La empresa Lafattoria SA, que se encargaba de suministrar los alimentos a los reclusos de todo el país, clama por un arreglo con el gobierno nacional.
La compañía afirma que le deben 30 millones de dólares, y que las autoridades la han bloqueado del Servicio de Contratación Pública (Sercop), sin explicación alguna, desde hace 3 semanas.
En un comunicado, el presidente Daniel Noboa justificó la suspensión del contrato con Lafattoria, porque supuestamente está vinculada al crimen organizado. Según varias denuncias, se aprovecharía de su presencia en las cárceles, para facilitar el ingreso de artículos prohibidos.
Consultado por “Punto de Orden”, el presidente de Lafattoria, Richard Villagrán, anunció que están dispuestos a someterse a toda clase de revisiones, pues su trabajo es transparente y efectivo.
Villagrán recordó que llevan 28 años en el mercado, y que entre sus clientes hay grandes compañías privadas nacionales y multinacionales, así como entidades del Estado. La institución, que empezó con 2 trabajadores, tiene ahora 1.200, y genera muchos otros negocios conexos, producto de sus proveedores.
Además, dijo, la compañía se encargaba de brindar desayuno escolar a 1,6 millones de niños, de 5.600 escuelas de todo el país.
Villagrán teme que el círculo cercano al presidente Noboa, lo haya desinformado respecto a su trabajo. Y que pese a los 9 comunicados enviados, a fin de que investiguen sus procedimientos, no han recibido hasta ahora una respuesta.
Como prueba de buena voluntad, la empresa dejó sus equipos en las prisiones, hasta que se resuelva la situación.
Villagrán exhortó al gobierno a que les cubran los valores adeudados –los 30 millones de dólares- para poder atender los pagos pendientes con los proveedores, que representan 15.000 puestos de trabajo.
