Fiscalía mantiene una tercera investigación abierta en relación a Rubén Chérres. Está última estaría encaminada a definir los responsables materiales e intelectuales de los cuatro asesinatos ocurridos en Santa Elena.   Ante la sensibilidad, la gravedad, la magnitud y trascendencia de los hechos que rodean el asesinato de Chérres la investigación previa de este caso fue desplazada a la ciudad de Quito. La etapa preprocesal será conocida e impulsada por uno de los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot). 

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