La administración de la Asamblea Nacional dio 15 días de plazo a 85 de sus empleados, para que solucionen su situación legal, pues de lo contrario serían despedidos.
Una investigación del Ministerio del Trabajo estableció que los citados funcionarios, tienen impedimentos para ocupar sus funciones. En su mayoría son deudas en firme.
De acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Público, “no se registrarán los nombramientos expedidos o contratos celebrados a favor de las personas, que se encontraren en mora con el Gobierno Nacional, Gobiernos Autónomos Descentralizados, SRI, Banco Central e instituciones financieras abiertas o cerradas pertenecientes al Estado, entre otras”.
Se exceptúa a los empleados que, con anterioridad a su posesión, hubieran firmado un acuerdo de pago por sus deudas, estén al día en las mismas, y dicho refinanciamiento conste en su declaración patrimonial juramentada.
El reporte no estableció si, en la lista mencionada por el Ministerio, constan legisladores.
Lo que sí queda claro es que los trabajadores señalados por esta irregularidad, tienen 15 días para arreglar su situación o, de ser necesario, establecer un refinanciamiento de sus obligaciones financieras o fiscales.
