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Ecuador: julio 15, 2024

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Ecuador, julio 15, 2024
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El Supremo de EE UU da una victoria a Trump y no decidirá de urgencia sobre su inmunidad

El País .- El fiscal especial, Jack Smith, había pedido una decisión rápida para mantener el calendario del juicio en Washington por el intento de expresidente alterar el resultado de las presidenciales de 2020. El fiscal especial Jack Smith había rogado a los jueces del Tribunal Supremo que se dieran prisa en decidir sobre si Donald Trump goza de inmunidad por sus intentos de subvertir el resultado electoral de las presidenciales de 2020 y por su participación en los hechos que llevaron al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando aún era presidente. Este viernes, el alto tribunal se ha negado a hacerlo, tal y como querían (y pidieron) esta semana los abogados de Trump. Cabe interpretar esa decisión como una victoria para la defensa del magnate. En un movimiento poco habitual, Smith aspiraba a que el proceso se saltara el paso del tribunal de apelaciones y fuera directamente al Supremo para poder cumplir así el plazo que se habían dado para el juicio que se sigue contra Trump en Washington por su papel después de perder ante las urnas de un modo legítimo ante Joe Biden. Tras las noticias de este viernes, es muy poco probable que se vaya a celebrar el 4 de marzo, como estaba previsto. Lo que es casi seguro es que el caso terminará en el Supremo de todas manera, aunque no inmediatamente, sino dentro de semanas o meses. El escrito de 81 páginas con el que el fiscal especial Smith pretendía pisar el acelerador decía: “Este caso presenta una cuestión fundamental en el corazón de nuestra democracia: si un expresidente tiene absoluta inmunidad contra un procesamiento federal por delitos cometidos mientras estaba en el cargo o si [por el contrario] está constitucionalmente protegido. (…) Estados Unidos [a quien Smith representa] reconoce que se trata de una solicitud extraordinaria. Pero este es un caso extraordinario”. Smith tiraba de memoria histórica en ese texto, al recordar que a otro presidente en apuros, Richard Nixon, sí se le apremió para que entregara las cintas con las escuchas ilegales en la Casa Blanca que provocaron su dimisión en 1974 por el caso Watergate. Trump había defendido sin éxito esa “inmunidad absoluta” ante la jueza federal que instruye su caso en Washington, Tanya S. Chutkan, que se negó tajantemente al archivo del caso. “El texto, la estructura y la historia de la Constitución no apoyan ese argumento. Ningún tribunal, ni ningún otro poder del Estado, lo ha aceptado nunca. Y este tribunal no lo hará. Cualesquiera que sean las inmunidades de que pueda disfrutar un presidente en ejercicio, Estados Unidos solo tiene un jefe del Ejecutivo a la vez, y ese cargo no confiere un salvoconducto de por vida para evitar la cárcel”, indicó Chutkan en su resolución. “Interés partidista” Cuando los abogados del expresidente se dirigieron al Supremo para convencer a sus nueve magistrados, seis conservadores y tres progresistas, tres de los cuales fueron nombrados en tiempos del magnate republicano en la Casa Blanca, acusaron a Smith de confundir el interés público con el “interés partidista de asegurar que Trump será sometido a un juicio penal de un mes de duración en plena campaña presidencial en la que es el principal candidato y el único opositor serio [a Biden]”. La fecha del 4 de marzo era especialmente simbólica en un año que todo indica que Trump pasará del mitin al juzgado. Al día siguiente, se celebra el supermartes, el día clave de las primarias en las que se eligen una mayor cantidad de delegados para la designación del candidato presidencial en la convención republicana. El magnate lidera con holgura todas las encuestas, frente a sus dos principales rivales: Nikki Haley y Ron DeSantis. Hay otro juicio previsto para marzo, que en realidad es el de su primera imputación, por las falsedades mercantiles en los pagos para ocultar escándalos que temía que arruinasen su campaña de las presidenciales de 2016. Entre ellos, a la actriz porno Stormy Daniels, para silenciar una supuesta aventura extramatrimonial que él niega. Este está programado ante un tribunal del Estado de Nueva York, durante cinco semanas a partir del 25 de marzo de 2024. Luego llegaría el caso por los papeles de Mar-a-Lago, en el que está acusado por delitos contra la ley de espionaje y obstrucción a la justicia por retener en su poder de manera ilícita material clasificado tras su marcha de la Casa Blanca. La jueza del Distrito Sur de Florida ha previsto sentarlo en el banquillo durante cinco semanas desde el 20 de mayo de 2024, aunque también es probable que se retrase. Por último, está pendiente de fecha el juicio en Atlanta (Georgia) Georgia por su intento de puchero electoral en ese Estado, que le valió a Biden gran parte de su presidencia. Más o menos una hora después de conocerse la decisión del alto tribunal de este viernes, la campaña de Trump actuó fiel a sí misma: aprovechando la ocasión para pedir dinero. En un correo electrónico titulado (en mayúsculas) LA VICTORIA DEL SUPREMO, se podía leer: “La Corte Suprema acaba de NEGAR la solicitud de emergencia del fiscal Biden de ROBARME mi derecho a la inmunidad presidencial. Pero la batalla NO ha terminado… Todavía tendré que luchar por mis derechos en el Tribunal de Apelaciones, ya que el fiscal especial de Biden hará todo lo que esté a su alcance para acelerar mi juicio falso y CONDENARme erróneamente antes de las elecciones de 2024. En este momento crucial, pido humildemente tu apoyo, Patriota”.

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El Supremo de EE UU se inclina por mantener el blindaje de las redes sociales por su contenido

EL PAÍS .- Los jueces se resisten a responsabilizar a las plataformas por los mensajes y vídeos publicados en ellas por grupos terroristas   La jueza Elena Kagan se sinceró el martes: “Somos un tribunal. Realmente no sabemos de estas cosas. Ya sabe, estos no son los nueve mayores expertos en Internet”. El Tribunal Supremo de Estados Unidos estaba analizando el alcance de “las 26 palabras que han creado el internet de hoy”, como las definió el abogado de Google (copiando una expresión usada muchas veces). Se trata del artículo que permite a las plataformas y redes sociales vetar contenido que consideren inapropiado y que al tiempo las blinda de responsabilidad frente a los contenidos que suban terceros. Tanto en esa vista del martes como en la celebrada este miércoles, los jueces parecieron inclinarse por mantener ese blindaje.   Se debatían dos casos diferentes. En el del martes estaba en el punto de mira si las recomendaciones del algoritmo de YouTube (y por extensión de cualquier red social) están protegidas igual que los propios contenidos de terceros. Los familiares de Nohemi Gonzalez, una de las víctimas de los atentados del Estado Islámico que conmocionaron París el 13 de noviembre de 2015, en la sala de conciertos Bataclan y otros lugares de la capital francesa, demandaron a Google, dueño de YouTube, por la difusión de vídeos del Estado Islámico.   En el caso cuya vista se celebró este miércoles, se analizaba si las redes sociales en general, y Twitter como primer demandado en particular, habían favorecido el desarrollo de ciertas organizaciones terroristas. En este caso la demanda la presentaban los familiares de una víctima del atentado terrorista contra la discoteca Reina de Estambul en el que murieron 39 personas en la fiesta de Nochevieja de 2016, año nuevo de 2017. La norma a debate, y de cuya interpretación depende el futuro de internet, es el famoso artículo 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, que establece: “Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como editor o difusor de información facilitada por otro proveedor de contenidos informativos”.   Los jueces del Supremo no serán los mayores expertos en internet, como reconocía Kagan, pero dejaron entrever su postura. El hecho de que hubiesen admitido los dos casos a la vez y las dudas expresadas en el pasado sobre esa descarga de responsabilidad llevaban a pensar en que abordaban los casos dispuestos a cambiar la interpretación de la norma. Sin embargo, de lo escuchado en estos dos últimos días se deduce que se inclinan por mantener ese blindaje.   En el primer caso, Gonzalez contra Google, el abogado de los el de los familiares de Nohemi Gonzalez ha ido cambiando de argumentos. Al final, su queja se centraba en la forma en que el algoritmo de YouTube invita a quienes ven vídeos del Estado Islámico a ver otros similares. “En algunas circunstancias, la forma en que se organizan o presentan los contenidos de terceros podría transmitir otra información del propio demandado”, dijo, reduciendo su argumentación a las miniaturas que sugiere la plataforma mientras se ve otro vídeo.   Los jueces mostraron enseguida su escepticismo. Clarence Thomas y otros jueces dijeron que les parecía normal que YouTube mostrase vídeos de gatos a quienes ven vídeos de gatos, o de cocina a los que ven vídeos de cocina o de carreras o del ISIS… “Creo que tiene que darnos un ejemplo más claro de lo que quiere decir exactamente”, le retó. John Roberts, presidente del tribunal, también manifestó que le costaba hacer responsable a Google si lo que hay es un algoritmo genérico, no uno destinado a promocionar el contenido terrorista.   Elena Kagan se manifestó en esa misma línea: “Esta es una disposición prealgoritmo y todo el mundo está haciendo todo lo posible para averiguar cómo se aplica en un mundo post-algoritmo”, dijo, para luego concluir: “Los algoritmos son endémicos de Internet, que cada vez que alguien mira algo en Internet, hay un algoritmo involucrado”.   La jueza Sonia Sotomayor reprochó al letrado que en su demanda, un párrafo tras otro, aseguraba que TouTube era responsable por no haber retirado el vídeo de su plataforma y, sin embargo, en la vista admitía ahora que no tenía por qué hacerlo y que el problema estaba en que su algoritmo lo recomendase verlo. “¿Los proveedores de Internet pueden ser responsables de qué? ¿De mostrarme el siguiente vídeo similar al que estoy viendo?”, preguntó escéptica.   Aunque el abogado de la familia González insistió en que cuando la plataforma empieza a sugerir cosas que no has pedido expresamente ya no debería estar blindada, no parecía convencer a los jueces. “No entiendo cómo una sugerencia neutral sobre algo en lo que has expresado interés es complicidad [con el terrorismo]. Estoy intentando que nos explique cómo algo que es estándar en YouTube para prácticamente cualquier cosa en la que tengas interés de repente equivale a complicidad porque estás en la categoría Estado Islámico”, le dijo Thomas.   El juez Samuel Alito también pareció rechazar esa argumentación: “Me temo que estoy completamente confundido con el argumento que está esgrimiendo. (…) ¿Está actuando [Youtube] como un editor solo por mostrar estas miniaturas de vídeos de ISIS después de una búsqueda de vídeos de ISIS?”, dijo, reduciendo al absurdo el argumento: “¿Así que si quieren que ese artículo les proteja, no deberían usar miniaturas?”   Sonia Sotomayor y Elena Kagan dijeron que quizá haya un punto intermedio entre esa argumentación tan floja de las miniaturas y no poner límite alguno. Ante la necesidad de trazar esa línea divisoria, Kagan se preguntó: “¿No es eso algo que debe hacer el Congreso, no el Tribunal?”   La norma se dictó en 1996, cuando no existía ni Google, ni Youtube, ni Facebook ni Twitter. Demócratas y republicanos han pedido modificarla, con diferentes argumentos. Y en esto, como señaló el juez Neil Gorsuch, el siguiente paso es la inteligencia artificial: “En un mundo post-algoritmo, la inteligencia artificial puede generar algunas formas de contenido. Genera poesía. Genera polémicas (…) Eso

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