Fausto Jarrín fue elegido para el período 2021-2025 como asambleísta por Pichincha, por la Unión por la Esperanza (UNES). Renunció tras 14 meses en el cargo.
“Renuncio a mi cargo de asambleísta y doy un paso al frente para asumir nuevamente al cien por ciento mi labor como defensor de mis compañeros perseguidos con la esperanza y misión de que nuestro pueblo tenga, nuevamente, la oportunidad de vivir días mejores”.
Esa fue la parte final de un comunicado hecho público la noche del miércoles último con el que el asambleísta por Pichincha de la bancada de la Unión por la Esperanza (UNES) Fausto Jarrín oficializaba que deja el cargo en la Asamblea Nacional, el cual ocupó por casi catorce meses, para “volver a defender a sus compañeros presos y perseguidos”.
A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Rafael Correa revelaba que le han pedido a Fausto Jarrín que se dedique a tiempo completo a la defensa nacional e internacional de todos los perseguidos. “Con (Guillermo) Lasso el lawfare continúa y se incrementa”. “Fausto se dedicará exclusivamente a luchar contra el lawfare. No es solo por justicia, libertad y reputación de todos. También es porque, cuando se caigan esas infamias, recuperaremos la Patria. Recuerden que sacaron sentencia por ‘influjo psíquico’ para impedir mi regreso”, fueron los mensajes escritos por Correa, quien mantiene una pena en firme por el delito de cohecho pasivo agravado dentro del caso Sobornos 2012-2016 y un llamado a juicio en suspenso por el secuestro de Fernando Balda en Colombia, en 2012.
Los casos relacionados con Rafael Correa serían principalmente, aunque no los únicos, los que retomaría Fausto Jarrín. La candidatura del abogado penalista se conoció meses después de que quedó en firme e ingresó en proceso de ejecución la sentencia de ocho años de cárcel y el pago de $ 778.224 como reparación integral al Estado para el ex primer mandatario, acusado de ser autor mediato por instigación junto con su exvicepresidente Jorge Glas.
Dentro del caso Sobornos, Jarrín siempre ha tenido claro el panorama jurídico. Fue uno de los primeros abogados en esta causa en decir que internamente les queda y usarán el recurso extraordinario de revisión ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Él dijo que ese recurso estaba “trabajado y elaborado en su totalidad”, pero —explicaba— se consideraba la posibilidad de conseguir algunos elementos que podrían considerarse también pruebas nuevas para, en el momento más oportuno, presentar el recurso de revisión.
El recurso de revisión, según el artículo 658 del Código Orgánico Integral Penal, podrá ser propuesto en cualquier tiempo ante la CNJ, después de ejecutoriada la sentencia. Una de las tres causas por las que se podría presentar este recurso señala que se lo puede hacer cuando “la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o errados”.
Se aclara en la norma que la revisión solo podrá declararse en virtud de nuevas pruebas que demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada.
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El abogado explicó en su momento que poseen una prueba nueva, la cual ya intentaron ingresar, también como prueba nueva, durante la audiencia de juzgamiento del caso Sobornos, y el tribunal les negó la posibilidad. Esa prueba sería la pericia del computador donde, según la defensa de Correa, estaría la información original de los denominados Archivos Verdes.
Pero los casos en Ecuador que envuelven al expresidente Correa también tienen un componente internacional. Existen denuncias planteadas y en procesamiento ante la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con la persecución política y la politización de la justicia que habrían vivido líderes e integrantes del correísmo.
Desde el correísmo se ha indicado que ha existido una alta presión política para conseguir sentencias contra líderes del proyecto, como Rafael Correa y Jorge Glas. Sobre este último existen dos sentencias en firme de seis y ocho años de cárcel por los delitos de asociación ilícita en el caso Odebrecht y por cohecho en el caso Sobornos, respectivamente.
Además, el hombre fuerte de los sectores estratégicos del correísmo mantiene una condena de primera instancia por el delito de peculado en el caso Singue. Actualmente él se encuentra internado en la denominada Cárcel 4, en Quito.
Glas está a la espera de que se realice una audiencia en la que apelará la negativa al habeas corpus que resolvió la jueza constitucional de Pichincha Soledad Manosalvas. Mientras que, dentro del proceso de extradición contra Rafael Correa en el caso Sobornos, la presidencia de la Corte Nacional entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores, el 27 de mayo pasado, el expediente que contiene el informe del perito traductor, para que este sea remitido oficialmente a las autoridades del Reino de Bélgica, país en el que vive el líder del correísmo desde mediados del 2017.
En la lista de los que llaman “perseguidos políticos” estarían, entre otros, el ex secretario jurídico Alexis Mera, detenido en el Centro de Privación de la Libertad de Ambato; los exministros prófugos Vinicio Alvarado y María de los Ángeles Duarte y la exasambleísta Viviana Bonilla, todos sentenciados como coautores del cohecho del caso Sobornos. El exlíder de la Secretaría de Comunicación (Secom) Fernando Alvarado está procesado por el delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, debido a que se retiró el grillete electrónico ordenado en una causa por peculado.
El exsecretario de Inteligencia (Senain) Pablo Romero, quien llegó extraditado desde España a inicios de 2020, se suma al registro de procesados por la justicia ecuatoriana. Romero está a la espera de la audiencia de apelación a la sentencia de nueve años de cárcel que recibió por el plagio de Balda.
Desde agosto de 2019, el exministro de Relaciones Exteriores y de Defensa del periodo correísta, Ricardo Patiño, tiene en suspenso un llamado a juicio por un delito de instigación dado en octubre de 2018, en Latacunga, durante un encuentro de seguidores de la Revolución Ciudadana. Hasta donde se conoce, Patiño se encontraría en México.
En ese país está en condición de refugiado humanitario el exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa, quien mantiene desde marzo de 2019 un llamado a juicio en suspenso por el delito de falsificación ideológica. Se lo acusa de haber cometido la falsificación en una parte de la Ley de Comunicación con la que se sancionó a ocho medios radiales entre 2015 y 2016.
Jarrín en su comunicado resalta que, desde hace cinco años, su principal responsabilidad en lo político y lo jurídico ha sido defender desde su profesión a las “víctimas del odio y la persecución”. El ahora exlegislador, además de ser parte de los abogados de Rafael Correa, en su momento ha integrado las defensas técnicas de Glas, de Romero y de Christian González, integrante de la Revolución Ciudadana que fue acusado del delito de rebelión junto con la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y el exasambleísta Virgilio Hernández.
Pabón en su cuenta personal de Twitter agradeció la decisión tomada por Jarrín, asegurando que lo hecho es dar un paso fundamental para continuar la lucha contra la judicialización de la política.
Fuente El Universo
