La Corte Constitucional (CC) dejó sin efecto la acción de protección, que la Sala de lo Penal de la Corte de Pichincha había concedido al expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán.
En octubre del año pasado, cuando todavía estaba en funciones, Terán planteó dicha acción para conseguir que el gobierno de entonces, presidido por Guillermo Lasso, le entregara al CJ 256 millones de dólares, que supuestamente correspondían a las asignaciones a la función judicial.
Su reclamo recayó primero en un juez de la Unidad Judicial de Quito, y después, a raíz de la apelación, en la citada Sala de lo Penal. En ambos casos, fue acogido de forma parcial, lo cual obligaba a transferir los fondos señalados.
Sin embargo, la Corte Constitucional emitió un dictamen que dejó sin efecto el recurso, por considerarlo improcedente.
Asimismo, advirtió que el fallo de los jueces se considera “error inexcusable”, lo cual traería procesos disciplinarios, e incluso la destitución.
Para la CC, hubo “manifiesta improcedencia de la acción por afectar el derecho a la seguridad jurídica”, y señaló como responsables a los magistrados José Jiménez, Mónica Bravo y Miguel Ángel Narváez, de la Sala Penal de la Corte de Pichincha.
