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Ecuador: julio 26, 2024

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Ecuador, julio 26, 2024
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Cpccs acepta pedido de Noboa para retirar terna para Superintendente de Protección de Datos

Primicias .- La terna de Guillermo Lasso para Superintendente de Protección de Datos habpia generado tensiones entre él y su sucesor Daniel Noboa. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aprobó la solicitud de retiro de la terna para Superintendente de Protección de Datos, la cual fue presentada por el expresidente Guillermo Lasso. A la cabeza de la terna estaba Vianna di María Maino, quien fue ministra de Telecomunicaciones de Lasso y lo acompañó desde que arrancó su gestión, en mayo de 2021. El pedido de retiro fue entregado por el actual mandatario, Daniel Noboa. Tras la decisión de aceptar el retiro, el 7 de diciembre, el Cpccs pedirá a Noboa que envíe una nueva terna para la designación de Superintendente de Protección de Datos. Nicole Bonifaz, presidenta del Cpccs, es la única autoridad que se abstuvo de votar sobre el retiro de la terna. Justificó su decisión en “la necesidad de contar con un informe jurídico previo”. Discordia entre Lasso y Noboa La solicitud de Noboa al Cpccs se da después del envío de la terna haya generado tensiones entre él y Lasso. El 14 de noviembre, a dos semanas de su posesión, Noboa le pidió al presidente saliente que desista de hacer nuevas designaciones o contratos. “El gobierno saliente está realizando gestiones en el Cpccs (Consejo de Participación) para nombrar, entre gallos de media noche, a un nuevo Superintendente de Datos”, escribió Noboa en su red social X. Y agregó que todo lo que se realice de manera ‘inconsulta’ durante el periodo de transición “será revisado, investigado y examinado”. Lasso, quien dejaría el cargo tras decretar la muerte cruzada y convocar a elecciones extraordinarias, respondió por la misma vía. Aclaró que la terna fue enviada el 29 de mayo, pero tuvo que reenviar una nueva lista, que llegó al Cpccs el 23 de octubre, tras la renuncia de uno de los miembros. Rol de la Superintendencia de Protección de Datos La Superintendencia de Protección de Datos Personales tiene la misión de hacer cumplir la Ley de Protección de Datos Personales, que entró en vigor el 26 de mayo de 2021. La norma otorgó dos años a las empresas para implementar nuevas medidas de protección de datos y adaptarse a todo lo que estipula la ley. El plazo se cumplió el 26 de mayo de 2023, desde ese momento tanto empresas públicas como privadas pueden recibir sanciones administrativas y multas que van hasta el 1% de la facturación anual por incumplimientos a la norma. La Superintendencia de Protección de Datos será la encargada de sancionar a las empresas responsables o encargadas del manejo de datos personales.

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Ley de Protección de Datos Personales todavía no contempla imponer sanciones a empresas y entes públicos, según ministra de Telecomunicaciones

El Universo .- Vianna Maino, titular de esta cartera de Estado, indicó en un evento que la adaptación a las indicaciones a la ley sigue siendo un proceso en curso. En un evento realizado este viernes 27 de octubre por Asociación de Bancos Privados del Ecuador y el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la ministra de esta cartera de Estado, Vianna Maino, indicó que todavía no se aplica el régimen sancionatorio de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDP), que busca regular cómo fluye la información de titulares de derechos entre empresas privadas y entes del sector público. “Dado que somos un país en vías de desarrollo, no consideramos pertinente aún la imposición de sanciones (…) hasta que se haya entendido e interiorizado” la ley, subrayó Maino. El régimen sancionatorio contempla multas monetarias en caso de mal manejo de datos, no pedir consentimiento para el uso de los mismos, filtraciones de datos a terceros sin permiso, negativas frente a pedidos de los titulares de datos de ver y eliminar su información si así lo desean y ventas ilegales de bases de datos, entre otras infracciones. La información que busca proteger la LOPDP va desde datos financieros como historiales de transacciones e información crediticia hasta direcciones, números de teléfono e historiales médicos y datos genéticos, entre otros tipos de información. Maino señaló que se sigue socializando la ley, y que la aplicación de sus estipulaciones en empresas y organizaciones sigue en proceso. Se le dio dos años a compañías y organizaciones gubernamentales para que se adecúen a las especificaciones de la ley, que entró en el Registro Oficial en mayo de 2021. El régimen sancionatorio técnicamente entró en vigencia en mayo pasado, tras vencer los dos años de adaptación concedidos a entidades. Uno de estos cambios es la implementación en la estructura de las organizaciones de la figura del delegado de protección de datos personales, que sirve como un nexo entre los titulares de los datos, la organización que maneja los datos (una empresa, por ejemplo) y la Superintendencia de Datos Personales, cuerpo cuya conformación también manda la ley. Esta Superintendencia, que tiene la potestad de aplicar las sanciones por mal manejo de información, todavía no se ha conformado. Guillermo Lasso, presidente de la República, ha mandado dos ternas para el puesto de Superintendente de este ente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La última terna, enviada esta semana, incluye a la misma Maino. La primera parte del evento en el que la ministra dio las declaraciones, que tuvo lugar en el Hotel Sheraton en Guayaquil, consistió de una charla magistral dictada por Maino respecto a los detalles de la LOPDP y un panel de expertos en la materia. La ministra enfatizó que la ley no busca detener el crecimiento de la industria de los datos, sino que quiere “equilibrar tecnología y privacidad”. Aseguró que la creación de datos privados en la esfera digital ha incrementado en un 2187% en el país en los últimos 8 años. Cuando una persona se pasa de un seguro médico a otro, por ejemplo, la persona que maneje los datos médicos del paciente que se transfiere debe mandar solo lo necesario a la otra compañía. La ministra también dio algunas recomendaciones para evitar el acceso criminal a datos, como tener bloqueos en nuestros celulares, como diseñar una variedad de contraseñas. Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de Asobanca, también compartió que el sector bancario viene trabajando con expertos europeos en la elaboración del primer código de conducta del sector financiero del país. Añade que es el primero en Latinoamérica y que lo han estado elaborando por seis meses. Esperan terminarlo durante el próximo trimestre para luego difundirlo y discutirlo. Señala que este código “debe ir más allá de las leyes locales”.

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A pocos días de que se termine el contrato, Gobierno prorroga la concesión de telefonía móvil de Claro

Vistazo .- El Gobierno ecuatoriano prorrogó el contrato de concesión para servicios de telefonía móvil de la operadora mexicana Conecel, que maneja Claro, a cinco días de su culminación y con las negociaciones para su renovación temporalmente suspendidas desde mayo.   En una rueda de prensa realizada en el palacio presidencial de Quito, la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, explicó este martes que la prórroga fue suscrita con Claro el lunes mediante notario, y que el Ejecutivo está avanzando una extensión similar para la española Telefónica Movistar, cuya concesión vence en noviembre.   Maino detalló que la prórroga con Claro extenderá las condiciones del actual contrato otorgado en 2008 a la operadora mexicana mientras se retoman las negociaciones para la nueva concesión.   “No contempla elementos distintos a los que ya se tenían en el contrato previo. Las nuevas condiciones, inversiones, coberturas o tecnologías corresponden a la negociación del nuevo contrato”, apuntó la titular de la cartera de Telecomunicaciones.   Así, la prórroga se mantendrá vigente “hasta que se firme el nuevo contrato de renegociación, lo cual se estima que deba celebrarse en seis meses“, dijo Maino.   El periodo en el que se mantenga en vigor esta prórroga se descontará del tiempo de concesión del nuevo eventual contrato. Durante esta prórroga, Maino señaló que se ha calculado un pago que será prorrateado de manera mensual, con un valor de unos 3,3 millones de dólares a abonar por la empresa en los primeros días de cada mes.   En caso de que el nuevo contrato contemplase un pago por parte de Claro superior al de la actual concesión, se aplicará el recargo al momento de su suscripción, y de igual forma se le descontará a la empresa en caso de que fuese inferior, según detalló la ministra.   Maino destacó que la continuidad de la operación de Claro en el país garantiza el servicio a más de 9 millones de usuarios con los que cuenta la empresa mexicana en Ecuador, que suponen el 52 % de los 18 millones de clientes de telefonía móvil que existen a nivel nacional.   El Gobierno ecuatoriano suspendió en mayo pasado las negociaciones con Telefónica y Claro por 120 días o hasta que varias instituciones entreguen una serie de informes solicitados.   La suspensión se dio menos de una semana después de la “muerte cruzada” declarada por Lasso, con la que disolvió la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y forzó así una convocatoria de elecciones extraordinarias con la que recortó su mandato. Con miras a retomar las negociaciones con Claro y Telefónica Movistar para sus nuevas concesiones, Maino destacó que el Gobierno “ha avanzado muchísimo en lo pendiente”   “Primero había que prorrogar los contratos para tener una negociación tranquila y con la suficiente firmeza”, apuntó la ministra al indicar que están evaluando “cuestiones regulatorias como la posibilidad de incluir otras tecnologías como más espectro de 4G y 5G“.   De su lado, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, resaltó que la extensión del contrato de concesión de Claro permite proteger “la seguridad jurídica del contrato per se y de las garantías que se tienen que dar para que la compañía siga haciendo las inversiones y obligaciones que les corresponden para la mejora del servicio”.   “Existe también una continuidad de ingresos, porque a día de hoy se seguirá pagando una cantidad al Estado ecuatoriano. Es una negociación del Estado, y se garantizan para el Estado los ingresos correspondientes mientras dure esta prórroga“, concluyó.   Claro y Telefónica Movistar son los dos únicos operadores privados de telefonía móvil en Ecuador, cuya oferta se completa con la estatal Compañía Nacional de Telecomunicación (CNT).

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Los “Puntos del Encuentro”, iniciativa contribuyente en el cierre de la brecha digital

Los “Puntos del Encuentro”, iniciativa tecnológica y educativa del actual gobierno, ha atendido a 4,9 millones de personas. Así lo detalló la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, durante nuestro espacio “Punto de Orden”. El plan consiste en 900 sitios, en diversas zonas rurales y marginales de todo el país, donde se atiende a personas de toda condición social. Los usuarios, explicó la ministra, acceden gratuitamente a cursos de capacitación, cursos de inglés, clases de tecnología y otros servicios, todos debidamente certificados. Maino anotó que la mayor parte de los asistentes son mujeres, que gracias a las clases y a la asesoría, pueden iniciar emprendimientos que mejoren la calidad de vida de sus familias. Incluso, dijo, los funcionarios les enseñan a crear páginas web, a fin de tener mayor alcance en la oferta de sus productos. Por otra parte, Maino aseguró que para el año 2023, todo el Ecuador tendrá tecnología internet 4G, gracias a una fuerte inversión que realizará el Gobierno Nacional.

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