El vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Esteban Guarderas, insiste en sus denuncias: el correísmo intentó chantajearlo.
En diálogo con “Punto de Orden”, explicó que la presión apuntó a miembros de su equipo legal.
Con su equipo legal
Guarderas detalló que hace pocos días, sus abogados acudieron a la Asamblea Nacional, a fin de informarse sobre el juicio político planteado en la Comisión de Fiscalización, por supuesto “incumplimiento de funciones”, tráfico de influencias y hasta falsificación de firmas.
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Durante esta gestión, agregó, gente vinculada al correísmo se acercó a los juristas, y le envió un mensaje: se libraría de la censura y destitución en el Parlamento, si desistía de su demanda contra la vicepresidenta de la República, Verónica Abad.
El objetivo de este “trato”, en su opinión, es que Abad asuma el poder cuando el presidente Noboa pida licencia, con motivo de la campaña electoral. Y una vez en el poder, conceda indulto al exvicepresidente Jorge Glas, actualmente recluido en “La Roca”, la cárcel de máxima seguridad del país, por actos de corrupción.
Obviamente no aceptó ni aceptará la propuesta, dijo.
TCE trata de forma lenta caso de “Liga Azul”
Por otra parte, lamentó la lentitud con que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), tramita el caso de los integrantes de la llamada “Liga Azul”.
Se refiere a los vocales correístas del CPCCS, que llegaron a sus cargos con el apoyo de su partido, pese a que la ley expresamente prohíbe todo vínculo político en este organismo.
El TCE los destituyó. Sin embargo, los señalados apelaron, y ese proceso es muy largo, y de paso avanza con gran lentitud.
Guarderas recordó que, durante la demanda contra el entonces alcalde de Quito, Jorge Yunda, las apelaciones ante el TCE retrasaron la destitución cerca de un año.
CPCCS debe desaparecer
Asimismo, Guarderas se mostró a favor de que el CPCCS desaparezca, debido a su pésimo diseño y mala gestión.
Como argumento mencionó que el único país que tiene una institución similar es Venezuela, justamente el menos democrático de toda América Latina.
Finalmente, opinó que difícilmente se podrá reemplazar a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a que su periodo ya venció.
Hay 2 motivos: el pronunciamiento de la Procuradoría General, que los exhorta a prorrogarse hasta ser legalmente reemplazados, y a la existencia de un proceso electoral, que les impide abandonar sus puestos hasta proclamar los resultados.
