La Asamblea Nacional mantiene abierta una fiscalización sobre los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes y prefectos del país con información cruzada de entidades como el Servicio de Renta Internas (SRI), Contraloría, Fiscalía y superintendencias.
El proceso, que comenzó por una resolución aprobada por el Pleno el 23 de junio de 2026, está a cargo de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio y comprende la revisión de información correspondiente a 224 alcaldes y 23 prefectos.
La investigación surgió después de que una alianza periodística revelara que 79 autoridades locales registraron aumentos importantes en sus declaraciones patrimoniales durante la actual gestión.
El análisis, elaborado con base en registros públicos de la Contraloría General del Estado, identificó variaciones en bienes, terrenos, vehículos, inversiones y otros activos.
Uno de los casos señalados fue el del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, cuyo patrimonio declarado pasó de aproximadamente USD 1,44 millones en 2023 a USD 4,31 millones en 2024.
La resolución que dio paso a la fiscalización fue aprobada con 85 votos a favor y estableció inicialmente un plazo máximo de 90 días para que la Comisión entregue al Pleno un informe con conclusiones, observaciones y recomendaciones.
Comparecencias e información reservada
Durante los últimos meses, la Comisión ha recibido información de organismos públicos, autoridades locales, especialistas y periodistas.
Entre las primeras entidades contempladas estuvieron la Contraloría, SRI, UAFE, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos y registros de la propiedad.
El origen de la investigación
La investigación periodística que detonó el proceso revisó las declaraciones patrimoniales de autoridades locales y encontró que aproximadamente un tercio de alcaldes y prefectos registraba variaciones relevantes.
La Asamblea decidió entonces solicitar información a varias instituciones para determinar si esos aumentos cuentan con una explicación respaldada por ingresos declarados, empresas, inversiones u otras actividades económicas legales.
Por Radio Centro (fuente El Telégrafo)
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