La justicia ecuatoriana vivió un 2025 marcado por inestabilidad institucional y creciente injerencia política en organismos clave.
El año estuvo ceñido desde su inicio por denuncias de fraude electoral, la controversia en torno a las llamadas “tintas mágicas”, paros indígenas con repercusión nacional y múltiples casos de corrupción que golpearon a las instituciones principales del Estado.
Desde los primeros meses, el escenario político se desenvolvió bajo un clima de confrontación política y una trepidante desconfianza hacia los procesos institucionales, en medio de la polarización social.
En el 2025 también vivió el país, una serie de escándalos de corrupción que evidenciaron la presunta cooperación entre el crimen organizado y sectores de la justicia.
Caso Reconstrucción de Manabí, las penas del exvicepresidente Jorge Glas
En 2025, al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas lo marcaron dos hechos penales relevantes: En junio de 2025, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador lo condenó a 13 años de prisión por el delito de peculado en el caso “Reconstrucción de Manabí” (uso indebido de fondos públicos tras el terremoto de 2016). Es una pena adicional a las que ya cumplía por casos anteriores de corrupción.
Un traslado carcelario impactante: En noviembre de 2025, Glas fue trasladado como parte de un grupo de internos de alto riesgo a la nueva cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena —un cambio de prisión que marcó fuertemente su situación en 2025 aunque no es una pena como tal, sí afecta su régimen de reclusión.
Caso Progen
El caso Progen es un tema que se arrastra desde 2024, y que, por lo visto, se extiende hasta el 2026. Progen es una empresa estadounidense a la que el gobierno de Daniel Noboa pagó 149,1 millones de dólares en agosto de 2024 por dos contratos para la compra de motores capaces de generar, entre ambos, 150 megavatios de energía.
A inicios de julio de 2025, el árbitro de emergencia rechazó el pedido de medidas cautelares de Progen en el contrato de Quevedo y Salitral. Es decir, el árbitro no le dio la razón a Progen en su pedido urgente y no aceptó suspender ni cambiar la situación actual del contrato mientras se resuelve el conflicto.
La Contraloría determinó que habría un perjuicio para el Estado de 100 millones de dólares por los pagos hechos a la empresa estadounidense.
El caso sigue, pues el 16 de diciembre de 2025, el presidente Daniel Noboa anunció que Ecuador presentó una demanda en Estados Unidos contra la empresa Progen, ante la Corte del estado de Florida.
Caso Metástasis
Fue uno de los casos más relevantes de 2025. Metástasis destapó una red dedicada a manipular procesos judiciales y sus vínculos con el narcotráfico.
El 14 de diciembre de 2023, la Fiscalía ejecutó un megaoperativo denominado “Metástasis”, con la participación de cerca de 900 agentes y alrededor de 75 allanamientos en varias provincias del país, como parte de una investigación sobre corrupción y vínculos con narcotráfico.
La investigación se originó tras el asesinato de Leandro Norero Tigua, supuesto líder de una organización delictiva, y permitió recolectar evidencia (como chats y dispositivos) que implican a servidores judiciales y otros funcionarios.
Casos Plaga y Purga
Se sumaron los casos Plaga y Purga, que involucraron a operadores políticos y judiciales, reforzando la percepción de una crisis estructural en las instituciones encargadas de impartir justicia. El caso Plaga se trata de una investigación penal por delincuencia organizada en la que jueces, secretarios judiciales, policías, abogados y otros funcionarios serían parte de una red que otorgaba acciones constitucionales de forma ilegítima (como habeas corpus y protecciones) para liberar a personas privadas de libertad, incluso con sentencias firmes.
Purga tiene contexto similar, ya que es un proceso penal por delincuencia organizada que busca demostrar los vínculos entre política, justicia y narcotráfico, especialmente en la provincia del Guayas. La Fiscalía acusa a altos funcionarios judiciales, exasambleístas y otros por manipular fallos y decisiones judiciales en beneficio de intereses ilícitos.
Relación entre Plaga y Purga
Ambos casos se desprenden de las mismas investigaciones generales sobre corrupción judicial que se iniciaron con el caso Metástasis. Comparten la denuncia de redes de corrupción dentro del sistema de justicia, que habrían favorecido a criminales y buscado impunidad mediante fallos y decisiones ilegítimas. Y en ambos hay relación del año de origen (2024) y se emitieron las sentencias en el año 2025. Excepto el caso Plaga, ya que no está completamente cerrado, pero ya se emitieron sentencias importantes en 2025 y se han resuelto varias causas individuales dentro del caso.
Paro nacional y tensión social
Antes de la consulta, Ecuador vivió semanas de alta tensión social. Entre octubre y noviembre de 2025, varias carreteras fueron bloqueadas durante las manifestaciones convocadas por la CONAIE, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
El Gobierno justificó la decisión, adoptada el 12 de septiembre de 2025, por el alto costo fiscal y aseguró que los recursos serían redireccionados a programas de protección social y estímulos a la producción nacional.
Sin embargo, la CONAIE convocó a un paro nacional el 18 de septiembre de 2025, y las protestas derivaron en cierres viales, daños a la infraestructura y enfrentamientos, con denuncias de represión, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza policial y militar.
Estos eventos reflejaron una profunda polarización política y social. La violencia, las acusaciones cruzadas y la desconfianza institucional dominaron el escenario político, dejando un 2025 marcado por la inestabilidad y los giros inesperados en el poder.
La consulta popular que reveló a una población deliberante
Uno de los momentos clave del año fue la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, realizada el 16 de noviembre de 2025. El proceso incluyó 4 preguntas de responder si/no:
• Permitir bases militares extranjeras en el país,
• Eliminar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas,
• Reducir el número de asambleístas y
• Convocar una nueva Asamblea Constituyente.
El No se impuso a nivel nacional. El resultado fue interpretado como un golpe político al liderazgo del Ejecutivo y como una señal de descontento ciudadano con la gestión de gobierno, casi pareció un no personalizado.
Tras la derrota, el presidente se pronunció en su cuenta de X, donde afirmó: “Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano”.
El fiasco HealthBird-CNT
Más allá de la mitad de año surgió este caso, que generó una nueva controversia. La empresa estadounidense HealthBird abandonó el país a inicios de diciembre de 2025, tras una fuerte presión mediática y el escrutinio público, sin llegar a concretar su proyecto.
HealthBird estuvo involucrada en un plan para implementar una plataforma digital para el sistema de salud del IESS y del Ministerio de Salud, en sociedad con CNT, que figuraba como contratista, pero el proyecto fracasó debido a falta de transparencia, poca ejecución, dudas sobre su experiencia, y finalmente se fue del país, tras fuertes cuestionamientos sobre el manejo de datos y el contrato confidencial con CNT, afectando la credibilidad del gobierno de Daniel Noboa y dejando un proyecto digital fallido.
Caso ATM
La Fiscalía destapó en 2025 una presunta red de corrupción dentro de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil que operaba para alterar procesos judiciales, evitar traslados a la cárcel y favorecer a detenidos, a cambio de dinero, según las investigaciones presentadas ante un juez en octubre de 2025.
Hay seis procesados (funcionarios, exfuncionarios y un abogado) con prisión preventiva, acusados de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho. La investigación sigue abierta, y no se han anunciado sentencias de culpabilidad o absolución.
Dado que el proceso está en la fase penal de investigación y todavía no ha llegado a juicio completo con sentencia, es muy probable que la investigación continúe en 2026 y que eventualmente se llegue a audiencias de juzgamiento en los tribunales
Caso Triple A
El caso Triple A investiga una presunta comercialización ilegal de combustibles mediante empresas que habrían desviado diésel subsidiado para otros fines. La investigación la lleva la Fiscalía y abarca a personas naturales y jurídicas.
A inicios de 2025, la Fiscalía pidió la vinculación de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, al proceso. Un juez lo vinculó formalmente como investigado, al considerar que existen indicios que lo relacionan con las empresas involucradas. Desde ese momento pasa de no estar procesado a ser parte del caso penal, con medidas cautelares. Al terminar el año, el caso entra en etapa de juzgamiento, sin sentencia aún, es decir es un caso pendiente para 2026.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)
Tan largo su nombre como la serie de cuestionamientos por su falta de transparencia, funcionamiento y dilaciones. Analistas y comentaristas han cuestionado que el CPCCS a menudo no actúa con transparencia ni rectitud que exige la Constitución, y que se ha convertido en un organismo al vaivén de partidos políticos.
Al cierre de 2025, el CPCCS no ha elegido al nuevo Fiscal General y el proceso sigue en etapas previas. El organismo finaliza el 2025 con la conformación de la etapa técnica del concurso casi lista, pero con la comisión ciudadana aún sin sortear y el concurso pendiente, lo que implica que la fiscalía seguirá con autoridades subrogantes y que la designación final quedará para 2026.
El caso León de Troya: una excomandante de policía, caída en desgracia
El denominado caso León de Troya continuará bajo la lupa en 2026. Esta investigación, iniciada en 2021, indaga las presuntas conexiones de Rubén Cherres con el albanés Dritan Gjika, señalado por su posible participación en una red de narcotráfico internacional. El expediente también incluye los vínculos de Cherres con Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, lo que generó un fuerte impacto político y mediático en el país.
La relevancia del caso se intensificó recientemente, luego de la detención de la excomandante de la Policía, Tannya Varela, por su presunta participación en la filtración de información reservada dentro de expedientes sensibles, lo que reavivó las dudas sobre la transparencia institucional.
El caso León de Troya se perfila como uno de los procesos judiciales más vigilados en 2026, tanto por sus implicaciones en la lucha contra el narcotráfico como por las repercusiones políticas que involucran a figuras cercanas al poder.
Caso Sinohydro: Lenín Moreno, un presidente procesado, con todo y familia
El caso Sinohydro gira en torno a presuntos sobornos por 76 millones de dólares vinculados a la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Según la Fiscalía, la empresa china habría entregado pagos ilegales equivalentes al 4% del valor de la obra, canalizados mediante consultorías ficticias y transferencias irregulares.
Entre los acusados figuran el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González, su hija, hermanos y más allegados, además de empresarios como Conto Patiño y exfuncionarios relacionados con la adjudicación del proyecto.
En diciembre de 2025, el conjuez Olavo Hernández de la Corte Nacional de Justicia llamó a juicio a 21 de los 24 procesados, incluido el expresidente Lenín Moreno como autor directo de cohecho. Tres fueron sobreseídos, aunque la Fiscalía anunció que apelará esa decisión. Con ello, el proceso entró en la fase de juzgamiento.
Para 2026 se prevé que la Fiscalía impulse su apelación. En una segunda instancia, otro tribunal de la Corte Nacional decidirá si mantiene o revoca el fallo inicial.
El caso Magnicidio FV: una investigación que continúa
A diferencia de otros procesos que quedaron archivados o bajo reserva, el magnicidio de Fernando Villavicencio continúa avanzando, pese a postergaciones y suspensiones judiciales.
Cada nuevo indicio revela los hilos y tentáculos de la corrupción, un entramado donde confluyen poder político, instituciones estatales y crimen organizado, bajo una sola investigación que busca dar con los autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial, ocurrido el 9 de agosto de 2023.
La Fiscalía ha señalado como presuntos autores intelectuales al exministro del Interior José Serrano, al exasambleísta Ronny Aleaga, y a los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, quienes enfrentan procesos por su presunta participación en la planificación del crimen.
Además, se intenta vincular a cabecillas del grupo narcodelictivo Los Lobos, entre ellos Wilmer Chavarría (alias Pipo), Ángel Aguilar (alias Lobo Menor) y Luis Arboleda (alias Gordo Luis), cuya audiencia de vinculación fue suspendida en diciembre de 2025.
Un caso en que se hizo justicia y otro, una bomba en el ámbito judicial:
Caso Las Malvinas, la luz al final del túnel
La tragedia que partió en 2 a tres familias afrodescendientes del sector de Las Malvinas, un 8 de diciembre de 2024, cuando cuatro menores de edad desaparecieron tras ser detenidos por una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), este 2025, vio la luz de la justicia en favor de las familias destruidas.
Los militares responsables de la desaparición forzada y tortura recibieron sentencia, el lunes 22 de diciembre de 2025.
11 militares fueron condenados a 34 años y 8 meses de prisión cada uno por desaparición forzada de los cuatro menores. Otros 5 uniformados que colaboraron con la Fiscalía (cooperadores eficaces) recibieron 30 meses de prisión. Y 1 militar fue declarado inocente por haber entregado las pruebas que determinaron el delito.
El dictamen es considerado una sentencia histórica en Ecuador, pues se trata de uno de los primeros casos con condenas tan altas por desaparición forzada de menores en el país, marcando un precedente en materia de justicia por violaciones graves de derechos humanos.
El caso Bomba: Mario Godoy, ¿Abogánster?
«Abogado» y «gánster», unidos forman el término que describe al abogado corrupto que opera dentro y fuera del sistema legal. Muchos piensan que, puestas las evidencias sobre la mesa, Mario Godoy, podría dar rostro al concepto. Asegura que se va a defender y que acudirá a la asamblea nacional, con un ventilador en la mano.
Mario Godoy, todavía, presidente del Consejo de la Judicatura, está bajo investigación por presuntas presiones y acciones indebidas dentro del sistema judicial, especialmente relacionadas con denuncias de presiones a jueces anticorrupción, como el juez Carlos Serrano, quien renunció, revelando presiones para fallar a favor de un narcotraficante serbio.
Asimismo, Mario Godoy y su entorno, están bajo investigación y escrutinio político por sospechas de tráfico de influencias e interferencia judicial.
El proceso judicial contra Mario Godoy se proyecta como uno de los más relevantes de 2026, y que podría sentar un precedente sin parangón en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción política en Ecuador.
El desenlace será clave para recuperar la confianza ciudadana en la gestión pública y judicial.
2026 inicia con expedientes abiertos y fiscalización pendiente
El nuevo año comienza con una pesada herencia de procesos aún sin resolver, que mantienen en duda la capacidad del Estado para cerrar ciclos de impunidad. Investigaciones sobre presuntos sobornos en contratos de infraestructura pública, el esclarecimiento del crimen del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y la infiltración de mafias extranjeras en instituciones estatales y policiales siguen abiertas.
Estos y otros procesos en curso marcarán la agenda política y judicial del país en un año clave para definir si Ecuador enfrenta la corrupción o repite el mismo patrón de encubrimiento o inacción.
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