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Ecuador: julio 18, 2024

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Ecuador, julio 18, 2024
Ecuador Continental: 08:39
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Trump recurre ante el Tribunal Supremo su exclusión de las primarias de Colorado

El País .- El expresidente sostiene que el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 “no fue una insurrección” Donald Trump es el asunto estrella del año en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Aunque ya hay varios casos que le afectan de forma directa o indirecta, el recurso presentado este miércoles por el expresidente definirá el futuro electoral de Estados Unidos. Trump ha recurrido ante los jueces su exclusión de las papeletas electorales en las primarias de Colorado, una decisión tomada también en Maine y que podría ser replicada por otros estados. Hay más de una treintena en los que su participación está impugnada. Los magistrados tendrán que decidir si debe dejarse a Trump al margen de las elecciones por haber participado en una insurrección, en referencia a sus intentos de alterar el resultado electoral de las elecciones de 2020, que perdió frente a Joe Biden, y que desembocaron en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. En su recurso, Trump sostiene que aquello no fue una insurrección. La presentación del recurso se daba por segura. El expresidente y ahora candidato tenía de plazo hasta este jueves 4 de enero para acudir al Supremo, que cuenta con una supermayoría conservadora de seis de los nueve jueces, tres de ellos nombrados por el propio Trump durante su presidencia. El recurso se suma a otro presentado por el Partido Republicano de Colorado la semana pasada. Llega además al día siguiente de otro presentado por Trump ante el Tribunal Superior de Maine contra su exclusión en las primarias de dicho estado. En ambos Estados las primarias se celebran el próximo 5 de marzo, el conocido como Supermartes, la fecha en que se eligen más de un tercio de los delegados que designarán al candidato presidencial republicano. El Tribunal Supremo de Colorado decidió por cuatro votos a tres que a Trump se le debía aplicar la sección tercera de la 14ª enmienda, declarándole inelegible para el cargo de presidente por haber participado en una insurrección. Por tanto, decidieron que su nombre no debería figurar en las papeletas de las elecciones primarias de cara a las presidenciales del 5 de noviembre de 2024. El recurso de 43 páginas elevado al Supremo comparte los argumentos del presentado ante el Tribunal Superior de Maine. Los recursos ante el Alto Tribunal se formulan como preguntas y en este caso la cuestión es directa: “¿Se equivocó el Tribunal Supremo de Colorado al ordenar excluir al presidente Trump de las presidenciales de 2024?”. “En nuestro sistema de ‘gobierno del pueblo, por el pueblo, [y] para el pueblo’, el fallo de Colorado no es ni puede ser correcto. Este Tribunal debe admitir el recurso para considerar esta cuestión de suma importancia, revocar sumariamente la sentencia del Tribunal Supremo de Colorado y devolver a los votantes el derecho a votar por el candidato de su elección”, dice el escrito. “La cuestión de la elegibilidad para servir como presidente de los Estados Unidos está debidamente reservada al Congreso, no a los tribunales estatales, para considerar y decidir. Al considerar la cuestión de la elegibilidad del presidente Trump y excluirlo de la votación, el Tribunal Supremo de Colorado se arrogó la autoridad del Congreso”, argumentan los abogados. Una “protesta política” El recurso dice que el tribunal de Colorado se equivocó en cómo describió el papel del presidente Trump en los acontecimientos del 6 de enero de 2021. “No fue una ‘insurrección’ y el presidente Trump de ninguna manera ‘participó’ en una ‘insurrección”, señala la introducción del escrito. Más adelante, en el cuerpo del recurso, los abogados de Trump insisten en que “los sucesos del 6 de enero de 2021 no fueron una ‘insurrección’ en el sentido en que se utiliza ese término en la sección tercera [de la 14ª Enmienda]”. “Insurrección’, tal como se entendía en el momento de la aprobación de la 14ª Enmienda, significaba tomar las armas y hacer la guerra a los Estados Unidos. Cuando se considera en el contexto de la época, esto tiene sentido. Estados Unidos había sufrido una horrible guerra civil en la que murieron más de 600.000 combatientes, y la propia supervivencia de la nación estaba en entredicho”, continúa el recurso. Es una enmienda aprobada en 1868, tres años después del final de la Guerra Civil, que pretendía impedir que los rebeldes confederados ocupasen posiciones de poder. El asalto al Capitolio, en cambio, según los argumentos de la defensa de Trump, no es propio de una insurrección, sino que se engarza en la “larga historia de protestas políticas que se han vuelto violentas” en Estados Unidos. “En el contexto de la historia de las violentas protestas políticas estadounidenses, el 6 de enero no fue una insurrección y, por tanto, no había justificación para invocar la sección tercera”, dice el recurso. El escrito sostiene que, en todo caso, incluso si se consideraran aquellos actos una insurrección, el entonces presidente no habría participado en ella: “El presidente Trump nunca dijo a sus seguidores que entraran en el Capitolio, ni en su discurso en la Elipse [desde donde partieron los asaltantes tras el mitin] ni en ninguna de sus declaraciones o comunicaciones antes o durante los actos en el Capitolio”, señalan, pese a la retórica incendiaria de Trump de aquel día. El texto de la norma Además, los abogados se detienen en el análisis del texto legal para concluir que no es aplicable al caso actual. La sección tercera de la 14ª enmienda señala: “No podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, ni desempeñará cargo civil o militar alguno bajo la autoridad de Estados Unidos o de cualquier Estado, quien, habiendo jurado previamente apoyar la Constitución de Estados Unidos como miembro del Congreso, como funcionario de Estados Unidos o como miembro de la Asamblea Legislativa de cualquier Estado o como funcionario ejecutivo o judicial del mismo haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra Estados Unidos o haya prestado ayuda o facilidades a los enemigos del país”. Añade que ese veto podrá ser levantado por el Congreso

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El Supremo de EE UU da una victoria a Trump y no decidirá de urgencia sobre su inmunidad

El País .- El fiscal especial, Jack Smith, había pedido una decisión rápida para mantener el calendario del juicio en Washington por el intento de expresidente alterar el resultado de las presidenciales de 2020. El fiscal especial Jack Smith había rogado a los jueces del Tribunal Supremo que se dieran prisa en decidir sobre si Donald Trump goza de inmunidad por sus intentos de subvertir el resultado electoral de las presidenciales de 2020 y por su participación en los hechos que llevaron al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando aún era presidente. Este viernes, el alto tribunal se ha negado a hacerlo, tal y como querían (y pidieron) esta semana los abogados de Trump. Cabe interpretar esa decisión como una victoria para la defensa del magnate. En un movimiento poco habitual, Smith aspiraba a que el proceso se saltara el paso del tribunal de apelaciones y fuera directamente al Supremo para poder cumplir así el plazo que se habían dado para el juicio que se sigue contra Trump en Washington por su papel después de perder ante las urnas de un modo legítimo ante Joe Biden. Tras las noticias de este viernes, es muy poco probable que se vaya a celebrar el 4 de marzo, como estaba previsto. Lo que es casi seguro es que el caso terminará en el Supremo de todas manera, aunque no inmediatamente, sino dentro de semanas o meses. El escrito de 81 páginas con el que el fiscal especial Smith pretendía pisar el acelerador decía: “Este caso presenta una cuestión fundamental en el corazón de nuestra democracia: si un expresidente tiene absoluta inmunidad contra un procesamiento federal por delitos cometidos mientras estaba en el cargo o si [por el contrario] está constitucionalmente protegido. (…) Estados Unidos [a quien Smith representa] reconoce que se trata de una solicitud extraordinaria. Pero este es un caso extraordinario”. Smith tiraba de memoria histórica en ese texto, al recordar que a otro presidente en apuros, Richard Nixon, sí se le apremió para que entregara las cintas con las escuchas ilegales en la Casa Blanca que provocaron su dimisión en 1974 por el caso Watergate. Trump había defendido sin éxito esa “inmunidad absoluta” ante la jueza federal que instruye su caso en Washington, Tanya S. Chutkan, que se negó tajantemente al archivo del caso. “El texto, la estructura y la historia de la Constitución no apoyan ese argumento. Ningún tribunal, ni ningún otro poder del Estado, lo ha aceptado nunca. Y este tribunal no lo hará. Cualesquiera que sean las inmunidades de que pueda disfrutar un presidente en ejercicio, Estados Unidos solo tiene un jefe del Ejecutivo a la vez, y ese cargo no confiere un salvoconducto de por vida para evitar la cárcel”, indicó Chutkan en su resolución. “Interés partidista” Cuando los abogados del expresidente se dirigieron al Supremo para convencer a sus nueve magistrados, seis conservadores y tres progresistas, tres de los cuales fueron nombrados en tiempos del magnate republicano en la Casa Blanca, acusaron a Smith de confundir el interés público con el “interés partidista de asegurar que Trump será sometido a un juicio penal de un mes de duración en plena campaña presidencial en la que es el principal candidato y el único opositor serio [a Biden]”. La fecha del 4 de marzo era especialmente simbólica en un año que todo indica que Trump pasará del mitin al juzgado. Al día siguiente, se celebra el supermartes, el día clave de las primarias en las que se eligen una mayor cantidad de delegados para la designación del candidato presidencial en la convención republicana. El magnate lidera con holgura todas las encuestas, frente a sus dos principales rivales: Nikki Haley y Ron DeSantis. Hay otro juicio previsto para marzo, que en realidad es el de su primera imputación, por las falsedades mercantiles en los pagos para ocultar escándalos que temía que arruinasen su campaña de las presidenciales de 2016. Entre ellos, a la actriz porno Stormy Daniels, para silenciar una supuesta aventura extramatrimonial que él niega. Este está programado ante un tribunal del Estado de Nueva York, durante cinco semanas a partir del 25 de marzo de 2024. Luego llegaría el caso por los papeles de Mar-a-Lago, en el que está acusado por delitos contra la ley de espionaje y obstrucción a la justicia por retener en su poder de manera ilícita material clasificado tras su marcha de la Casa Blanca. La jueza del Distrito Sur de Florida ha previsto sentarlo en el banquillo durante cinco semanas desde el 20 de mayo de 2024, aunque también es probable que se retrase. Por último, está pendiente de fecha el juicio en Atlanta (Georgia) Georgia por su intento de puchero electoral en ese Estado, que le valió a Biden gran parte de su presidencia. Más o menos una hora después de conocerse la decisión del alto tribunal de este viernes, la campaña de Trump actuó fiel a sí misma: aprovechando la ocasión para pedir dinero. En un correo electrónico titulado (en mayúsculas) LA VICTORIA DEL SUPREMO, se podía leer: “La Corte Suprema acaba de NEGAR la solicitud de emergencia del fiscal Biden de ROBARME mi derecho a la inmunidad presidencial. Pero la batalla NO ha terminado… Todavía tendré que luchar por mis derechos en el Tribunal de Apelaciones, ya que el fiscal especial de Biden hará todo lo que esté a su alcance para acelerar mi juicio falso y CONDENARme erróneamente antes de las elecciones de 2024. En este momento crucial, pido humildemente tu apoyo, Patriota”.

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Los indígenas de Brasil logran una victoria vital en los tribunales frente al agronegocio

El País .- Los indigenas de Brasil, descendientes de quienes habitaban estas tierras antes de la conquista o de que alguien contemplara la mera noción de convertirlas en un país, se han anotado este jueves una victoria vital para sus pueblos y el medioambiente. La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo ha rechazado este jueves por nueve a dos la tesis defendida por el lobby del sector agropecuario que reclamaba establecer un límite temporal a la reclamación de tierras por parte de los indígenas. Este proceso judicial, que se empezó a juzgar en la máxima corte en 2021, tiene desde entonces en vilo a las organizaciones de nativos y medioambientales porque las reservas indígenas son cruciales para preservar la vasta cultura de los pueblos originarios, pero también para proteger la naturaleza y la biodiversidad tanto en la Amazonia como en los estados en los que avanzan cultivos y ganado. Representantes de los indígenas han seguido este juicio que consideran histórico desde la propia sala del Supremo, en Brasilia. Durante dos años, cada una de las vistas celebradas largos intermedios han levantado enorme expectación porque este caso sienta jurisprudencia. Y, por tanto, el resultado tiene enormes repercusiones para los indígenas, por supuesto, pero también para el sector agropecuario, el más dinámico de la economía, el que más crece y más empleo genera. De nuevo en este polarizado Brasil, la máxima corte ha quedado dividida en bandos ideológicos. Los dos jueces que han votado a favor de la tesis del agronegocio son los dos que nombró el anterior presidente, Jair Bolsonaro, de extrema derecha, que rechazó demarcar ni un solo centímetro de nuevas tierras para los nativos o la biodiversidad. El lobby del agroengocio pretendía que los indígenas no pudieran reclamar territorios en los que no estuvieran asentados el día que se promulgó la Constitución, es decir, el 5 de octubre de 1988. Su argumento era que con ese límite temporal se podrían resolver innumerables disputas por tierras y dar seguridad jurídica a los productores agropecuarios. Para los nativos, imponer esa restricción hubiera significado legalizar múltiples expulsiones ocurridas antes de esa fecha, sobre todo durante la dictadura, que acabó en 1985. Los indígenas son una pequeñísima minoría de los brasileños (1,7 millones entre los que viven en las aldeas y e las ciudades) y sus tierras suponen más del 13% del territorio. Y en ellas ejercen una función vital para el planeta porque son siemre las áreas donde la naturaleza está mejor preservada. En las imágenes tomadas por satélites en la Amazonia o en otros ecosistemas las tierras indígenas y las reservas naturales son fáciles de identificar porque suele ser islas verdes. “¡Victoria! Derrotamos la tesis jurídico-política del marco temporal”, ha proclamado en una nota la APIB, la organización que aglutina a los pueblos indígenas de Brasil y que hasta hace unos meses dirigía Sonia Guajajara, ahora ministra de los Pueblos Indígenas en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. De todos modos, la APIB alerta de que a lo largo del proceso judicial han asomado algunos peligros como la posibilidad de que los productores agropecuarios deban ser indemnizados. “Nuestro derecho originario está garantizado, pero existen en el debate del Supremo cuestiones que nos amenazan”, afirma la APIB en la nota para añadir que “la propuesta de indemnización sobre la tierra desnuda puede inviabilizar las demarcaciones y el usufructo exclusivo de las tierras indígenas, que también es un derecho inviolable”. El proceso de demarcación de tierras indígenas fue intensísimo en los primeros años después de que, en 1985, Brasil recuperara la democracia. Pero hace una década se frenó por la crisis político, social y económica que atravesó el país y en los últimos cuatro años estuvo completamente paralizado. El militar retirado Jair Bolsonaro prometió en su primera campaña presidencial no legalizar “un solo centímetro de tierra indígena” y cumplió su palabra. Lula ha retomado el proceso pero a un ritmo mucho más tímido de lo que los indígenas y los ambientalistas hubieran deseado. Retomó la creación de tierras indígenas con ocho áreas cuidadosamente elegidas entre la larga lista de solicitudes porque evitó aquellas que pudieran resultar más conflictivas tanto en términos políticos como jurídicos. El caso que ahora ha juzgado el Supremo atañe a una tierra concreta del Estado de Santa Catarina, al sur del país. En 2009 un juez de primera instancia le arrebató al territorio Ibirama-Laklano la condición de reserva indígena con el argumento de que los nativos no estaban allí el día que entró en vigor la Constitución que reconoce a los aborígenes el derecho sobre sus tierras, incluida la explotación en exclusiva. Bolsonaro fracasó en el intento de permitir que los foráneos también pudieran explotar esas riquezas. El presidente Lula y su Gobierno estaban a la espera de lo que el Supremo decidiera en este caso. Pero la decisión de la máxima corte no es un punto final al asunto. Porque el lobby del agro ha buscado una vía alternativa para lograr su objetivo, el Senado, que debate un proyecto de ley al respecto. Está previsto que sus señorías lo voten la semana que viene.

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