El pasado 24 de agosto el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso una sanción económica y la destitución del juez de Yaguachi Jhon Érik Rodríguez Mindiola por haber restituido los derechos políticos al exvicepresidente Jorge Glas; pero el juzgador apeló la sentencia y el miércoles 30 de agosto el TCE admitió a trámite el recurso. Mientras se resuelve el tema, Rodríguez Mindiola continúa en funciones.
La causa que está en proceso fue impulsada por el abogado Néstor Marroquín, quien acusó al juez de la Unidad Multicompetente de Yaguachi de una presunta infracción electoral muy grave, por interferir en la Función Electoral con la resolución que emitió el 9 de junio mediante la cual concedió medidas cautelares a favor del líder de correísmo, a pesar de que tiene varias sentencias por casos de corrupción.
Marroquín argumentó que Jhon Rodríguez pretendió interferir en el proceso electoral en curso, “a más de menoscabar los principios de transparencia, seguridad y certeza del proceso electoral en desarrollo”.
La denuncia se basa en el artículo 279, numeral 7 del Código de la Democracia. La norma indica que las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 21 hasta 70 salarios básicos, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años. La causal en referencia señala que se aplicarán las sanciones a la autoridad o funcionario extraño a la Función Electoral que interfiera en el funcionamiento de la Función Electoral.
En la sentencia del 24 de agosto, el TCE ordenó la destitución del juez del cantón Yaguachi, el pago de una multa de $ 31.500 (equivalentes a 70 salarios básicos) y la suspensión de sus derechos de participación por el lapso de cuatro años.
El juez electoral que atiende la causa es Joaquín Viteri, quien en su dictamen concluyó que Rodríguez Mindiola tuvo una clara intromisión en las competencias y atribuciones que son propias del Consejo Nacional Electoral.
“Ha obrado deliberadamente, con plena conciencia y voluntad, excediendo los límites de su competencia”, determinó Viteri.
Ante la admisión a trámite de la apelación, el denunciante explicó a este Diario que si los jueces electorales estiman conveniente convocarán a una audiencia de estrados, caso contrario resolverán sobre el mérito de los autos. La apelación la deben resolver en un término de quince días, dijo.
“Que sea admitida (la apelación) no quiere decir que se le ha otorgado la razón (a Rodríguez). Es parte del debido proceso y derecho a la defensa”, aclaró Néstor Marroquín.
En las medidas cautelares que el ahora juez imputado otorgó al exvicepresidente dispuso que Jorge Glas podía participar en las elecciones anticipadas 2023, “respetando sus derechos constitucionales de participación de elegir y ser elegido”. Y además ordenó que se levanten los impedimentos que tiene Glas para ejercer cargo en el sector público.
La actuación del juez de Yaguachi dio paso a que la Fiscalía inicie una investigación penal por el presunto delito de prevaricato. La audiencia de este caso se llevará a cabo el lunes 4 de septiembre, de manera telemática, a las 13:50. (I)
