El Universo .- Una delegación habló del grave deterioro del periodismo. Representantes del Gobierno afirmaron que el Ejecutivo promueve y defiende la libertad de expresión.
La delegación estuvo conformada por Karol Noroña, periodista exiliada desde marzo de 2023; Ricardo Rivas, director del colectivo Nos Faltan Tres, y hermano de Paúl Rivas, fotógrafo de diario El Comercio, asesinado en 2018; Christian Zurita, excandidato presidencial y periodista de investigación; María Sol Borja, periodista independiente; María Amelia Espinosa, coordinadora del área de Protección para Periodistas de Fundamedios; y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.
En representación del Estado participaron el ministro de Gobierno, Henry Cucalón; Juan Carlos Larrea, procurador general del Estado; y más delegados.
Los periodistas iniciaron con las intervenciones. Ricaurte hizo un resumen de los ataques que sufrió la prensa entre 2007 y 2017, recordó que el Estado no ha cumplido con recomendaciones de la CIDH en materia de protección a los trabajadores de medios de comunicación.
Mencionó la situación de diario El Comercio, que en la actualidad atraviesa una severa crisis económica, “mientras los actuales dueños violan reiterada y sistemáticamente los derechos laborales de periodistas y trabajadores, a vista y paciencia del Estado ecuatoriano”, dijo.
Señaló que el crimen de los tres periodistas de El Comercio, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, marcó un trágico precedente para el trabajo de prensa en el país, que ahora se ha ve sometido a amenazas de muerte, atentados, exilio de periodistas.
Criticó la falta de acción del Estado a pesar de haber recibido constante información y recomendaciones de la CIDH, de la comunidad internacional y de la sociedad civil. “Su accionar ha sido de constante y sistemática negligencia, impavidez y falta de acciones”, expresó Ricaurte, quien reconoció que si bien se han impulsado dos reformas a la Ley de Comunicación, en la práctica “no se han tomado las acciones necesarias para garantizar, proteger y fortalecer el trabajo de la prensa y el ejercicio pleno del periodismo”.
Expuso que en el año 2022 Fundamedios registró 356 agresiones contra la prensa, el cual es el segundo número más alto del monitoreo histórico que hace la organización. La cifra abarca tres asesinatos a periodistas, atentados contra medios, explosión de artefactos en domicilios de comunicadores, ataques a periodistas durante el paro de junio de 2022.
En lo que va del año 2023, las agresiones suman 220, que incluye a 9 periodistas exiliados y desplazados, así como el asesinado del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Ricardo Rivas, por su parte, mencionó que la investigación del caso denominado Nos Faltan Tres sigue en la impunidad. Que han pasado cuatro fiscales y todavía continúa en etapa de indagación. Dijo que desde hace dos años “ya no hay impulsos fiscales”.
Señaló que en el año 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso, el Consejo de Seguridad del Estado (Cosepe) cambió la información del caso de reservada a secreta, con lo cual la información permanecerá guardada por diez años más.
Pese a constantes pedidos de desclasificación, todavía no existen respuestas. Reprochó que los presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso ofreciaron al menos en 10 ocasiones desclasificar los informes, pero no cumplieron.
Karol Noroña relató los detalles que la llevaron al exilio, luego de revelar casos relacionados con el crimen organizado, la vulneración de derechos humanos en las cárceles del país y los vínculos del Estado con las bandas criminales.
Contó que el 23 de marzo de 2023 supo que los miembros de una organización criminal, que sirve logísticamente a cárteles internacionales presentes en Ecuador, planeaban un atentado en su contra. Que tuvo acceso a conversaciones y audios de las amenazas en su contra, que incluían fotografías suyas, del lugar de su domicilio, del medio de comunicación en el que trabajaba.
“Y un plan de asesinato que escuché de las voces de los líderes narcocriminales, gracias a dos fuentes cercanas”, detalló Noroña. Dijo que al día siguiente abandonó Ecuador, sin fecha de regreso.
“Fui la primera de nueve periodistas que tuvo que tuvo que exiliarse este 2023 de Ecuador”, relató la periodista y reclamó que ninguno de los casos ha merecido un pronunciamiento del gobierno de Guillermo Lasso, ni hubo apoyo para resguardar sus vidas.
Christian Zurita compartió ante la CIDH que enfrenta tres juicios, incluyendo procesos en Estados Unidos, y “violencia desplegada por políticos y otras amenazas de uso de la justicia desde intereses corporativos y de crimen organizado”.
Comentó que usar a las cortes de otros países “debilita más el trabajo de los periodistas de investigación, que de por sí ya son pocos en Ecuador”.
Apuntó que cuando asumió la candidatura presidencial, en reemplazo de su amigo Fernando Villavicencio, también asumió el mismo nivel de riesgo y mencionó que los últimos comicios presidenciales fueron los más violentos, lo cual fue recopilado por organismos internacionales. Por ello, la CIDH le concedió medidas cautelares a él y a una parte de su equipo.
María Sol Borja, en cambio, enfocó su intervención en los mensajes violentos de índole sexual que ha diario recibe por su trabajo periodístico. Citó que entre enero de 2022 y marzo de 2023, hay al menos 90 agresiones a periodistas por su condición de género.
Reconoció que no ha denunciado formalmente las agresiones en su contra porque desconfía en las instituciones del Estado, que han dejado en la impunidad los casos de Karol Noroña y el asesinato de los periodistas de El Comercio. “La violencia empieza con discursos estigmatizantes hacia los periodistas, con una carga adicional hacia las mujeres, construye y normaliza la violencia sin que haya ninguna consecuencia”, mencionó.
De lado del Gobierno, el ministro Henry Cucalón afirmó que el Ejecutivo, en los dos años en el poder, “se ha caracterizado por ser un férreo promotor y defensor del derecho a la libertad de expresión en el país”, lo cual, dijo, se demuestra en la “aceptación y tolerancia” ante las críticas que ha recibido Carondelet.
Defendió la actuación de la administración de Guillermo Lasso, señalando que durante la gestión de presidente no se ha enjuiciado ni civil ni penalmente a ningún periodista por emitir sus opiniones o críticas. Que no hay persecución política. Resaltó que el mandatario impulsó la reforma la Ley de Comunicación.
El procurador del Estado, Juan Carlos Larrea, destacó que el Reglamento a la Ley de Comunicación creó plantea la protección a los profesionales del periodismo.
Cucalón, en un segundo momento, se solidarizó con los periodistas que expusieron sus casos. Y se comprometió con la seguridad de comunicadores. Larrea ofreció trabajar para que avance la investigación del asesinato de los periodista de El Comercio.
Tras escuchar a las partes, la vicepresidenta de la CIDH, Roberta Clarke, dijo que “hay una especie de brecha entre el punto de vista” de la sociedad civil y los representantes del Estado, ya que los primeros se enfocaron en detallar los ataques y agresiones al trabajo periodístico, mientras que los segundos se concentraron en los acontecimientos positivos.
En ese sentido, preguntó a los representantes del Estado “¿aceptan ustedes esta percepción de impunidad? y, si aceptan esta percepción, ¿qué acciones, qué medidas está pensando tomar o ha tomado el Estado respecto de las investigaciones que deben realizarse cuando hay ataque a los periodistas?”.
Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, preguntó al Estado por qué el caso Nos Faltan Tres “pasa de mano en mano”.
La presidenta de la Comisión, Margarette May Mallucay, quien comentó que “Ecuador no es el único país que sufre del pecado de la impunidad”, sino que todos los estados de la región padecen de esto; por ello, hay que erradicar la impunidad.
“La libertad de expresión son los pilares sobre los cuales yace toda democracia. Entonces le concierne a todas las personas, especialmente a aquellos que tienen altos cargos en el gobierno para asegurar que todos sus ciudadanos les escuchen decir, de manera enfática, que el gobierno usará todos sus poderes para investigar, encontrar y castigar a la persona o personas que han hecho daño o matado a cualquier periodista. En vez de usar palabras de odio en contra de los periodistas”, expresó.
