La comisión ocasional de la Asamblea, que investiga el asesinato del ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto del 2023, ha avanzado muy poco en torno al tema.
Según sus integrantes, pese a la importancia del caso, los involucrados se niega a asistir a las sesiones en que son convocados.
De acuerdo a la ley, la comisión debe remitir su informe el 12 de junio.
Entre quienes sí fueron destacan Ana Hidalgo, fiscal de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra el Lavado de Activos.
La presidenta de la mesa, Viviana Zambrano, advirtió no saber el motivo de tantas excusas. Es como si trataran de ocultar algo, dijo.
Por tanto, en el informe final quedará constancia de quiénes no colaboraron en las investigaciones.
Por su parte, la familia de Villavicencio coincide en el poco éxito de la comisión, y más aún porque no tendrá validez jurídica.
Además, estima que su labor debió dirigirse a investigar la persecución política que sufrió el entonces aspirante presidencial, y que llevó a su asesinato.
Dentro de este caso fueron llamados César Gonzaga, conductor y amigo personal de Villavicencio; Antonio López, gerente de campaña; el periodista de Plan V, Juan Carlos Calderón; y Santiago Martínez, director nacional de Seguridad y Protección de la Policía. Sin embargo, ninguno de ellos acudió.
Tampoco lo hizo el expresidente Guillermo Lasso ni el comandante general de la Policía, César Zapata.
Lo mismo sucedió con Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral; y Diana Salazar, fiscal general.
