Primicias .- Dos vocales del Consejo de la Judicatura son procesados por presunto tráfico de influencias. Se los señala de presionar a jueces para favorecer a Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea. En una de las salas de audiencias de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el norte de Quito, la mañana del 22 de septiembre de 2023, estaba prevista la audiencia preparatoria de juicio del caso Vocales. Sin embargo, nuevamente la diligencia corre el riesgo de diferirse por pedidos de última hora, realizados por la vocal Maribel Barreno. En primer lugar, Barreno solicitó -a través de un escrito- que Macías se excuse de seguir participando en el caso. Sobre este pedido, el magistrado señaló que la única forma de apartarlo del proceso sería a través de una recusación, demanda que Barreno ya presentó previamente y que fue negada. Por esta razón, rechazó esta pretensión. Además, la funcionaria presentó otra solicitud de diferimiento señalando que sus abogados no podrían asistir, ya que la una tenía una cita médica dental y el otro una audiencia señalada para el mismo día a las 14:30. Pese a ya haber presentado esta justificación, Barreno volvió a ingresar un nuevo escrito en el que anunció un cambio de abogado. Por lo que pidió un diferimiento para que su abogado conozca el expediente y pueda ejercer su defensa. Ni ella ni su nuevo defensor asistieron ni se conectaron a la audiencia. La fiscal Diana Salazar calificó esta acción como un nuevo intento dilatorio, ya que este fue el cuarto intento de instalación de la diligencia. Por lo que pidió que la audiencia se instale y que, ante la ausencia de sus abogados, Barreno sea defendida por Paúl Guerrero, abogado de la Defensoría Pública. Esta postura fue apoyada por la Procuraduría General del Estado. Ante esta situación, Macías se retiró de la sala para deliberar y dijo que en pocos minutos dará a conocer su decisión. El caso y los diferimientos En este caso son procesados por presunto tráfico de influencias Juan José Morillo y Maribel Barreno, vocales del Consejo de la Judicatura (CJ). Así como Vladimir Jhayya, juez de la Corte Provincial de Pichincha. Se los señala por presuntamente presionar jueces para favorecer a Guadalupe Llori, en una acción de protección con la que pretendía volver a la Presidencia de la Asamblea Nacional. El caso está en manos del juez Walter Macías, quien ha sido separado dos veces de su cargo por la Judicatura, a través de una suspensión y una destitución. Sin embargo, ambas decisiones fueron revisadas por jueces que fallaron a su favor en acciones de protección. Este fue el cuarto intento de instalación de esta audiencia. La primera fue el 25 de agosto y se difirió por la suspensión de Macías. El caso recayó en Mercedes Caicedo, como jueza encargada. La magistrada la convocó para el 7 de septiembre, pero se difirió porque los abogados de Jhayya no estaban en la ciudad. La audiencia quedó para el 11 de septiembre, pero tampoco se instaló, ya que los abogados de barreno argumentaron que hubo documentos que se incluyeron a última hora en el expediente, por lo que se estaba vulnerando el derecho a la defensa. En esta audiencia, Macías debe decidir, con base en la acusación de la Fiscalía, si Morillo, Barreno y Jhayya van a juicio. Además, si la decisión es positiva, los investigados quedarán inhabilitados para ejercer cargo público.
