Dos querellas, una solicitud de investigación fiscal y tres quejas enfrenta el legislador Villavicencio, todas presentadas por legisladores de UNES.
El bloque correísta, este 10 de noviembre, espera conseguir los 92 votos para autorizar el inicio de un juicio penal privado en contra del asambleísta Fernando Villavicencio (CN-PSE), planteado por su colega Ronny Aleaga (UNES), por una contravención de cuarta clase al vulnerar el derecho a la honra.
Pero ese no es el único caso que la bancada correísta ha presentado en contra de Villavicencio. A nivel judicial existen dos querellas y una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, y a nivel político hay tres quejas planteadas ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Pedido de jueza
La jueza nacional (e) ponente Mercedes Caicedo Aldaz pidió a la Asamblea Nacional autorización previa para proceder con el enjuiciamiento contravencional n.º 17721-2022-00036 al asambleísta Villavicencio, por haber difundido información falsa en contra de Ronny Aleaga que afectaba su honra.
La solicitud de la jueza consta en el tercer punto del orden del día de la sesión del pleno 811, convocada para este 10 de noviembre a las 13:30.
La contravención la habría cometido el legislador Villavicencio en la Asamblea Nacional y ante la prensa. “Ronny Aleaga es parte de un cartel de narcotraficantes, y que estoy vinculado al crimen organizado, pues me vinculó con Leandro Norero y Xavier Jordán; y hasta el momento no hay una denuncia penal en mi contra por los presuntos delitos que señala. Me dice ‘narcotraficante’, y tengo los certificados de Fiscalía de que no tengo ninguna investigación previa o denuncia legalmente reconocida. Eso es una calumnia y una injuria”, apuntó el aludido.
La única supuesta prueba que tiene Villavicencio, añadió Aleaga, es una foto privada en una piscina en Miami, que ya explicó oportunamente.
Una contravención de cuarta clase, según el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), es sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días por proferir expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra.
Otras acciones judiciales
La acción judicial presentada como contravención de cuarta clase, según el asambleísta Aleaga, es la antesala a la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado en contra de Villavicencio, donde se abrió una investigación previa e hizo reconocimiento de firma.
La denuncia penal ante la Fiscalía es por los delitos de odio, violación a la intimidad y calumnia supuestamente cometidos por Villavicencio, según lo contemplan los artículos 177, 178 y 182 del COIP. En este proceso, Aleaga ya reconoció su firma y rindió su versión.
En lo judicial, la legisladora Marcela Holguín planteó una querella en contra de Villavicencio el 9 de septiembre pasado, y recayó en la jueza Irene Pérez. También es por una contravención de cuarta clase.
Villavicencio, según la denuncia, habría acusado a Holguín de operar un troll center junto con decenas de asesores y cuentas falsas.
Quejas administrativas
Los asambleístas Ronny Aleaga, Patricia Núñez y Pamela Aguirre presentaron ante el CAL tres acciones administrativas en contra de Villavicencio por cometer faltas administrativas graves, esto es, expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del pleno de la Asamblea Nacional, el CAL y en las comisiones legislativas.
De la queja presentada por Aleaga venció el plazo para su juzgamiento y resolución administrativa; no hubo los votos, porque los asambleístas Esteban Torres (PSC) y Darwin Pereira (PK) no estuvieron presentes en la sesión.
La segunda queja la presentó la legisladora Patricia Núñez (UNES) en contra de Villavicencio. Toma como prueba la publicación de una respuesta a un tuit suyo del 14 de septiembre: “Me insulta (en el tuit) de la siguiente manera: ‘Por hacerte la fiscalizadora con información falsa quedaste como el puerco y ahora tienes que enfrentar a la justicia’”.
Para este caso, Aleaga, delegado de UNES ante el CAL, planteó que en la sesión de este jueves se resuelva y suspenda por 31 días a Fernando Villavicencio.
La tercera queja fue planteada por la asambleísta Pamela Aguirre, quien sostiene que el 1 de septiembre de 2022, en la sesión plenaria 797, el asambleísta Fernando Villavicencio gritó, dirigiéndose a los integrantes de la bancada UNES, los términos ofensivos “mafiosas y mafiosos”. “(Discriminando) nuestra condición de representantes populares por el simple hecho de pertenecer a la bancada UNES, expresiones que tenían la voluntad de ofender e incitar al odio. Todo esto además irrespetando el uso de la palabra de otro legislador, pues su gritos fueron durante la intervención del asambleísta Ronald González”, aseveró.
Fuente: El Universo
