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El autoritarismo de Nayib Bukele contagia la política latinoamericana

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Por: Radio Centro 101.3 FM

Ultima actualización: 2023-08-20 12:13:10

El País .- El modelo del presidente de El Salvador ha logrado contener a las pandillas a costa de un profundo deterioro de las libertades y las garantías democráticas. La fascinación que despierta en algunos sectores abre una nueva confrontación política en la región

Miedo y alivio. Mencionar a Nayib Bukele en El Salvador significa evocar un modelo de seguridad que ha acorralado a las maras, las principales organizaciones criminales del país centroamericano, y al mismo tiempo el terror que la guerra sin cuartel contra las pandillas ha despertado en parte de la sociedad. El éxito del llamado régimen de excepción se construye sobre las cenizas de derechos y libertades. Muchos lo justifican y lo aplauden, a tenor de la popularidad del presidente. El coste es un retroceso de las garantías y del Estado de derecho.

 

A salvadoreños como don Cabaña, sin embargo, parece no importarles. “Vaya a saber a cuántas familias mataron, a cuántas jóvenes violaron, ¿y ahora que están en la cárcel están pidiendo perdón, llorando?”. A este hombre de 60 años se le amarga el humor cuando se acuerda de cómo era antes vivir en Las Margaritas, su hogar, y lo a gusto que estaba viendo el partido en la cancha del barrio. “Aquí, desde temprano, no se podía salir de la casa. Aquí, donde estamos platicando, se juntaban y no se iban”. ¿Quiénes? “Los de las letras”, dice en un susurro. La MS, pues. La Mara Salvatrucha 13. Los jóvenes de esta colonia de San Salvador juegan a fútbol aprovechando los últimos momentos de luz de la tarde. Cuando oscurece, se encienden unas farolas y ahora son ellos los que no se van. Se quedan ahí mismo y se ponen a platicar, se ríen entre ellos.

 

Tras 25 años viviendo en este lugar, don Cabaña —el nombre es ficticio, por seguridad— nunca había visto una escena como la que tiene enfrente. Viste una playera con el nombre del popular presidente salvadoreño, Nayib Bukele. “Mi esposa y yo las mandamos a hacer”, cuenta. Habla con orgullo. “Lo que está haciendo el señor presidente está muy bien. El hombre tiene mucha mente y mucha fuerza para encaminar al país”, dice. Caída la noche, por las calles de la colonia aflora la vida. Si a un recién llegado le dijeran que en este país no existieron las maras, lo creería.

En El Salvador, un país con menos de 6,5 millones de habitantes, el Gobierno ha detenido a 71.000 personas a las que acusa de haber cometido delitos como integrantes de la MS-13 o del grupo antagónico, Barrio 18. Las “manchas” (pintadas) de las pandillas han desaparecido de las calles. Los militares han instalado puntos de revisión en las carreteras con tanquetas, y la Policía Nacional recorre las calles exhibiendo armas. Las escenas de personas capturadas en las comisarías son frecuentes, lo mismo que las de familias haciendo guardia afuera de los centros de detención en busca de sus parientes.

 

La otra cara de la moneda de la llamada guerra contra las maras es un palpable deterioro de las garantías democráticas, según las denuncias de Naciones Unidas, así como de diversos organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch. La celebración de juicios masivos, la construcción de megacárceles, el hacinamiento, los abusos policiales y la exhibición de los detenidos a través de videos de propaganda gubernamental han hecho saltar las alarmas de buena parte de la comunidad internacional, pero también han incubado una suerte de efecto contagio en algunos países de Latinoamérica. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, impulsó en junio una ofensiva similar contra las pandillas. Ecuador, asfixiado por el crimen organizado, decretó el estado de excepción la semana pasada tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en plena campaña. Y en Colombia o Chile el modelo de Bukele impregna el debate político.

 

El régimen de excepción

Ese es el sistema que ha modificado radicalmente la geografía cultural del país centroamericano a lo largo de los últimos 17 meses, tiempo en que el presidente ha impuesto el régimen de excepción como política contra las maras. Antes, por aquí no se podía caminar; antes, no se podía estar en la calle a esta hora; antes, no se podía entrar a la colonia de enfrente… Los salvadoreños hablan en pasado, como de una época remota. “Ahora, ya podemos descansar un poco de eso, ya se puede dormir en las noches”, afirma la señora Tere, de 67 años, mientras atiende su negocio de prendas en Cimas de San Bartolo, sede del cuartel general de “los del número” —la mara Barrio 18—. Los comerciantes de esta colonia eran extorsionados; el monto a pagar dependía del tamaño o la prosperidad del negocio. A algunos habitantes la pandilla les arrebató sus casas para ponerlas en renta, y a otros les cobraban una cuota por la tenencia de sus vehículos. En uno de los pasajes de esta colonia la pandilla había erigido un homenaje a su soberbia, una pared que rezaba: “Bienvenidos al corazón de Barrio 18″. La pintada ya ha sido cubierta con un grafiti alusivo a la Navidad.

Los vehículos de combate del Ejército permanecen estacionados sobre la entrada del municipio de Sensuntepeque, El Salvador.
Los vehículos de combate del Ejército permanecen estacionados sobre la entrada del municipio de Sensuntepeque, El Salvador.VÍCTOR PEÑA

El estado de excepción se impuso luego de que se rompiera la tregua secreta entre el Gobierno de Bukele y las pandillas, en marzo de 2022. La política de mano dura ha desplomado la tasa de homicidios de 103 a 2 por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales, y ha convertido al que hace unos años fuera el país más letal de América en uno de los más pacíficos, de acuerdo con las estadísticas. Este es el argumento por el que algunos políticos de la región se han visto tentados por el modelo de Bukele, y el mandatario, que usa las redes sociales para su campaña permanente y para burlarse de las críticas, quiere ser visto como ejemplo a seguir.

 

Esta semana, por ejemplo, tras la victoria de Javier Milei en las primarias de Argentina, los asesores del presidente salvadoreño comenzaron a divulgar la idea de que el triunfo del aspirante ultra había sido un éxito del bukelismo. Consultado hace semanas por EL PAÍS, Milei afirmó que un colaborador suyo, el diputado Nahuel Sotelo, viajó a San Salvador para estudiar el fenómeno. “Lo estamos estudiando porque fue sumamente exitoso”, respondió.

 

Bukele, de 42 años, ha hecho de la seguridad y de la política que varios analistas califican de “populismo punitivo” el resorte de su intento de reelección en 2024. Una maniobra ampliamente cuestionada, pues la repetición en el cargo en períodos consecutivos está prohibida por la Constitución. En parte de la población, que según la firma CID Gallup le otorga una aprobación del 90%, se ha instalado la convicción de que solo Bukele puede garantizar que los pandilleros se queden en la cárcel. “Si él no se reelige, ¿cómo va a estar el país después? Van a sacar a todos los pandilleros y va a ser peor la matanza, no queremos volver a los tiempos de antes”, afirma Guille, que tiene un puesto en el mercado de la plaza La Libertad, en el centro de San Salvador. Hace seis años, cuenta, su hija atendía el negocio y quedó atrapada en el fuego cruzado entre policías y las maras. Una bala le atravesó el cráneo y le reventó un ojo. La hija vive, “a Dios gracias”, reza ella. Guille vende ahora jerséis y gorras con la figura del presidente y una leyenda que dice: “Vamos por la reelección”.

 

El miedo cambia de rostro

Las personas entrevistadas no quieren que se conozca su identidad. La sensación de seguridad de los salvadoreños es porosa, frágil. Se filtra el recelo. Y el miedo también ha cambiado de rostro. Cuentan que en las cárceles no están todos los pandilleros, y muchos de los que están allí con la acusación de serlo no tenían relación alguna con los grupos criminales. Asociaciones de la sociedad civil señalan que el Gobierno ha usado el régimen de excepción como excusa para capturar a personas inocentes y para aplastar cualquier disidencia. Durante este periodo, han sido detenidos 21 líderes sindicales y cinco activistas opositores a proyectos mineros. “El régimen de excepción se ha vuelto una carta libre para violar derechos”, afirma Abraham Abrego, abogado de la organización Cristosal.

 

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