El País .- Diecisiete naciones en desarrollo piden abrir un diálogo sobre una norma que consideran “punitiva y discriminatoria”.
La ley europea contra la deforestación que entró en vigor hace poco más de dos meses y veta a los países de la UE importar productos de áreas deforestadas tiene profundamente preocupados a varios países en desarrollo que se consideran directamente perjudicados. Brasil, Indonesia y otros 15 países han escrito una carta conjunta a las máximas autoridades de las instituciones comunitarias en las que reclaman al bloque que reconsidere la norma, que critican por su “carácter punitivo y discriminatorio”, según el texto, difundido este lunes por el Ministerio de Exteriores brasileño. Varios de los firmantes ya hicieron público su descontento hace un año. Acusan a la UE de haberse mostrado “inflexible” hasta ahora y reclaman la apertura de un diálogo para resolver el contencioso mientras reafirman su compromiso con “las metas ambientales multilaterales”.
La norma de la UE, que entró en vigor el pasado 29 de junio, es considerada por sus autores como un gran paso adelante para que el consumo en los Veintisiete no contribuya a la deforestación o degradación de la Amazonia y otros valiosos bosques tropicales. La ley antideforestación veta la entrada en su territorio de siete productos (aceite de palma, cacao, café, caucho, ganado, madera y soja) y sus derivados si proceden de áreas ilegalmente deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Esa es a fecha de corte. Y serán las propias empresas que quieran comercializarlos las que deban demostrar que sus productos son limpios.
Junto a Brasil, suscriben también la misiva diez países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana), además de Indonesia (que alberga uno de los mayores bosques tropicales del mundo después de Amazonia), Costa de Marfil, Ghana, Malasia, Nigeria y Tailandia. Los 17 Gobiernos firmantes advierten de que “los pequeños productores pueden terminar excluidos de las cadenas de valor internacionales, no porque hayan deforestado sus tierras, sino por su incapacidad para cumplir con los estrictos requisitos impuestos” por la normativa europea.
Los países firmantes solicitan en su misiva a los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del Consejo Europeo, Charles Michel, y del Europarlamento, Roberta Metsola, que las partes aprovechen el proceso de elaboración de las directrices de implantación de la ley para “corregir la legislación o, al menos, tratar de mitigar sus impactos más dañinos”.
Reclaman los 17 Gobiernos a la UE un voto de confianza. Es decir, unas directrices que “valoren adecuadamente las prácticas locales sostenibles en las cadenas de valor agrícolas, tanto las ya implantadas como las que están en desarrollo”. Lo consideran imprescindible para evitar turbulencias en las relaciones comerciales además de la carga burocrática extra y de costes que supondrá a todos los implicados, incluidos productores y consumidores.
Estos exportadores de aceite de palma, cacao, café, caucho, ganado, madera y soja y de derivados como carne de vacuno, productos de cuero, papel, muebles, cosméticos o chocolate consideran que “esta legislación ignora las circunstancias y capacidades locales, la legislación nacional y los mecanismos de certificación de los países productores en desarrollo, así como sus esfuerzos para combatir la deforestación y los compromisos asumidos en foros multilaterales”.
Los 17 países contrarios a la ley europea antideforestación tal y como está formulada instan a Bruselas a implicarse en un diálogo con sustancia antes de que la legislación empiece a aplicarse dentro de 18 meses. Ese es el plazo que Bruselas se ha dado para evaluar a los países exportadores, o a regiones dentro de ellos, como de bajo riesgo o de alto riesgo. En este último caso, las importaciones serán sometidas a controles más rigurosos.
Desde que regresó al poder, la cuestión medioambiental se ha convertido, de manera inesperada, en un asunto que enfrenta al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con Bruselas. El izquierdista considera prácticamente una afronta tanto esta norma europea como las exigencias medioambientales añadidas al acuerdo comercial Mercosur-UE después de que ambos bloques pactaran en 2019 el texto tras dos décadas de negociación. El veterano Lula considera que esas exigencias pudieron tener sentido cuando Jair Bolsonaro estaba en la Presidencia y daba alas a los deforestadores de la Amazonia, pero que dejaron de tenerlo en el momento en que él asumió el poder con el compromiso de priorizar la política medioambiental y en vista de que la deforestación está cayendo en la Amazonia brasileña.
Lula da muestras de estar perdiendo la paciencia con el bloqueo del acuerdo comercial Mercosur-UE. Este lunes ha propuesto que los jefes de Gobierno de los países implicados se reúnan en los próximos meses para “dar un sí o un no y dejar de debatir porque nadie aguanta más”.
Los países que se consideran perjudicados por la ley de la UE contra la deforestación recalcan que, a su juicio, la norma “por sí sola no tendrá un impacto positivo en las tasas de deforestación” y corre el peligro de tener efectos indeseados como el aumento de la pobreza o una demora en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Brasil, una potencia media con una arraigada tradición diplomática de llevarse bien con todos, aspira a erigirse en líder de los países del sur global, sobre todo en un asunto como el medioambiente en el que tiene un protagonismo especial por la Amazonia. El 60% del mayor bosque tropical del mundo (siete millones de kilómetros cuadrados), que ejerce una función crucial para regular la temperatura del planeta y aminorar el cambio climático, se extiende por su territorio. El resto se distribuye entre otros ocho países.
