Catorce personas fueron aprehendidas en siete operativos contra la extorsión y el secuestro extorsivo ejecutados en nueve ciudades de Ecuador. Según la Policía Nacional, las intervenciones permitieron liberar a una víctima y evitar el pago de USD 63.200.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre los resultados de las operaciones denominadas Libertad y Cero Impunidad. En los procedimientos participaron agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased) y de la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (Unase).
En el sector de Portete, en Guayaquil, los uniformados aprehendieron a dos personas por presuntamente exigir USD 3.000 a un comerciante. Según la denuncia, los sospechosos amenazaban con atentar contra su vida y la de sus familiares.
En La Maná, tres personas fueron aprehendidas por un caso en el que una agricultora habría recibido exigencias de USD 3.000. Mientras tanto, en Ponceano, al norte de Quito, otras tres personas fueron detenidas por presuntamente exigir USD 18.300 a un ciudadano bajo amenazas contra sus familiares.
En Simón Bolívar, la Policía liberó sana y salva a una víctima de secuestro extorsivo. De acuerdo con la institución, los responsables exigían USD 15.000 para dejarla en libertad.
Otro procedimiento tuvo lugar en el sector de Data de Posorja, donde los agentes aprehendieron a un sospechoso por un caso en el que exigían USD 20.000 mediante amenazas contra los familiares de la víctima.
Además, en Guayaquil y Manta, tres personas fueron aprehendidas por presuntamente exigir USD 3.000 y recibir pagos mediante cuentas bancarias.
En Ibarra, los agentes detuvieron a otras dos personas por su presunta participación en el secuestro extorsivo de un conductor de una plataforma de transporte. Según el reporte policial, la víctima habría sufrido agresiones, fue maniatada y obligada a realizar transferencias bancarias. También le quitaron su vehículo.
La Policía informó que los 14 aprehendidos quedaron a órdenes de las autoridades judiciales para el desarrollo del debido proceso. Las investigaciones deberán determinar las responsabilidades individuales en cada caso.
