La Contraloría General del Estado (CGE) predeterminó responsabilidades civiles culposas, por 974.568 dólares, durante la construcción de la Central Hidroeléctrica Toachi-Pilatón.
El informe señala a 3 funcionarios y un contratista, que prestaron servicios entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 en la Empresa Pública Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC).
Las presuntas responsabilidades tienen que ver con el contrato suscrito por CELEC, con la compañía rusa Tyazhmash SA, para terminar las obras de dicha central.
El equipo de auditoría detalló que el personal técnico empleado por la contratista, no cumplió los requisitos mínimos establecidos en los pliegos. Los trabajadores no tenían título de tercer nivel en ingeniería, y no presentaron certificados que avalen su experiencia laboral.
Sin embargo, el administrador del contrato no impuso multas, que debían ascender a 433.000 dólares, en contra de Tyazhmash SA.
Otra glosa, por el mismo valor, corresponde a las multas que no se impusieron, ante la ausencia de los Sistemas de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, de acuerdo a las normas ISO. El contratista debió implementar estos controles para prevenir riesgos a la seguridad y salud de sus trabajadores, y al medio ambiente.
Como resultado de ese examen especial, la Contraloría también predeterminó una glosa por 108.568 dólares en contra de la contratista, los funcionarios que administraron los contratos y el jefe del Departamento de Obras Civiles, que actuó durante el periodo auditado.
El monto de la responsabilidad civil corresponde a los pagos por trabajos extraordinarios. Este rubro se incluyó en tres planillas, sin solicitar la aprobación del administrador del contrato, y sin especificar
la cantidad de horas y la categoría del personal empleado. Además, los costos de la mano de obra fueron superiores a los fijados por el Ministerio de Trabajo, originando pagos injustificados por el valor de la glosa.
Debido proceso
A partir de la notificación, los posibles responsables cuentan con 60 días para presentar pruebas de descargo y ejercer su derecho a la defensa.
Luego del análisis de estos argumentos, la CGE puede confirmar total o parcialmente las responsabilidades o no confirmarlas, según lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
