El Universo .- La ley que rige a la Contraloría dispone que su capacidad de control caduca en siete años contados desde que se ha realizado un acto.
Una vez que se produzca la designación de Mauricio Torres Maldonado como la nueva autoridad de la Contraloría General del Estado, él asumirá la atribución para auditar los recursos públicos gestionados por al menos los últimos cuatro presidentes de la República.
La Contraloría es considerada el máximo organismo de control de los recursos públicos y puede determinar responsabilidades civiles, administrativas y penales de encontrar anomalías en la actuación de los servidores.
Por ejemplo, en el 2022, la Dirección Nacional de Predeterminación de Responsabilidades, tras analizar 1.007 informes de auditoría gubernamental, emitió 9.975 predeterminaciones de responsabilidades, de las que 891 fueron glosas, 1.282 órdenes de reintegro, 7.759 sanciones administrativas y 43 por control vehicular.
Según su informe de rendición de cuentas, en el 2022 programó 1.081 acciones de control, entre auditorías de gestión, auditorías financieras y exámenes especiales a declaraciones patrimoniales juradas, declaraciones de paraísos fiscales, obras e infraestructura pública, aspectos contables, componentes de talento humano, procesos de contratación, ambientales, entre otras.
De ese número, se aprobaron 1.352 informes y otras 430 acciones de control se quedaron en una fase de ejecución y revisión para concluirlas en este 2023, bajo la administración de Carlos Riofrío González, contralor subrogante.
De los informes aprobados, el 83 % correspondió a informes generales y el 17 % a informes con indicios de responsabilidad penal que son enviados a la Fiscalía General del Estado para su investigación.
Actualmente, la institución cuenta con unos 2.500 funcionarios a nivel nacional y maneja un presupuesto que bordea los $ 90 millones.
Con este cambio de administración, su próxima autoridad, Mauricio Torres, ofreció trabajar en un modelo de gobierno abierto y que sus primeras acciones serán hacer una evaluación integral de la institución, recorrer las 23 delegaciones provinciales y conocer sus problemas.
