El presidente de Parlamento, Virgilio Saquicela, anunció que Guillermo Lasso pidió ser recibido por el pleno para entregar la iniciativa este 7 de diciembre.
Tres escenarios políticos maneja el gobierno de Guillermo Lasso respecto al trámite en la Asamblea Nacional de la reforma parcial a la Constitución sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.
El presidente de Parlamento, Virgilio Saquicela, anunció que Lasso pidió ser recibido por el pleno este 7 de diciembre para entregar la iniciativa y exponer sus alcances. Está previsto que acuda a las 10:00.
El pasado 30 de noviembre, la Corte Constitucional (CC) emitió su dictamen favorable sobre el pedido del régimen para reformar la Constitución para que los militares colaboren con los policías en la lucha contra la delincuencia sin necesidad de que el jefe de Estado decrete estados de excepción.
Carondelet planteó que esto se realice por la vía de la reforma parcial, que está contemplada en el artículo 442 de la carta magna; es decir, con dos debates en el Parlamento y luego un referéndum. La CC lo aceptó.
La pregunta que envió Lasso es la siguiente: “Actualmente, las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1?”.
En dicho anexo se plantea una modificación al artículo 158 de la carta magna agregando este texto: “Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada”.
El artículo 442 de la Constitución indica que una reforma parcial es un cambio que no supone “una restricción en los derechos y garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma de la Constitución”.
Y que puede darse “por iniciativa de la presidenta o presidente de la República, o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el uno por ciento de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el registro electoral, o mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional”.
La iniciativa debe ser aprobada por la Asamblea Nacional en al menos dos debates. El segundo se realizará al menos 90 días después del primero. Y se aprueba con mayoría calificada: 92 votos.
“Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes. Para la aprobación en referéndum se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en referéndum, y dentro de los siete días siguientes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación”, señala el texto constitucional.
Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia de la República, explica que no hay un plazo para que el Legislativo resuelva el tema: lo único que se menciona en la Constitución es que entre el primero y el segundo debate deben mediar al menos 90 días. “La Ley de Participación Ciudadana sí contempla el plazo de un año para que la Asamblea se pronuncie sobre un pedido de reforma parcial, pero cuando se trata de una iniciativa ciudadana”, refiere la funcionaria.
Y ante ello, el régimen ha considerado tres escenarios políticos para el trámite de su propuesta, dice Sichel. El primero, “el ideal, el mejor, es que los legisladores tomen conciencia de la importancia que tiene este cambio constitucional y lo inicien de inmediato”. El segundo, que este se dilate por los “intereses particulares de los legisladores”. Y el tercero, que nunca se trate, “y que sea uno más que los proyectos relacionados con la seguridad que represen”.
“Desde el Gobierno no podemos asumir esto con ingenuidad, tenemos mapeados los escenarios y sabemos la Asamblea que tenemos. Pero veamos qué pasa, porque los asambleístas también tienen que responderle a la ciudadanía por lo que hacen o no hacen”, expresa.
Isabel Enríquez, presidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales, explica que el tiempo que tarden en procesar el pedido de reforma parcial del Ejecutivo depende, primero, del Consejo de Administración Legislativa (CAL), y luego, del presidente de la Asamblea.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/LERXGYZQYVHB3NIOXITPLAHYMQ.jpg)
“Cuando llega una enmienda (o cambio) a la Asamblea, el CAL lo debe enviar a la comisión, no tiene plazo para ello. Aquí hacemos la planificación del tiempo que la vamos a debatir, hacemos un calendario de comparecencias, y luego aprobamos el informe de primer debate, no nos demoramos más de un mes y medio. Ya depende del presidente ponerla en el orden del día del pleno. Por ejemplo, el informe de primer debate de la enmienda referida al número de votos para la aprobación de leyes se la enviamos a la presidencia en marzo pasado y recién la pusieron en el orden del día hace poco. A veces hay que estar rogándoles a los del CAL para que traten los temas; el dictamen de la Corte Constitucional sobre la enmienda referida a poner al dólar como moneda oficial llegó, ya está en la presidencia hace más de un mes, lo único que tienen que hacer es avocar conocimiento y enviarla. Se les dice, vean, no sean malitos, envíenme, que tengo que trabajar”, señala.
Sobre la viabilidad de la reforma al rol de los militares, la legisladora de Pachakutik indica que su bloque no se ha reunido para analizar el tema. Pero advierte que sí sería importante que las Fuerzas Armadas colaboren estrechamente con la Policía Nacional en el combate a la delincuencia. “Creo que la ciudadanía le tiene más respeto a las Fuerzas Armadas en las calles”, opina.
En todo caso, Sichel menciona que el Ministerio de Gobierno ya alista una estrategia de acercamientos con los bloques legislativos en el caso de que se concrete, con suerte, el primer escenario.
Primero, los proyectos de ley de seguridad
La asesora de la Presidencia señala que, además del proyecto de reforma parcial, el régimen enviará en máximo un mes otros proyectos de leyes relacionados con el tema de seguridad que lo complementen, además que están otros más en trámite.
“El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, ha anunciado que se plantearán reformas al COIP, al Código de Seguridad. Todo es parte de las acciones del Ejecutivo para resolver el problema de inseguridad; hay decisiones del presidente que no dependen de la Asamblea, como el fortalecimiento de la fuerza pública con armamento, municiones, número de policías; las reformas legales y las constitucionales a través de la consulta. Todo se concatena, están activados todos los mecanismos que nos permite la ley”, explica.
Algo que confirma la legisladora oficialista Nathalie Arias, que agrega que lo primero que se quiere es que se se evacúen las reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop) en materia disciplinaria de la Policía Nacional que se enviarán próximamente, lo que se complementará con la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, que fue vetada parcialmente por el Ejecutivo y está en análisis de la Comisión de Seguridad Integral. “Con eso habrá un mejor marco para que ambas fuerzas puedan autodepurarse y evitar excesos cuando se dé la reforma constitucional”, expresa.
Arias espera que haya respaldo político para estos cambios legales y para la reforma constitucional. “En los temas de seguridad hay un poquito más de apertura”, refiere.
Ramiro Narváez (ID), presidente de la Comisión de Seguridad Integral, expone que, en efecto, en esta se están procesando de manera simultánea 26 leyes que se van a convertir en ocho cuerpos legales.
Estos son la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, que ya fue aprobada; la Ley de Desarrollo Fronterizo, que está para segundo debate; la Ley de Personal y Disciplina de FF. AA., que tiene el veto presidencial; la Ley de Gestión de Riesgos, que está para segundo debate; la Ley de Seguridad Privada, que pasó el primer debate; la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, de la que están preparando el informe de primer debate; la de Ciberseguridad, también en proceso para primer debate; el Código Orgánico de Seguridad Integral, también en proceso para primer debate.
Respecto al proyecto de reforma parcial, el legislador es crítico. Indica que la comisión respectiva debe propiciar un debate profundo, recibir aportes de expertos, revisar los instrumentos internacionales que Ecuador ha suscrito y ratificado, escuchar a las instituciones implicadas.
“Yo pienso que con las facultades que hoy tienen las Fuerzas Armadas pueden jugar un rol fundamental para disminuir la inseguridad que hay en el país; no olvidemos que pueden estar presentes en las zonas de seguridad, en el control de las fronteras que es por donde ingresan armas, municiones y drogas; en el control del espacio acuático, aéreo y terrestre del tráfico de armas, municiones y explosivos. Si esto es fortalecido, eso generaría un impacto importante. En lo personal, considero que el Ejecutivo lo único que está haciendo es buscarse la simpatía de la gente con una consulta como esta”, reflexiona.
Fuente: El Universo
