Yilport, la empresa concesionaria de Puerto Bolívar, provincia de El Oro, exige que la justicia revoque las medidas cautelares, dictada en un conflicto que mantiene con la Asociación de Agricultores Bananeros del Litoral (ASOAGRIBAL), producto de su incumplimiento de pagos en los servicios portuarios.
El conflicto comenzó en el 2021, cuando ASOAGRIBAL incumplió los pagos correspondientes a sus embarques en Puerto Bolívar. El gremio para impedir la acción de cobro, planteó una Acción de Medida Cautelar Autónoma ante un juez, quien ordenó que la concesionaria suspenda de manera general el bloqueo de ingreso al puerto. Esto ha provocado problemas de seguridad, más aún cuando las instalaciones portuarias tienen un nivel de seguridad especial, en el estado de conflicto armado interno no internacional decretado por el gobierno.
Yilport, a través de diversas instancias legales, ha solicitado a la justicia que revoque las medidas, pero sin éxito. Su más reciente pedido fue presentado en octubre del 2023. El trámite ha sido pospuesto una y otra vez con toda clase de excusas.
Yilport genera 1.300 plazas de trabajo en la provincia de El Oro, con una inversión de 330 millones de dólares en la infraestructura de Puerto Bolívar.
