El denominado “Caso Purga” cayó en un nuevo bache.
La causa, que comenzó en marzo pasado, investiga los alcances de una red de corrupción, integrada por jueces, fiscales, funcionarios, políticos y policías.
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Esta organización se dedicaba a gestionar nombramientos de ciertas autoridades, y sentencias a favor de cabecillas criminales, incluyendo el fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Dentro de la causa hay por ahora 25 procesados. Eran más, pero el resto fue sobreseído o realizó acuerdos con la Fiscalía, para obtener sentencias más leves a cambio de confesar sus culpas y delatar a sus cómplices.
De esos 25, 2 recibieron dictamen fiscal abstentivo.
Recusación
Una de las principales implicadas, la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, planteó una recusación contra el Javier de la Cadena, el juez de la Corte Nacional que lleva la causa.
El trámite retrasa aún más el proceso, y apuntaría a que Gallardo y demás detenidos cumplan el año en prisión sin sentencia, lo cual les permitiría obtener su libertad.
De acuerdo a la ley, los detenidos que rebasen un año sin ser sentenciados, tienen derecho a pedir su excarcelación.
La recusación impidió tratar los pedidos de revisión y sustitución de la orden de prisión preventiva, solicitados por 3 de los acusados. Solo cuando se resuelva ese punto, sea ratificando al magistrado o designando otro, el juicio podrá avanzar.
El “Caso Purga” arrancó el 4 de marzo pasado, con un operativo simultáneo en Guayas y Pichincha, donde varias personas fueron detenidas, por estar involucrados con una estructura delictiva, conformada para favorecer a líderes del narcotráfico.
El proceso está detenido desde el 4 de julio pasado, debido a permanentes diferimientos.
